La desgastada tarea de la defensa de los derechos humanos

La difícil tarea de defender los derechos humanos, ha mermado la credibilidad de las instituciones que ostentan tan honroso y pesado título, la mayoría de los ciudadanos tienen en mente que estos organismos solo se dedican a defender a los delincuentes, ya que se visibiliza su presencia en hechos donde se involucran delitos cometidos por presuntos delincuentes y “las pobres autoridades”, que sólo quieren hacer su trabajo y no se les deja; sólo que muchas de estas autoridades se escudan en este mito, para tratar de ocultar su falta de pericia al realizar su trabajo y prefieren que alguien más tenga la culpa, para no quedar como “los malos de la película” y por qué no decir, que los organismos estatales defensores de derechos humanos no los dejan actuar, como si dependieran de ellos, en la escala jerárquica de la justicia.
¿Qué porque lo digo?, juzgue usted los siguientes sucesos y diga si no suena lógico lo que puede estar pasando.
Imaginemos -sólo imaginemos y no digamos que son sucesos que pasaron- que a una persona se le detiene infraganti, cometiendo un delito, el que usted guste, robo con violencia, homicidio, robo agravado, etc., hasta ahí es tarea de las autoridades como la policía hacer su trabajo, detener a la persona, y remitir al ministerio público o a otra autoridad que pueda tener la competencia de realizar lo que dictan las leyes para la investigación y sanción de las conductas ilícitas.
Hasta ese punto, las instituciones que se jactan de observar y defender los derechos humanos, no tendrían por qué aparecerse, nadie los llamó, es de todos y todas las presentes a quienes les constan, como a los que son como jueces en las redes sociales, que ese delito fue cometido por un o una delincuente, sin embargo, el presunto delincuente (que así se le denomina, hasta que la autoridad competente lo demuestra) puede hacer uso del llamado de un organismo defensor de los derechos humanos, para que diga lo que a su defensa corresponda, ya sea que fue golpeado para que declarara algo que no cometió (o sea tortura), que denuncie el abuso de fuerza que la policía cometió en su contra o cualquier otra cosa que fuera aconsejado por su abogado o abogada.
¿Y qué cree?, que el organismo encargado de los derechos humanos en el Estado, deberá de darle seguimiento al caso, porque es su función, entre otras, la de observar y solicitar a las autoridades Federales, Estatales o Municipales, que a todas las personas, se les lleve un juicio justo, sin el abuso de sus potestades, para que se les juzgue conforme a derecho, por lo que estas instancias del Estado, deberán responder a estos señalamientos; en el caso de haber hecho bien su trabajo, no deberán tener problemas para responder y comprobar que los dichos de las personas detenidas no son ciertas y que la autoridad actuó, de acuerdo a sus funciones y apegado a derecho; así que aunque diga, lo que diga el presunto delincuente, no habrá manera de que un organismo u abogado –ya sea un abogado particular o uno que le asigne el Estado-, pueda hacer algo para librarlo de su condena.
Ese poder que las personas creen que tiene un organismo de derechos humanos estatal, quedaría sin efecto, debido a que las autoridades contestaron con las debidas pruebas y el organismo comprobaría que no hubo violación a los derechos de esa persona que la tienen señalada como presunta delincuente.
Por lo que no habrá poder humano, ni de ese prestigiado bufete de abogados que pueda hacer algo al respecto, sino, sólo tratar de aminorar su condena.
¿Dónde quedó esa omnipotencia que se dice de estos organismos, defensores de delincuentes?, no existe, no tiene efectos, pero, desafortunadamente existen “peros”.
Si la falta de pericia de las autoridades que están para cuidar el orden y detener a los presuntos delincuentes, los hace cometer errores en la integración del expediente o se violenta el debido proceso, entonces ahí van a haber complicaciones para darle sentencia al presunto culpable, deberán buscar las formas de resarcir estos errores y ¿sabe qué?, esto lleva tiempo, esfuerzo de más personas y presupuesto del Estado para juzgarlos como culpables, por lo que, es más fácil dejarlos en libertad y echarle la culpa los organismos defensores de derechos humanos que son “todo poderosos” y lograron que el presunto delincuente saliera sin cargos en su contra, así puede comprobarse la falsa creencia de estos organismos.
Ahora, también está el otro lado de la moneda, ¿qué pasa cuando ciudadanos en su calidad de servidores públicos, violentan los derechos de los demás?, al no atendernos bien en las dependencias de gobierno; al discriminarnos en cuanto su atención en salud y justicia; al detenernos en las cárceles y dejar que pasen los años, sin que le digan de que se nos acusa y en caso de resultar culpable, cuantos años tendríamos que estar en la cárcel; cuando las autoridades municipales le cortan el agua porque no accedemos a los tequios o cuando los maestros y maestras no llegan a dar clases a los niños y niñas en sus centros educativos, entre otras claras violaciones de derechos de todo tipo, que afectan a todos y todas, y con todo ello, los organismos no hacen nada por pronunciarse en contra nuevamente de las autoridades que deben de procurar un lugar donde los ciudadanos vivan en paz (con todo lo que significa), entonces sí, están siendo omisos de su responsabilidad y deberán ser juzgados por no ver por la ciudadanía, aquella que está esperando justicia y bienestar en sus vidas, ahí si deberíamos de levantar la voz enérgicamente toda la ciudadanía, para que se nos atienda y nos sintamos protegidos; y los organismos estatales de derechos humanos deberán procurar tener personal capacitado y recursos que fortalezcan la defensa de sus derechos.
Con estas líneas no se está quitando responsabilidad a nadie, al contrario, se está mostrando otra perspectiva de la desgastada tarea de la defensa de los derechos humanos ¡Es cuanto!
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