Fue puntual y sin ambages el señalamiento del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, respecto a las irregularidades detectadas en primera instancia en la administración saliente de Alejandro Murat en torno al costo de obras, trabajos inconclusos y mala calidad de las construcciones, lo cual padecimos y seguimos padeciendo los oaxaqueños.
Dio cifras concretas en torno a la deuda heredada a su gobierno: Ulises Ruiz dejó compromisos por 6 mil millones de pesos; Gabino Cué, al concluir el amargo primer gobierno de la alternancia, elevó las cifras hasta 15 mil 594 millones de pesos, un incremento neto de la deuda histórica de Oaxaca de 169% en seis años y Alejandro Murat sumó poco más de 4 mil 500 millones de pesos durante su sexenio, el incremento ronda el 28% en términos porcentuales.
En números redondos, cada oaxaqueño al nacer “adquiere” ya una deuda de poco más de 5 mil pesos cortesía de las más recientes administraciones cuando, con Ulises Ruiz, la suma se elevaba a 1 mil 500 pesos per cápita, con Gabino ya se debían alrededor de 3 mil 900 pesos, con lo que en apenas 12 años, del 30 de noviembre de 2010 al 1 de diciembre de 2022 los gobiernos multiplicaron por tres las obligaciones financieras que afrontamos todos los oaxaqueños.
Pero, ¿ha servido de algo contratar esta deuda? Esos 14 mil millones de pesos que abultaron la las obligaciones financieras del estado ¿se han reflejado en obras, servicios, menor pobreza, repunte de la calidad de vida, accesos a comunidades, transporte, drenaje, agua potable o para lidiar o solucionar conflictos? Si es así, pues bienvenida de contratación de deuda pública como palanca de desarrollo. Sin duda.
Doce años y 14 mil millones de pesos después los avances no se palpan en las calles de Oaxaca, en el nivel de vida de los habitantes de las comunidades. Cuando alguien adquiere un crédito es para mejorar las condiciones de vida, vivienda o patrimonio. En Oaxaca es casi nulo el avance en indicadores sociales. Entonces ¿fue mal administrado el recurso?
En el mejor de los casos podríamos señalar inadecuada o deficiente aplicación de los créditos. Los gobiernos estatales y el federal tendrían en la banca de desarrollo las mejores opciones para financiar proyectos sociales respaldados por instancias como Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras); Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext); Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (Shf); Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi) y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito).
Sobre todo Banobras ofrece opciones de financiamiento a largo plazo, con mejores condiciones para realización de pagos y créditos blandos, solo que hay un pero, los gobiernos deben presentar proyectos específicos, plazos, calendarios para realizar obras, determinar con precisión para qué y donde aplicarán los recursos, las metas a alcanzar, cifras de beneficiarios; en algunos casos, informes parciales de aplicación de recursos y avance de proyectos, transparencia en cancelación de créditos, los pagos y claridad en la aplicación de cada peso. Muy difícil.
En cambio, la banca comercial solo pide respaldo de los congresos estatales (controlados por los gobernadores en turno) garantía de financiamientos que muchas veces son sobre participaciones federales, tenencias, el extinto Fonden (muy socorrido por el gobierno gabinista), entre otros. Y, principalmente: puntual pago. Nada de cumplir metas, transparentar aplicación en obras o proyectos, entre otros.
En el caso de Oaxaca hay nombres de los responsables de esa mega deuda: Miguel Ángel Ortega Habib, ex secretario de Finanzas de Ulises Ruiz. Rodeado de fraudes, negocios turbios, así como una escalada de corrupción en la entidad, partícipe del “empeño” de las finanzas públicas con obras como la Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial que encadenaron al menos por 15 años el tesoro oaxaqueño. El mecanismo: los Proyectos para la Prestación de Servicios.
Con Gabino Cué, como en el resto del país, se puso de moda endeudar a estados con papeles bursátiles y créditos bancarios. El principal ejecutor y endeudador de Oaxaca, Gerardo Cajiga Estrada y, con Enrique Arnaud, fueron vinculados a proceso por el presunto desvío de 100 millones de pesos. Nada sobre la contratación de deuda. Recordemos, luego de ser secretario de Finanzas, en el momento de su detención, Gerardo Cajiga fungía como funcionario bancario del grupo Interacciones.
El ex presidente priista, Ernesto Zedillo, privatizó Ferrocarriles Nacionales de México entre 1996 y 1998; luego se sumó al consejo de administración de Citigroup durante diez años, fue empleado la trasnacional ferrocarrilera Kansas, una de las empresas beneficiadas por la privatización ferroviaria. Siguiendo sus pasos, Cajiga “se empleó” en uno de los grupos beneficiados y acreedores de la deuda de Oaxaca.
Tres nombres, de manera combinada, sumaron 4 mil millones de pesos con Alejandro Murat: Jorge Gallardo Casas, Vicente Mendoza Téllez Girón y el mexiquense Jorge Hidalgo Tirado.
A Téllez Girón se le debe la “ingeniería financiera” que llevó a reestructuración de la deuda pública a corto plazo y empeñar la hacienda estatal por al menos los próximos tres sexenios. Además, con él se gestionó el polémico crédito por mil 534 millones 235 mil 126 pesos para el refinanciamiento de la deuda y construcción de las “magnas obras” como el Circuito Interior y Símbolos Patrios.
Esa es la sucinta historia de la deuda pública de Oaxaca, esa que Salomón Jara, en el cerro del Fortín, ofreció no repetir.
