Los ciudadanos del municipio de Oaxaca de Juárez enfrentamos un proceso de elección de miembros del Ayuntamiento que se encargara de gobernar y administrar los intereses y servicios a que tenemos derecho los que residimos dentro del espacio territorial que le corresponde a éste tercer nivel de gobierno, que encabezará el Presidente Municipal que resulte favorecido, mediante el sufragio, por un periodo de tres años, de cuya composición plural o mayoritaria dependerá de su composición de acuerdo a la distribución que se hace a los partidos participantes así como de la relación que guarde con el Ejecutivo del Estado.
Lo que hasta ahora que aspiran a encabezar las diversas tendencias políticas y la disputa por la presidencia municipal, no se aprecia que constituyan una expectativa positiva para los habitantes del municipio; no se visualiza uno que tengan el perfil que lo identifique como coordinador de los actos de gobierno y administración de esta institución en su doble carácter, el político y el de gestión que, hasta hoy, no han logrado un equilibrio que permita visualizar una mejor posibilidad de atención cercana para el habitante; una atención inmediata y efectiva a las necesidades de los intereses comunes del vecino de este municipio como son seguridad, calles, embellecimiento de la imagen urbana; mercados, ambulantaje, racionalidad en la prestación del servicio de transporte urbano; manejo de la basura, barrido, entre otras.
La función, atribuciones y facultades del Municipio en general han ido evolucionando con el tiempo mediante reformas constitucionales y legales, a partir de que se le consideraba como un ente administrador sujeto a la voluntad de los gobernadores transitando a la concepción actual como tercer nivel de gobierno con autonomía presupuestal y orgánica ya no dependiente del ejecutivo. Desde luego todo se modificó en la Constitución y en la ley, pero en la practica siguen persistiendo vicios derivados de los disensos políticos entre el ejecutivo del estado y el presidente en turno que restringen su quehacer aun siendo miembros de la misma corriente política gobernante.
De esta manera los servicios que son los que nos interesan a los ciudadanos no son atendidos de manera congruente al mandato constitucional que le impone sus deberes, ante los enfrentamientos entre los actores políticos. Un poder ejecutivo que no le gusta la sombra de un presidente con iniciativa y de facto obstaculiza la gestión administrativa de los servicios municipales; los ejecutivos municipales se preocupan más que en mejorar los servicios comunitarios bajo su responsabilidad en favorecer ciertos cotos de poder que les permitan ascender en la escalera política para llegar a gobernadores, senadores o diputados.
Los derechos del ciudadano del municipio no son satisfechos, sino que se utilizan, como alimento de una lucha política que prioriza las aspiraciones individuales y relega el cumplimiento de la protesta que hicieron, que le impone acercar al habitante del municipio los derechos que tiene como residente en el territorio municipal; la forma de exigir su cabal cumplimiento; ser escuchado y recibir respuesta respecto de la toma de decisiones, de su implementación; cómo participar activamente en este nivel de gobierno; acceder las cuentas del manejo de los fondos municipales. Esa es una labor básica del ayuntamiento, la educación cívica de su oblación y no esconderse en los pretextos de la insuficiencia presupuestal o el endeudamiento de los gobiernos municipales que justifique la corrupción. Debe ser, el Municipio, el ente de gobierno más cercano al gobernado en el manejo de sus haberes comunes y su buena administración.
El desconocimiento de los derechos del ciudadano vinculados a las obligaciones de la administración municipal a cargo de un presidente, es consecuencia, de que no se cumplido con la función a cargo de esta autoridad, capacitar a su población en la difusión de esos derechos y obligaciones, lo que encubre la corrupción y anula el derecho humano a una buena administración garantizada, protegida y tutelada por la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Pocos habitantes del estado saben que la constitución local garantiza en su artículo 12 “Toda persona tiene derecho a la buena administración, a la adopción de medidas destinadas a la correcta organización de los bienes y servicios públicos, a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad, eficacia y eficiencia. El Estado garantizará su cumplimiento a través de la ley respectiva.”
El derecho humano a una buena administración municipal, deriva de una concepción moderna que, de acuerdo a los expertos en este tema, envuelve el que los ciudadanos ya no seamos sujetos inertes que reciben, única y exclusivamente, bienes y servicios públicos del poder, ahora, de su inserción en el Estado social y democrático de Derecho, tenemos derecho a convertirnos en actores principales de la definición y evaluación de las diferentes políticas públicas. El interés general ya no es un concepto que define unilateralmente la Administración, sino que ahora, debe interpretarse como una acción articulada entre los poderes públicos y los agentes sociales.
Las opciones para alcanzar este derecho en la próxima administración municipal, parece inalcanzable ante las opciones que nos presentan las tendencias en juego, pues los principales aspirantes no muestran nada nuevo, son reproducción de un pasado negativo y ante ello la elección parece inclinarse a elegir a más de los mismo, gobiernos sin objetivos que plantean el lazo entre gobierno municipal, habitantes e interés general bajo la concepción actual del derecho humano a una buena administración municipal.
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