La justicia no se consulta. Así se pronunciaron diversos especialistas, analistas jurídicos y ciudadanas y ciudadanos preocupados con el devenir de la legalidad de la consulta popular propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El proyecto del ministro Luis María Aguilar, que apuntaba a la inconstitucionalidad de la pregunta planteada por el jefe del Ejecutivo nacional era consistente con las evaluaciones de los jurisconsultos en la materia. Del jueves 24 de septiembre al pasado 1 de octubre, parecía que la línea de la Corte era clara, que no había elementos para sostener la propuesta del presidente y que no habría transigencia por parte del máximo tribunal del país.
Resulta que estábamos equivocados. Después de una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno que se desarrolló entre argumentos confusos y contradictorios, en una cerrada votación de seis contra cinco, la consulta va a tener a lugar, pero mediante una determinación que va más allá de su mandato y que la posiciona en un órgano no de derecho, sino de política.
La mayoría de las y los ministros optaron por no avalar el proyecto del ministro Aguilar y, desviándose de la labor que constitucionalmente les era encomendada, decidieron aprobar una pregunta que se separa por mucho de lo que en un inicio el presidente López Obrador propuso. Era imposible que se aceptara la constitucionalidad de la pregunta original, el ministro Luis María Aguilar desarrollaba en su proyecto de manera contundente los porqués de la no procedencia de la misma (https://bit.ly/2SeEHwp). No obstante, la Corte carece de facultades para proponer un cambio radical a las preguntas propuestas a consulta popular y al optar por esta opción desvirtuó la legalidad de su actuar y las motivaciones de la misma.
Cinco de las y los ministros optaron por sostener el mandato y el peso que el Máximo Tribunal Constitucional requiere. Destacaron intervenciones reivindicando el papel de la Corte en una democracia y en el Estado de Derecho, como aquellas de la Ministra Norma Piña, quien manifestó: “[m]i obligación es no ceder a más presiones que las que corresponden a mi mandato de control constitucional en tanto ministra de la Suprema Corte” y, “[d]ebe quedar completamente claro que, ni nuestra Constitución, ni nuestras leyes ponen impedimentos para poner a disposición de la justicia penal a los ex presidentes”; así como las intervenciones del Ministro Laynez, quien señaló: “¿Podemos si quiera imaginar una consulta sobre si se debe perseguir a los presuntos implicados del caso Ayotzinapa?” “[l]os jueces constitucionales no somos nombrados para tener popularidad, nosotros no. Nunca el Poder Judicial, nunca las fiscalías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que garantizar la Constitución y los derechos humanos, aun en contra de las mayorías”, y, “[l]a justicia no se consulta”.
Una oportunidad perdida y un peligroso precedente ha sentado la Corte con esta determinación. Algunos argumentan que los miembros que apoyaron la consulta quisieron evitar la polarización de la opinión pública, pero al hacerlo, optaron por comportarse como actores políticos y darle la espalda al Derecho. Queda claro que uno de los contrapesos para el sostenimiento de la democracia en nuestro país ha claudicado su importantísima labor. La historia ha sido clara sobre las consecuencias de regímenes que carecen de oposición, controles y que tiende a la centralización del poder. No estamos ahí, todavía. Pero de seguir esta senda, nuestro país ve expuesto a oscuros augurios.
@GalateaSwanson
