Existe una Tesis Tipo: Jurisprudencia, Registro digital: 2026504, Instancia: Pleno. Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 2/2023 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Mayo de 2023, Tomo I, página 5, que expresa: MODO HONESTO DE VIVIR. Las autoridades no pueden exigir a las personas cumplir con ese requisito legal a fin de acceder a un cargo público, como tampoco pueden sancionarlas determinando que carecen de ese modo de vivir.
Hechos: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fijaron criterios discrepantes respecto a cómo debe entenderse el requisito de tener un “modo honesto de vivir” para ocupar un cargo público.
La Suprema Corte señaló que es un requisito ambiguo, de difícil apreciación y cuya ponderación es altamente subjetiva. La Sala Superior expuso que es ponderable, por su contenido eminentemente ético y social, además de que las autoridades deben evaluar si una persona servidora pública pierde su “modo honesto de vivir” en caso de que se declare que contravino prohibiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Criterio jurídico: Tener un “modo honesto de vivir” es un requisito legal cuya ponderación es subjetiva, además de suponer una expresión ambigua y de difícil apreciación, por lo que exigirlo también puede traducirse en una forma de discriminación. En consecuencia, es inválido solicitar a las personas demostrar que viven honestamente para poder ocupar un cargo público de cualquier índole. Igualmente, tampoco corresponde a los jueces o tribunales dotarlo de contenido y mucho menos que sólo a partir de su apreciación pueda negarse a una persona acceder a un cargo público o bien de elección popular.
Justificación: La expresión “modo honesto de vivir” es ambigua, porque puede entenderse de varios modos, admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión en cuanto a su contenido y alcance. Al ser tan abierta, posibilita la incorporación de prejuicios o valoraciones personales como criterio para el acceso a un cargo público. La valoración del citado requisito es subjetiva, ya que su significación dependerá de lo que cada persona opine, practique o quiera entender respecto a los componentes que distinguen a la ética personal.
Su aplicación puede generar discriminación, pues la evaluación del requisito queda subordinada al juicio valorativo y discrecional de quienes lo aplican, esto es, a lo que los aplicadores de la norma conciban como un sistema de vida honesto. Además, un régimen constitucional democrático de Derecho debe rechazar la idea de un modelo único de moralidad que reduzca la idea de honestidad o decencia a una sola dimensión y, en cambio, acoger la diversidad de opiniones, creencias y proyectos de vida. Por ello, tampoco es válido que se vincule a los jueces del país, federales o locales, a evaluar oficiosamente si una persona perdió o no su “modo honesto de vida” con motivo de una infracción.
Por otra parte, el objetivo principal de comprobar que los miembros de los servidores públicos cumplen con los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, es inexacto en todas las instituciones gubernamentales que dan trabajo a cambio de cobrar cuotas de partidos políticos o bien, quitar el salario que dignamente debe ser retribuido a quienes están en el servicio público.
Actualmente existen estos vicios creados por titulares de algunas dependencias y entidades, no se garantiza a la sociedad que todas las instituciones sean capaces, profesionales, que sean eficaces y mucho menos transparentes.
Los Auditores Gubernamentales son silenciosos, omisos y hasta cómplices en algunas ocasiones de esta falta de honestidad en el servicio público.
Se busca que todos los integrantes de un Gobierno sean éticos, probos, rectos, comprometidos y eficientes, capaces y sobre todo sin vínculos de partidos que los presionan a dar cuotas económicas o de apoyos, para que sigan existiendo movimientos de apoyo a su Partido Político en el Poder.
Las evaluaciones patrimoniales no bastan y las del entorno social, médica, psicométrica, psicológica, toxicológica y las demás que establezcan las normas aplicables, parece ser que no bastan, ya que si se consigue verificar la honestidad actual, la rectitud, la probidad, la capacidad y el profesionalismo de los servidores públicos, pero sin que el Servidor Público apoye económicamente al Partido Político en el poder, simplemente perderá su trabajo y el apoyo de quienes lo contrataron para “servir a un partido so pretexto de que dicho apoyo es obligatorio”.
La Corrupción es enemiga de la Honestidad, de la Ética, de la Confianza Ciudadana, es un virus que corrompe a las Instituciones Gubernamentales, el otro virus ha sido el Nepotismo, el que personas que están en cargos públicos no debiesen estar ahí, por falta de capacidad y mal manejo de recursos públicos.
Finalmente, la Honestidad es un concepto limitado, y si se permite, o si se coopera siempre con estas personas que cobran sus cuotas de poder económico, si se somete a las decisiones como servidor público de ser arrastrado por decisiones de un Partido Político y no por decisiones del alto cargo que les corresponde en su actuar público conforme a las normas precisas que deben cumplir en su cargo, la corrupción prevalecerá y los actos de Honestidad y Ética, serán para los que no caben en un Gobierno.
