La noticia más relevante de la semana fue el operativo implementado para la captura o supresión de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización se ha constituido como una especie de réplica del sistema federal, con delegados en diversas entidades del territorio nacional, equivalentes a gobernadores y presidentes municipales, además de contar con sistemas de seguridad paralelos o incluso incrustados en la estructura oficial de los gobiernos federal, estatales y municipales, como se ha señalado en diversas investigaciones periodísticas donde han salido a relucir nombres de altos servidores públicos.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad, la acción representa un cambio significativo respecto a la estrategia de “abrazos, no balazos” del gobierno anterior, aunque se intente presentar como el simple cumplimiento de una orden de aprehensión. La magnitud del operativo demostró ante la ciudadanía el fracaso de una política pasiva que anuló la respuesta adecuada que exigen las reglas de seguridad pública, así como la posible tolerancia hacia estas organizaciones. Asimismo, evidenció que el crecimiento de estructuras de poder de facto solo puede ser contenido mediante una respuesta firme del Estado, a fin de garantizar el estado de derecho, la seguridad y la paz social.
Actualmente, encuestas y opiniones de analistas críticos favorecen a la presidenta Sheinbaum. Poco importa si participaron o no fuerzas de Estados Unidos; lo relevante es el resultado parcial, mediante el cual se logró debilitar la estructura de poder que representaba “El Mencho”. Sin embargo, no puede asegurarse que dicha organización no cuente con lugartenientes que ya estén asumiendo el liderazgo, ni los ajustes que esto pueda generar en distintas entidades federativas.
Tampoco puede ignorarse que la declaratoria de organizaciones terroristas realizada por el presidente Donald Trump contribuye a enmarcar este tipo de acciones como parte de una estrategia de combate más amplia. Esto refuerza la idea de que la operación tuvo características de intervención contundente para afectar a uno de los capos más buscados y a la estructura que sostenía en gran parte del territorio nacional, incluso con posibles vínculos en distintos niveles de gobierno. A diferencia de lo que comúnmente se sostiene, esta infiltración no debe entenderse solo desde las policías municipales, sino también desde instancias federales hacia abajo, incluyendo gobiernos estatales y municipales, a la luz de las investigaciones realizadas por autoridades estadounidenses y, presumiblemente, por la Fiscalía General de la República.
La operación, más allá de su impacto mediático, representa una muestra del uso de la fuerza legítima del Estado, aunque ejercida de manera tardía. Durante años, la tolerancia permitió el crecimiento de estas organizaciones en paralelo al estado de derecho, facilitando su infiltración mediante poder económico e incluso el posible financiamiento de campañas políticas, lo cual ha incrementado la percepción de desconfianza en la población.
El operativo también resultó costoso en términos humanos, con la pérdida de cerca de treinta elementos de las fuerzas armadas, entre ellos dos oaxaqueños, en su mayoría jóvenes. Esto es profundamente lamentable, ya que la acción no erradica por completo al crimen organizado si no se atacan también sus estructuras intelectuales y financieras. Se debilitó un brazo operativo, pero quienes permanecen en la sombra —particularmente en sectores públicos— continúan vigentes.
Llama la atención que, tras estos hechos, en Sinaloa se registre una disminución en los niveles habituales de violencia, lo que abre interrogantes sobre por qué no se ha implementado una acción similar en regiones donde operan grupos vinculados a Joaquín “El Chapo” Guzmán o Ismael “El Mayo” Zambada. Esto da pie a especulaciones sobre posibles acuerdos que habrían evitado confrontaciones directas con organizaciones de ese nivel.
Por otro lado, el secretario de la Defensa Nacional mostró, durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta, el pesar por la pérdida de elementos en el operativo. Su actitud evidenció un sentimiento de duelo más que de triunfo, reflejado en su voz, sus gestos y su forma de retirarse del micrófono.
El Gobierno Federal y su gabinete de seguridad tienen ahora la responsabilidad de actuar con la misma determinación frente a otras organizaciones criminales: desarticular sus estructuras operativas, intelectuales y financieras para lograr un combate integral. Además, deben considerarse las implicaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, que ha demostrado capacidad para investigar y procesar a funcionarios de distintos niveles.
Este desafío implica un compromiso conjunto de la Federación, los estados y los municipios para limpiar sus propias estructuras dentro del ámbito de sus competencias. Solo así podrá atenderse el creciente descontento y la desconfianza ciudadana hacia gobernadores y ayuntamientos.
