El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, vino a pasar revista a una de las zonas estratégicas para México, para su país, pero sobre todo, con un peso geo estratégico: el sur-sureste de México, Istmo de Tehuantepec incluido con una cartera de inversiones por 250 millones de dólares, algo así como 5 mil 250 millones de pesos para los siguientes años que, si somos realistas, el monto es comparable a tres años de remesas enviadas por nuestros paisanos a Oaxaca.
No repitamos sus conceptos, son 304 kilómetros del proyecto Interoceánico de vital importancia para el traslado de mercancías en plena crisis de la cadena de suministros en el mundo; explotación petrolera, producción de energía eólica e impulso al desarrollo regional y, en la mira de Estados Unidos, muro de contención a migrantes a más de 2 mil 500 kilómetros de su frontera.
Sin embargo, para el despegue económico y arribo de capitales se debe contar con paz social. Para pavimentar una avenida primero hay que introducir la red de agua, de drenaje, el abasto subterráneo de electricidad, en suma: infraestructura.
Para el gran capital, la “infraestructura” pasa por seguridad a la inversión, estado de derecho, paz social, gobernabilidad, tranquilidad, mano de obra calificada, es ahí donde Oaxaca cojea.
Estado de derecho: las empresas eólicas enfrentan procesos en su contra e inseguridad jurídica de los contratos firmados con representantes de comunidades que, un día sí y otro también, desconocen los pactos al considerarlos “leoninos”, que tal vez lo son, pero que pasaron por una decisión comunitaria.
El cartel del despojo enquistado en el Istmo, con el tráfico de predios en buena parte de la línea que conforma el Corredor Interoceánico. No lo ocultemos. El corredor también servirá para mover estupefacientes y mercancías precursoras, camino al principal mercado consumidor de drogas.
Inseguridad: sindicatos que extorsionan con obras, que demandan, como patrimonio, el traslado de materiales y la venta de insumos para la obra regional. Ahí están presentes los sindicatos Libertad, Catem y hasta “organizaciones sociales”. Estas últimas, opuestas a obras de energías limpias, que “defienden su agua”, el hábitat y enarbolan la “protección ecologista”, pero carecen de proyectos para un desarrollo sustentable.
Además, por la presencia del narco, es creciente la inseguridad en el Istmo. Disputa de la plaza, enfrentamientos, aseguramientos, levantones se han multiplicado en la región.
Oaxaca enfrenta una situación convulsa también. En San José del Pacífico acaban de levantar un bloqueo carretero que se extendió por más de 12 días y entorpecía el tránsito hacia la Costa. Ayer mismo estaban vigentes dos bloqueos carreteros más, uno de ellos en Manialtepec, por demanda de retiro de un profesor.
En la capital, la industria del chantaje impuso tres días caóticos en la ciudad hasta que los inconformes fuero retirados por ciudadanos molestos, dicen uno, y por infiltrados del gobierno, como Catem, indican otros.
En alrededor de 24 horas hubo tres asesinatos: un abogado en la zona del antiguo aeropuerto; un cadáver arrojado en la ribera del Río Salado y la muerte de un presunto asaltante en la calle Morelos.
Ese es el panorama para la inversión y los inversionistas que pretendan llegar a Oaxaca.
Poco creíble la versión de paz social, seguridad jurídica y garantías para la inversión. Por muy buenos propósitos que se tenga para ello.
María Elena Ríos ¿Ayuda o justicia?
“Se le está atendiendo, se le va a ayudar” señaló en la Mañanera de ayer Andrés Manuel López Obrador respecto a la queja de la saxofonista María Elena Ríos sobre la falta de seguridad, la zozobra que afronta y la impunidad que ha prevalecido en su caso, al abundar que en Oaxaca no obtendrá protección ni justicia.
Es asunto de conceptos, el presidente concibe que el gobierno está para “ayudar”, mal.
El gobierno está para hacer justicia, no es benefactor, no es el Gran Padre, pasa por el Estado Benefactor, sin duda, pero la premisa es garantizar los derechos ciudadanos no “ayudar” para que estos no sean afectados o sean dañados “na’mas” poquito.
La saxofonista, señor presidente, no busca ayuda, demanda justicia. Atentaron contra su vida, hoy mismo podría estar muerta pero, poco a poco, se ha ido recuperando, a cambio de esto, se le ha revictimizado.
Le han exhibido los gastos que el gobierno de Oaxaca ha invertido en la recuperación física y sicológica pero, insistimos, este gasto no debería ser con cargo al estado, sino de su agresor que, por cierto, está en la cárcel y mantiene negocios, gasolinerías por ejemplo, funcionando y que a diario reciben miles, sino millones de pesos.
Asegurar sus cuentas permitiría solventar los gastos que la agresión ha ocasionado desde hace tres años, cumplidos el pasado 9 de septiembre por órdenes del exdiputado priista Juan Vera Carrizal. Entonces es cada vez más claro el nexo, la complicidad y los negocios que el priista mantiene con personajes de la vida política del estado, tal y como señala la saxofonista.
Y va tanto para el presidente como para el gobierno estatal.
María Elena Ríos no pide “ayuda”, lo que demanda es justicia, simple y llana.
