-Una expectativa sin respuesta
La creciente inseguridad parece tornarse irresoluble al menos en este año 2020 ante una atmósfera en que se reproducen y multiplican los actos de agresión grave a la integridad física y patrimonial de las personas sean o no miembros de las facciones organizadas, bajo el supuesto de la lucha por las plazas en disputa por el control del narcomenudeo, el cobro de piso, las extorsiones, el secuestro de poblaciones que no encuentran un respaldo en las fuerzas de seguridad y tienen que abandonar sus bienes y domicilio.
Este entorno evidencia una grave descomposición del aparato público frente a una desconcertada población civil que ya no sabe si los homicidios atribuidos a la lucha del crimen por las plazas responde efectivamente a esa causa o es secuela de alguna acción semioficial de profilaxis no ajustada a la ley, pues la sucesión de ejecuciones no tiene una respuesta oficial convincente que despeje la duda sobre la posibilidad de que se trate de una limpieza quirúrgica a cargo de guardias blancas o el reacomodo de la operación de los carteles con la nueva administración.
Como precedente y dato importante conocemos que está procesado, en Estados Unidos, Genero García Luna personaje relevante de administraciones federales pasadas. Sabemos que se le imputan actos sobre trasiego de droga a la Unión Americana, la recepción de sobornos de famosos narcotraficantes que hace en su contra un testigo y un excomandante de la Policía Federal, así como falsedad en declaraciones o datos proporcionados, este protagonista es parte de la evolución del tema de seguridad en México.
Durante un largo periodo de tiempo se ha difundido, en diversos medios, que las autoridades han convivido con los carteles preponderantes, a partir de 1970 en que, hasta donde recuerdo, se hicieron presentes capos famosos y algunos personajes de los grupos políticos preponderantes, que incluía a algunos servidores públicos federales y locales, a la Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal, la de Caminos y a segmentos del ejercito como operadores, que mantuvieron el equilibrio de intercambio de servicios por un tiempo.
Los excesos que produjo esta convivencia pactada, de manera expresa o tácita, vicio la relación, al convertirse en una fuente de abundantes ingresos para el lado oficial y la modernización de la estructura funcional y operativa de las organizaciones delincuenciales que empezaron a incursionar e invertir en negocios lícitos, como hoteles, agencias de automóviles, instituciones de crédito que auspiciaron la convivencia social de algunos empresarios surgidos de esta reestructuración que ajustaba el manejo de recursos para que fluyera en ambas direcciones.
Las diferencias se ajustaban entre los pactantes, las fuerzas de seguridad actuaban en contra de los delincuentes que rompían el equilibrio sujetándolos a la ley; los comandantes de alguna de las policías que operaban que no se acomodaban a esta estrategia eran suprimidos. La abundancia de recursos tuvo una consecuencia negativa para los operadores públicos que empezaron a conflictuarse por el control de la zonas preponderantes como ocurrió entre el ejercito y las policías Federales: en Oaxaca en un juzgado federal se dio una confrontación de esa naturaleza entre dos mandos de esas corporaciones porqué uno detuvo a un delincuente que trabajaba para el ejercito y este en respuesta detuvo otro que lo hacía para la policía federal, salieron a relucir las armas y la intervención enérgica del Juez Federal evito un suceso mayor.
Los abusos y la ostentación de los protagonistas de este periodo de oro de la convivencia publica y delincuencial hizo crisis y provocó la ruptura de esta organización federalizada al surgir el asunto de los derechos humanos y los organismos de su protección que se enfocaron en las fuerzas de seguridad con efectos al interior de los grupos criminales, produciendo al mismo tiempo una división regional preponderante en Sinaloa, Ciudad Juárez, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y el caso del rancho Búfalo y otros más pequeños.
Hoy se confrontan dos estrategias de gobierno. La de la guerra contra el crimen a partir del ex presidente Calderón y la de la amor y paz del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera convulsiono la situación prevaleciente con las consecuencias anunciadas por el presidente de el sacrificio de un número indeterminado de sacrificados con culpa o sin ella que altero hondamente a la sociedad civil del país y específicamente la Michoacana que todavía reciente ese estado de guerra y muerte.
Las estadísticas muestran que el fenómeno de la inseguridad como enfermedad social, ha mutado, y se recrudece con acciones múltiples de agresión que rebasan los ámbitos de lo oficial y la delincuencia, trascendiendo a los civiles que inermes ven como se agrede a este segmento como los repugnantes actos ocurridos a la familia Le Barón, los femicidios, las ejecuciones múltiples, secuestro de poblaciones, sin que la respuesta oficial de amor y paz de los tres ámbitos de gobierno, sea proporcionada con una visión actual del escenario prevaleciente.
El Plan nacional de seguridad pública parece carecer de una orientación profesional sustentada en la inteligencia desplegada por diversas áreas oficiales y los grupos de coordinación que, supongo regulan los mandos de la Guardia Nacional en las regiones y los estados, con las fuerzas de estos últimos que, hasta hoy, no dan muestras de efectividad, al menos de lo que espera la sociedad civil, que ve cada día más reducido el campo de su libertades fundamentales cuya protección y tutela corresponde al Estado Mexicano en sus tres niveles.
Es triste ver las notas televisivas que dan a conocer como miembros de una comunidad inerme ante la delincuencia se ve obligada a conformar su propia defensa, aun con menores, medida que lejos de ser criticada como lo hace el sector oficial y de la Nacional de derechos humanos, debe ser inhibida, no con palabras sino con las fuerzas de seguridad, y que como dice una canción, los poblares hoy ocupan su lugar.
Lo cierto es que la estrategia de seguridad publica en cualquiera de sus versiones no ha tenido resultados efectivos y requiere de una renovada visión sustentada en la integridad poblacional y territorial de la República.
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