Un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 05 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro que emblemáticamente marcó una etapa en que se inicia propiamente la incipiente vida institucional en nuestro país, misma que llevó un tiempo consolidar una vez agotada la de los cacicazgos y liderazgos que, necesariamente se derivaron de una lucha interna por el poder, hasta que se inició la etapa de la configuración de un partido que aglutinara las diversas fuerzas sociales, políticas y populares, trabajadores y campesinos.
La Constitución Mexicana, al nacer en 1917, fue caracterizada por los constitucionalistas a partir de la Constitución Alemana de Weimar en relación con las decisiones fundamentales que se consideran elementos que tienen que ver con la unidad política que se contienen en la carta fundamental, como estructura básica que incluye a las demás normas jurídicas en un país que adopta esas decisiones, es decir, nivelar el ejercicio de poder por los gobernantes frente al gobernado.
En la constitución de nuestro país, la Constitución se promulga con esas características que comprenden la soberanía de la que es titular el pueblo; el derecho del pueblo mexicano de alterar o modificar la forma de gobierno; la estructura de una República Federal; la adopción de la democracia representativa por medio de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial; el reconocimiento de los derechos humanos y sus garantías; el municipio libre como elemento de los estados federados de orden político administrativo.
Las partes relevantes de la Constitución de 1917 son el sufragio efectivo no reelección, y la inclusión de los derechos sociales que tienen diversos aspectos que incluyen una variedad de temas, entre los que resaltan los de orden patrimonial y laboral. Entre los primeros cito los relativos al régimen comunal en la explotación de tierras, bosques y aguas regulado en el artículo 27 Constitucional, así como que la propiedad originaria de tierras y aguas del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de constituir la propiedad privada, el régimen ejidal, la pequeña propiedad agrícola y ganadera.
Las garantías sociales del régimen laboral que involucra los derechos de los trabajadores al servicio de un patrón individual o empresa y los derechos de los trabajadores al servicio del Estado comprendidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutelan el derecho al trabajo, jornada, salarios, vacaciones, entre otras prestaciones, y el derecho a la huelga.
Como rasgo de la división del ejercicio del poder es que no está concebido como una estructura rígida que excluya la necesaria relación entre los tres como órganos de un estado regidos por el Derecho, por eso se le denomina Estado Social de Derecho que busca limitar el uso de las facultades otorgadas a los gobernantes, lo cual a su vez impuso una serie de reformas en la evolución política social de la República del nacimiento de organismos autónomos en paralelo a los poderes tradicionales como el INE, el Tribunal Electoral, Transparencia, entre otros, que ampliaron la estructura con la que el Estado y sus gobiernos deberían funcionar.
El tiempo demostró a los gobiernos de las últimas épocas que esas limitaciones eran obstáculos para el ejercicio del poder y empezó a promover medidas constitucionales y legales para impactar el campo ampliado de la estructura tradicional de los tres poderes, suprimiendo algunos que les molestaban como la Transparencia y el INE que ahora ha retrocedido y su autonomía depende de la medida que les otorgue el gobierno en el poder; se agregó la representación en el Congreso del Partido Morena y sus aliados que a su vez, limitó el ámbito del juicio de amparo; la autonomía de la Suprema Corte; centralizó el control de las fuerza armadas en la labores de Seguridad Pública y por su voluntad se impide impugnar las reformas constitucionales ante la Suprema Corte.
Hoy, a más de 100 años de la promulgación de la Constitución Política de la República celebramos un aniversario más de su vigencia y, al mismo tiempo su dinamismo, mediante el cual ha ido adaptando el equilibrio entre el sistema normativo con el entorno político prevaleciente, y que hoy sobrepone el poder político sobre el orden jurídico desviándolo de las decisiones fundamentales mediante el retorno, época de la hegemonía partidista que refleja al PRI en su praxis, el Partido de Morena, que ahora se enfoca en controlar el esquema de representación en el Congreso, cuestión que está en el tránsito de las negociaciones y los reparto de las parcelas de poder y la compra de voluntades en el Congreso.
Entre tanto, el Pueblo, dueño del poder originario de los gobernantes de la República, sometido por la necesidad o el compromiso, ve pasivamente cómo sus representantes lo van despojando de la titularidad de ese derecho sin contar con un instrumento efectivo que le tutele, proteja y garantice su reivindicación. Esperemos que, en las próximas elecciones intermedias de legisladores en el país, de gobernadores y ayuntamientos se logre contar con una auténtica representatividad de la voluntad de los mexicanos y un gobierno que restituya lo que le ha sido despojado, su voluntad de decidir libremente mediante el sufragio.
