Definitivamente el Congreso de Oaxaca no podrá argüir que la Ley Antipet aprobada en abril de 2019 y declarada ayer inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia sea carta abierta en favor de las trasnacionales. Mucho menos que el alto tribunal defienda los intereses de Coca-cola, Oxxo, Femsa, entre otros.
La Corte solo sancionó una pifia de origen: los diputados estatales carecen de atribuciones para inmiscuirse en una norma federal. Es cierto, en medio de una crisis de basura en el estado y en el país, en donde las grandes empresas tendrían que hacerse cargo de los desechos que generan, la prohibición al PET no solo es justa, sino necesaria. Sin embargo, no basta los simples deseos o que sea una loable acción. Se deben cumplir con todos los escalones de la vía legal y al clan Sosa Villavicencio les ganó más la necesidad de reflectores que apegarse a la ley, y cometieron una pifia monumental.
Mas allá del panfleto político que enarbolaba Horacio Sosa de que la SCJN se desmarcara del “capitalismo salvaje y valorar la gente y la naturaleza…por encima de las ganancias económicas”, quien propone este tipo de acciones debe revisar muy bien que no presenten fisuras legales o estas hagan agua; evitar que den pie a que le bateen la propuesta que, por muy loable que esta sea, debe cumplir con mínimos requisitos constitucionales.
EL RETO DE SEMOVI
La limpieza en la Secretaría de Movilidad debe ir a fondo e ir desapareciendo, poco a poco; las anomalías que Claudia Silva Fernández está decidida a combatir en la institución. La siguiente es una narración que hizo llegar una usuaria a esta columna de lo acontecido el fin de semana pasado.
Fue en la oficina matriz de Semovi, señala la afectada, ubicada en avenida Carlos Gracida No.9 en La Experimental, del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca. Todo lo descrito fue posible testimoniarlo luego de tres horas de permanecer esperando por un trámite en el lugar.
A pesar de contar con una cita, para la cual fue necesario esperar una semana, la usuaria indicó que los empleados no respetaron el horario pactado, obligando a la paciente espera de los usuarios.
En un recorrido que se realice cualquier día hábil por el lugar es posible ubicar a varias personas que, con consentimiento de los trabajadores, pueden entrar y salir de las instalaciones llevando y trayendo papeles para, realizado el trámite, retornar por ellos.
Incluso, nos narra la lectora, pudo observar que uno de los empleados salía con el sello oficial de la dependencia y se dirigía con cada gestor para ir sellando los documentos que se iban liberando. En tanto, quienes llegaban con cita, o sin ella, eran llevados a esperar pacientemente, sin ser atendidos o mostrar algún avance en la fila.
Por un trámite para dar de baja las placas de un auto, y el pago de tenencia, la dependencia cobra 1 mil 700 pesos; sin embargo, se debe tomar en cuenta que el vehículo esté al corriente, sin adeudo alguno y haber tramitado la cita con una semana de anticipación, como marcan las normas de Semovi.
Por ese mismo trámite los gestores cobran 2 mil 800 pesos, con la “ventaja” de que no se requiere cita; quien procura el servicio resuelve el trámite de 10 a 15 minutos, con lo que obtienen una ganancia 1 mil 100 pesos por agilizar ese documento.
Los precios varían conforme las diligencias a realizar y la complejidad del mismo. Por ejemplo: para el cambio de titular en una concesión de taxi, la Semovi tiene una tarifa de aproximadamente 4 mil pesos; sin embargo, los gestores llegan a pedir hasta 9 mil pesos para lo cual, es claro, también cuentan con la complicidad del usuario que acepta pagar por ello, e igual que la anterior situación, el documento se entrega en 15 minutos.
Este “esquema” de trámites a través de gestores ha resultado una opción para gente que viaja desde otras regiones a regularizar sus vehículos o concesiones; sin embargo, los trabajadores de la dependencia han hecho a un lado a las personas que pactan una cita con una semana de anticipación, llevan sus papeles en regla y no afrontan adeudo alguno.
En las oficinas los trabajadores le dan prioridad a los trámites de gestores y una vez que ya los han atendido o que alguien con cita empiece a quejarse es cuando realizan su trabajo y siguen el orden marcado previamente por la dependencia.
En Semovi hay voluntad para resolver esta problemática, para lo cual también se debe contar con la participación de trabajadores pero, sobre todo, de los usuarios para evitar prestarse a dichas prácticas.
