Durante la campaña que terminó el primero de julio, el tema central fue la corrupción que existe en la sociedad mexicana. Decía don José López Portillo que podíamos convertirnos en un país de cínicos, y hace mucho que por omisión o comisión lo somos, lo cual parece no importarnos, la corrupción la aceptamos como una forma de vida vertical y transversalmente, nunca como ahora es válido el lema que la corrupción somos todos.
Afortunadamente, 35 millones de personas votaron por cambiar este modelo de existencia, en el cual los principales corruptos son los funcionarios de gobierno de más alto nivel, y de todos aquellos organismos sociales que conforman al país. Existe inclusive en la vida pública y civil un catálogo de puestos, donde se determinan cuáles son las características y nombres de estos empleos, empezando por los jefes de compras de cualquier institución, pública o privada. La corrupción la simbolizan los policías de todas las corporaciones que existen en todo el país. La corrupción existe entre los secretarios de Estado y el presidente de la República. Ahí está el ejemplo de la Casa Blanca de las Lomas. Y el Obedrecht, compañía constructora brasileña que salpicó con sus actividades de corrupción a medio continente latinoamericano.
Los gremios de profesionistas no se escapan a estos fenómenos de corrupción. En los juzgados existen numerosas demandas contra arquitectos que defraudan la confianza de sus clientes; inflan precios, ponen materiales de mala calidad, y en el peor de los casos no terminan las obras. Los mecánicos son otro medio muy socorrido en el área de corrupción. Un mecánico automotriz, un plomero un pintor honrado y respetuosos de su trabajo es una aguja en un pajar.
El gremio de los médicos era sin duda alguna, un grupo de profesionistas en los que más confiaba la sociedad; cada familia tenía un médico de cabecera, al cual podían llamarle a deshoras de la noche, él con una vocación franciscana, se presentaba a solucionar la emergencia. La primera vez que escuché hablar de médicos poco éticos, fue cuando un facultativo cercano a la familia operó a casi todos los miembros de ésta, es decir al 90 % de la familia; algunas veces lo hacía sin alguna necesidad clínica.
Otro caso era de médicos que sin ninguna necesidad ordenaban una serie de análisis clínicos en laboratorios previamente arreglados para que les dieran una comisión. En ese tiempo, los médicos eran excelentes clínicos y con sólo oscultar al enfermo, sabían qué tenía. Los análisis resultaba en la mayoría de los casos sólo una comprobación de sus diagnósticos y una modesta comisión para sus bolsillos. Algunos laboratorios siguieron ese ejemplo y para “sugerir” a los doctores que recetaran sus marcas ofrecían regalos, asistencias a congresos gratis, en algunos casos pequeñas obras de arte o útiles médicos: baumanómetros, estetoscopios, etcétera. Otro caso de corrupción muy conocido fue el que hacían las clínicas La Prensa, que a los enfermos que llegaban a consulta en emergencias como protocolo les ponían un suero, algunos de ellos con alta presión arterial murieron por infartos.
Esta semana tuve la oportunidad de ver cómo operan las salas de emergencia de los grandes centros hospitalarios. Asistí al Hospital Muguerza acompañando a una persona que había sufrido un golpe en una pierna. Y aunque el análisis clínico que hicieron los paramédicos de la Cruz Roja, indicaba que no había ninguna ruptura de huesos, era aconsejable tomarle alguna radiografía para estar absolutamente seguros. Se decidió ir a ese hospital por la cercanía y porque contaba con el servicio de rayos X las 24 horas del día.
Al llegar al hospital y pedir que la llevaran a rayos X, el médico de guardia que la recibió la internó inmediatamente en uno de esos cubículos diseñados para atención inmediata. En un instante, entraron en acción un médico y 2 enfermeras, una para levantarle sus datos y sobre seguro de gastos médicos y qué institución aseguradora la respaldaba. No importó preguntarle qué le dolía; primero era saber si tenía seguro de gastos médicos. Inmediatamente le pusieron una venoclísis, le sacaron muestras de sangre y cuando la vi estaba completamente dopada, incapaz de poderse oponer a los procedimientos, que sin estar autorizados estaban aplicando sobre su persona. Hablé con el médico para indicarle que no tenían motivo para realizarle exámenes sanguíneos, ya que sólo era un golpe en la pierna y lo que se requería era una radiografía que confirmara el diagnóstico que ya llevábamos.
El médico no hizo caso a mis planteamientos y siguió anotando en una computadora, que más bien parecía una sumadora, algunas de las acciones que estaban realizando, sin el consentimiento de la persona enferma o mío. Al final llegó un especialista que no habíamos pedido. Ordenó la radiografía por la cual habíamos ido originalmente. Después de confirmar el diagnóstico de que no tenía ningún hueso roto, sino un poco de dolor, recomendó el especialista que se quedara esa noche en el hospital para pasarle vía intravenosa un analgésico y que él vendría la mañana siguiente para cobrar una visita más y ver cómo seguía.
En ese momento, la paciencia llegó al límite y exigimos que se terminara ese protocolo, porque la persona no tenía ningún hueso roto y ya le habían aplicado un analgésico con el dolor. Trajeron un inmovilizador de la pierna de 2,000. Puestos de pie, nos dijeron que pasaramos a admisión y luego a la caja. Ahí apareció la terrible realidad a la que se enfrentan miles de personas que se acercan a estos servicios diariamente. Uno de los medicamentos aplicados, tenían un valor de $680.00 como precio máximo al público, lo triplicaban. Lo mismo ocurría con la venoclísis, que sin necesitarla, ni previa autorización se aplicó. El valor de la misma superaba los $3,000 pesos. Y así todos los rubros de la factura correspondiente.
El costo llegó a 8,500 pesos, quince días de trabajo de un empleado. Este tipo de atracos que se hace a las personas y a sus familiares debería llenar de vergüenza a una institución que se dedica a prestar esos servicios al público. No es posible que estas instituciones abusen y trafiquen con el dolor humano. ¿No hay quien defienda a los consumidores de estas exorbitantes cuentas?. El robo se comete con una frialdad quirúrgica y la víctima está indefensa, situación que utilizan los hospitales para atracar al paciente. La política neoliberal que han instaurado los gobiernos, de dejar pasar y dejar hacer, no tiene ninguna reglamentación que impida estos abusos o las personas enfermas que después se sienten incapaces de denunciar estos hechos. Es evidente que ir al Hospital Muguerza es una decisión, autónoma de una persona y que hay otras instituciones públicas o privadas en donde se puede recurrir sin esos costos brutales, pero uno va a que lo diagnostiquen y lo atiendan, no a que lo atraquen y lo roben. La buena fe y la ética profesional se presume, pero es evidente que en estos sitios es una presunción falsa. La maquinaria de estos hospitales está diseñada para sacar hasta el último centavo a los pacientes y para llegar a arreglos económicos entre aseguradoras y hospitales. Es urgente defender al público de estos abusos brutales. Por lo pronto voy a investigar en la Procuraduría del consumidor que se puede hacer en estos casos.
Ojalá la campaña anticorrupción que se anunciará el primero de diciembre de este año, con el gobierno de Andrés Manuel López, legisle a favor de los usuarios de servicios médicos privados y si bien es cierto que no regresaremos al juramento de Hipócrates, sí deberá de existir una conducta ética que tutele el Estado. [email protected]
