Las sentencias de amparo vinculadas a la protección de los Derecho Humanos hoy en día son complejas, como consecuencia de la dimensión que tienen en asuntos relevantes en una época en que se controvierte de manera preponderante el ejercicio desmedido del poder que defiende por todos los medios, incluyendo la agresión en las mañaneras, cuando se conceden suspensiones o la protección federal por no ajustarse a la constitución o la ley, lo cual el poder ejecutivo y su coadyuvante el legislativo lo consideran obstáculos para su proyecto y de regresión al pasado.
El Poder Judicial de la Federación, a través de sus tribunales en toda la República, es el encargado de la alta misión constitucional de proteger y garantizar de la manera más favorable y amplia los derechos humanos que los habitantes de la República estimen que le son afectados por los actos arbitrarios de la autoridad.
Esta función se venía ejerciendo de manera normal hasta el inicio del actual periodo constitucional en que el gobierno de la Cuarta Transformación se ha propuesto reproducir esquemas de gobierno que se han impuesto, no por voluntad popular, sino por el autoritarismo de una persona y su partido en otros países como Bolivia, Venezuela y Nicaragua, en los que el proyecto constitucional de protección de derechos humanos ha sido minimizado y maniatado por los poderes que estaban sujetos a su control.
Ese esbozo es evidentemente antidemocrático aunque se use la verborrea cotidiana de que “el pueblo decide”, formula que se sustenta en la explotación de la marginación, discriminación, de la pobreza y la ignoración, como instrumentos que el poder utiliza y mantiene para dividir a su población; elemento fundamental de un estado moderno federal, laico, democrático, mediante mensajes reiterados que incitan al encono social entre los segmentos que lo componen y paralelamente con el ataque directo al sistema de control constitucional y legal de sus actos, para suprimir los obstáculos que representa e imponer la voluntad de un sólo hombre que toma las funciones propias de presidente, legislador ordinario y constitucional, para convertirse en controlador de sus propios actos.
Por ello, el presidente erosiona desde la tribuna de la presidencia a la Suprema Corte y a sus jueces por un lado y, por otro, mediante el Congreso, la integración de los ministros que la componen, para ubicar como tales a quienes sin discusión asumen las directrices presidenciales, buscando convertir a la presidenta o presidente, no sólo en legislador o legisladora que lo son, sino en ministro o ministra del alto tribunal; este proyecto de consumarse pondría en manos de una sola persona, la denominada “soberanía del pueblo”.
De esta manera, la reforma constitucional propuesta está buscando implementar ese proyecto que incluiría suprimir lo que estima la Cuarta Transformación, un obstáculo para sus acciones, para luego propiciar que la Constitución dispusiera que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental y que el pueblo ejerce su soberanía por medio del presidente o presidenta de la República, del Congreso de la Unión, y por los gobernadores de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las de los estados.
Lo que se menciona en el apartado anterior, parece no razonable dentro de la concepción universal de los estados constitucionales de derecho sustentados en la división del ejercicio del poder o emana una desbordada la imaginación al describir algo subjetivamente, pero ello es una realidad en la actualidad que ya vivimos bajo el supuesto inverso de que “nada está sobre la voluntad presidencial”, es decir nos rige una representatividad popular no escrita.
La confrontación que enfrentamos los mexicanos es si preferimos un proyecto de nación como el que práctica el actual gobierno de la federación cimentado en el ejercicio absoluto del poder por la presidenta o presidente y sus delegados en los estados y municipios, no sobre las prácticas de los gobiernos pasados o conservadores. Al respecto tenemos dos opciones para evitar el agravamiento del despotismo, votar por integrantes de un congreso, sin mayoría preponderante de una corriente política y, por la otra, hacerlo por una presidenta o presidente que no represente la concentración del poder en una sola persona, sino que proponga revitalizar la división de su praxis y de su equilibrio por la Suprema Corte.
La frase que disfraza la realidad del proyecto de gobierno actual de “lo que diga el pueblo”, es retórica, sin contenido, encubre lo que se busca objetivamente que ya se práctica en la actualidad en el legislativo, legislar al son de “lo que diga el presidente o presidenta”, en sustitución aseguran, del conservadurismo, la impunidad, la corrupción, los periodistas y comentaristas que critican, los ministros representantes del pasado.
La corrupción está saliendo a flote, al igual que la impunidad y la complicidad con los grupos violentos en el actual gobierno. La cuarta transformación busca el gobierno unipersonal centralizado de fondo, conservando las formas que caracterizaron a los gobiernos del pasado.
