Como lo publicamos en la Sección Policíaca de nuestro diario el pasado lunes, un día antes, las cámaras de seguridad del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, grabaron con precisión un hecho delictivo ocurrido en domingo, en la zona habitacional de “Arboledas”. Un sicario, a bordo de una moto, dio alcance a una camioneta que conducía una mujer, que viajaba con sus pequeñas hijas y, presuntamente, una persona de la tercera edad. Cuando la primera disminuyó la velocidad al pasar un reductor de velocidad, el sujeto le disparó en repetidas ocasiones, hasta que el vehículo se impactó. Al no lograr su objetivo, el sicario retornó a realizar más disparos. Y ante su fracaso, disparó contra un motociclista que había presenciado el ilícito, a quien le quitó la vida. En redes sociales se difundió íntegro el video. El lunes por la tarde, sujetos a bordo de un vehículo dispararon ante la mirada de muchos testigos y le quitaron la vida a un sujeto en la comunidad de Ánimas Trujano. La víctima fue dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Y es que, pese al sobado argumento de que los oaxaqueños vivimos en una de las entidades más seguras del país, lo cierto es que hay muchas dudas al respecto. Por ejemplo, los municipios conurbados de la capital oaxaqueña, como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, San Jacinto y Santa Cruz Amilpas, entre otros, son centros de operaciones de grupos criminales. Centenas de negocios están bajo el acoso de cobradores de derecho de piso, aunque no sean precisamente quienes regentean bares o antros. Propietarios de pequeñas y medianas empresas han preferido cerrar no sólo ante la crisis económica que ha traído consigo la pandemia, sino ante el peligro de ser asesinados por sicarios al servicio de los citados grupos criminales. Empresas más o menos rentables, están en la mira.
El Estado tiene los instrumentos para investigar este tipo de operaciones. Suponemos que tiene detectadas a las bandas y grupos delictivos que se dedican a dichas acciones. Pero con el pretexto de la contingencia sanitaria, se han olvidado de montar operaciones coordinadas con las fuerzas federales y municipales, para acotar a dichos grupos. Ya hemos dicho de la operación de colombianos con el sistema de préstamos “de gota a gota” y la forma criminal en la que actúan. El acertijo es si lo hacen en pleno Mercado de Abasto bajo la protección de las mismas autoridades o si, por el contrario, éstas han sido omisas para ponerles un alto. Las ratas hacen de las suyas por toda la ciudad. Y nadie les ha puesto un alto.
Y la protesta perpetua
El lunes 24 de agosto, sin reparar en la situación sanitaria en la que vivimos y en los graves problemas económicos que la misma ha acareado a miles de oaxaqueños, contados miembros del violento Frente Popular Revolucionario (FPR) y otros como “Lubizha”, realizaron sus clásicas labores de chantaje y bloqueos. Desde primera hora cerraron los accesos al Aeropuerto, con los consecuentes daños a los pasajeros que viajan en algunos de los pocos vuelos matutinos. Otro contingente se dio cita en el atrio de la Iglesia de San Agustín y otro más, en el Monumento a Juárez, localizado en la Carretera 190, Oaxaca-Tehuantepec y la vía a Tuxtepec. Según las pancartas y leyendas, quienes protestaban pedían “salud, pan y trabajo” y que “la crisis la paguen los ricos”. Se trata de organizaciones que perviven de la dádiva oficial y se han acostumbrado a lucrar con el erario. Pese a nuestra insistencia, el gobierno les sigue montando mesas de diálogo y esa complicidad con los parásitos se ha convertido en sistema.
Una de las cosas que hay que reconocerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es haber dado la instrucción de que los apoyos a comunidades y grupos sociales, sean directas y sin intermediarios. Lo ha dicho el presidente al hacer referencia a líderes sin escrúpulos que se llevaban la mayor parte de los recursos que el gobierno destinaba a grupos bien definidos: campesinos pobres, indígenas, personas de la tercera edad o comuneros. Sin embargo, en Oaxaca seguimos caminando a la antigüita. Ante cualquier amenaza de bloqueos, plantones o movilizaciones, el terror se apodera de las autoridades y lo primero que hacen, no es desalojarlos y aplicar la ley, sino llamarlos para que presenten una retahíla de peticiones y darles dinero. Cuando ya no les dan, ahí vienen de nuevo los dirigentes encabezando a veces a grupos ridículos de personas. Es más, muchas veces del erario se les tiene que financiar la comida y hasta el transporte.
Grupos empresariales y de la sociedad civil han exigido al gobierno de Alejandro Murat destinar los recursos que se les otorgan a esos hampones y vividores, a los verdaderos beneficiarios. Es decir, seguir la dinámica del gobierno federal. Los apoyos deben ser directos y sin intermediarios. El pueblo oaxaqueño, que vive de su trabajo, está harto de estar siempre bajo la amenaza de más de 400 organizaciones sociales que viven del erario, pero que vienen a la capital a fastidiar a la gente de bien, con el propósito de allanar el camino para que el gobierno les otorgue, así a fondo perdido, los magros recursos estatales.
