Desde Playas de Rosarito, Baja California, el presidente López Obrador anunció lo que puede considerarse el primer golpe de mando que impedirá que las llamadas organizaciones “sociales” que en Oaxaca son cerca de 500, sigan teniendo en las casetas de peaje de las supercarreteras, su “caja chica” para financiar sus actos vandálicos. Si AMLO no vacila, ni muestra avenencia con sus consentidos del cartel22, su decisión será histórica. La maldita escuela de las barricadas, los lanzacohetes y la toma de carreteras de paga como supuesta lucha social, se implantó en Oaxaca.
Especialmente en Nochixtlán, nadie ignora la mina de oro que significa la toma de la caseta para los capos del llamado “Covic” (comité de víctimas) y demás grupos de agitadores. Basta que se reúna una veintena de activistas liderados por -eso sí- alguien que se identifique como profesor del cartel22 para poder timar. Ordenan con toda impunidad cerrar las casetas y, en presencia de la Policía y de la GN, obligan a los automovilistas a pagarles 50 pesos para poder pasar. Según el tamaño del carro, es el monto del despojo. El conductor que se resiste es amenazado con garrotes y machetes con los que golpean su vehículo. En unas cinco horas llenan cuatro garrafones con billetes.
El pasado fin de semana, en la última etapa de su gira por Baja California, AMLO sostuvo que ya se emprendieron acciones para recuperar las casetas tomadas en Nayarit, el pasado fin de semana ordenó liberar las que están ocupadas en Sinaloa y se pretende hacerlo en Sonora. Se trataba de espacios que “estaban en manos de la delincuencia o de gente que se acostumbró a vivir de la toma de casetas”.
Decir que las casetas de peaje estaban “en manos de la delincuencia” no es exageración. Así operaban, Cuántas veces he sido testigo de la manera en que extorsionan en las casetas.
ROBAR SÍ, VIOLENTAR NO
Las ironías de la política. No hay precedente de que algún presidente municipal en Oaxaca haya sido sancionado, aunque sea simbólicamente, por robarse el presupuesto público. En cambio, por violentar a sus subalternos, sobre todo si son mujeres, las instancias electorales y hasta los tribunales, han impuesto sanciones que sientan precedente, cuando menos, en una decena de alcaldes.
Son penalidades precursoras porque, entre otras cosas, inhabilitan a esos presidentes municipales para buscar futuras posiciones electorales. Es decir, si son acusados y les prueban que cometieron violencia política por razón de género o contra un subalterno de la tercera edad, al INE les pone el fierro de “inhabilitados” para reelegirse o participar en otra contienda electoral.
A eso se debe que en Oaxaca el anhelo de un político es ser edil para robar con toda impunidad, aunque hay algunos, como los que voy a mencionar, además de incurrir en desvíos del presupuesto, ejercen violencia política por razón de género, es decir violentan contra alguna subalterna.
MARCADOS
En este delito incurrió el presidente municipal ausente de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín un aprendiz de la política que actuó contra su directora Jaqueline Escamilla como si fuera su empleada particular. Lo peor es que se involucró su esposa como directora del DIF y ambos fueron sancionados por el Tribunal Electoral. La pareja que actuaba en su cargo público de manera prepotente, fue sancionada. Deberán reinstalar a la directora que cesaron arbitrariamente y a dar una disculpa pública.
Otro caso similar enfrenta el presidente municipal de Zaachila, un tal Cástulo Bretón cuyos abusos lo llevaron a cometer violencia política contra su subordinada Carolina Martínez.
Entre los ediles inhabilitados para buscar su reelección una vez que les retiraron la presunción de “modo honesto de vivir”, están también Araceli García de Reforma de Pineda, Julio Cesar Rodríguez, de Suchilquitongo, entre otros.
En el Tribunal Estatal Electoral que actuó en auxilio de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontraron que los ediles acusados son culpables de haber cometido: violencia política en razón de género en contra de una mujer; violencia política que puede ser incluso dirigido a un hombre adulto mayor, como fue uno de los casos. El de Oswaldo fue también por no cumplir con sentencias o mandatos de los tribunales electorales. De los ediles sancionados se puso en duda su “modo honesto de vivir” que es un requisito indispensable de elegibilidad por no actuar conforme a las normas sociales. Conózcanlos, están marcados.
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