El día en que se celebró en México la promulgación de Constitución de 1917, se dio a conocer el paquete de reforma que propone el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a diversos rubros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, misma que presentó en la ceremonia alusiva en Querétaro, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, que enfatizó que la iniciativa de reformas conllevan un nuevo pacto social y elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más vulnerable devolviéndole el sentido al artículo 39, con relación a que todo poder público dimana del pueblo
El paquete es amplio y se compone, de acuerdo a lo publicado, de 20 apartados cada uno referido a los temas relevantes que pretende adicionar, no a un nuevo pacto social, sino ampliar el enfoque del previsto en el artículo 39 de la Constitución que señala que el pueblo es el titular originario de donde dimana el ejercicio del poder como descripción formal de la fuente en que el estado Mexicano hace descansar los actos de gobierno por los representantes que temporalmente mandata mediante el sufragio para ejercerlo en los Legislativo, ejecutivo.
La Cámara de Diputados publica en la Gaceta de la misma que se distribuirá, la iniciativa, en cuatro ejes temáticos: democracia, libertad, justicia y bienestar, para poder analizarlas en un ejercicio de diálogo nacional, anunciando que se propondrá s celebren cinco foros nacionales, con la participación de universidades, académicos, especialistas, organizaciones civiles y quienes estén interesados en las materias y se propondrá a la Cámara de Senadores para posibilitar un trabajo conjunto, como parte del proceso constitucional relativo a las reformas constitucionales.
La gaceta publica los veinte rubros que comprende la iniciativa sobresalen los que se relacionan con el derecho a la alimentación, medio ambiente y al agua hoy en plena escases; protección y cuidado animal; Guardia Nacional; protección a la salud por uso de sustancias tóxicas; en material penal en cuanto a delitos en los cuales el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva; Pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos; Bienestar; salarios, salud con atención médica universal gratuita; materia electoral; industrias estratégicas; reforma al poder judicial; sistema de vivienda para los trabajadores; reforma al artículo 123 Constitucional.
Son 20 apartados en los que trascendería la iniciativa de ser aprobada por el Constituyente Permanente que se apoya, según la Secretaria de Gobernación, en un nuevo pacto social referido al pueblo como titular formal de poder originario, sin embargo, su contenido refleja una modificación del existente en lo que toca a aspectos sociales que, desde 1917, han caracterizado la estructura constitucional mexicana, como una de las pioneras en incluir los derechos sociales en sus artículos 27 y 123 por el Constituyente originario en paralelo a las garantías individuales actualmente derechos humanos, los cuales amplia en materia del derecho a la salud con servicios médicos universales gratuitos; en el apartado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y en materia laboral.
En lo electoral se propone un nuevo modelo de acceso de partidos políticos y candidatos a radio y televisión, mediante los tiempos oficiales del Estado reducir el número de legisladores, la de Diputados quedaría conformada por 300 curules, sin eliminando plurinominales y el Senado se reduciría a 64; la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en lugar del actual Instituto Nacional Electoral como única autoridad administrativa electoral del país, absorbiendo las funciones de los órganos públicos locales; reducción a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos y regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de estos.
Otra relevante es la del Poder Judicial pues busca modificar su estructura al disponer que las y los ministros, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito, y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial sean elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía en elecciones ordinarias; el cambio de consejo de la judicatura por un ente administrativo disciplinario, la elección de los ministros y magistrados y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
En lo que toca a la Guardia Nacional la redacción del articulado es ambiguo en cuanto mantiene el carácter civil y la participación extraordinaria de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, lo cual en mi opinión produce un ámbito de incertidumbre jurídica para el gobernado ante una distribución de la competencia entre policía civil y control de las fuerza armadas, Secretaría de la Defensa lo que desde luego se puede profundizar en sus consecuencias con el estudio de la redacción de la iniciativa y de su impacto en las leyes secundarias, lo que exige un mayor espacio de publicación.
Como quiera que se interprete el sentido y alcance de la iniciativa, me perece que es relevante que se socialice el articulado de cada una de ellas con el objetivo de que la población pueda formarse un juicio razonable de lo que entiende en cada caso, con independencia de los foros que se anuncia se llevaran a cabo, para escuchar en forma plural las opiniones de los que participen.
