La designación de presidenta o presidente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, como sucedió en los periodos de gobierno de Gabino Cue, Alejandro Murat y, ahora del Ingeniero Salomón Jara Cruz, sigue sujeto a los usos y malas costumbres, para imponer en dicho cargo, a quien sea compatible con los intereses de quienes ejercen el poder.
La injerencia política y de intereses han ido modificando lo que era usual y no provocaba controversias profundas en el foro Oaxaqueño. Es a partir de las reformas impulsadas por Gabino Cue a la Constitución local, en que los usos y costumbres se contagiaron del virus permanente del reparto de magistraturas entre la legislatura y el poder ejecutivo compartidas, en principio, con el presidente del Poder Judicial designado.
Este esquema propició que al interior de la estructura de ese Poder se empezara a fracturar pues se formaron a su interior grupos de influencia definidos que estimuló que familiares y amigos fueran designados jueces, secretarios, administrativos, de acuerdo a la corriente a que pertenecían.
Ello se agudizo en el periodo de Alejandro Murat en que el consejero jurídico de su Gobierno, fungió como instrumento fiel de la autonomía del poder judicial dirigiendo la designación de magistrados y de presidente del Tribunal, como lo experimentó el Lic. Raúl Bolaños Cacho Guzmán que, por segunda vez, fue presidente de ese poder, previa licencia en la jubilación que como magistrado se le había concedido quien al no lograr la reforma relacionada con el Consejo de la Judicatura que propuso, fue depuesto y designada para sustituirlo la Magistrada María Eugenia Villanueva.
Esta última a su vez, no logró obtener los votos suficientes para seguir como presidenta por otro periodo más y, en un acto que empezó a mostrar el musculo de los grupos formados al interior del Pleno de Magistrados, se pactó y auspició, con algunas impugnaciones, que se eligiera al Maestro Eduardo Pinacho Sánchez quien este fin de año culmina su mandato.
Se ha incrementado abiertamente la injerencia en el control de la independencia y autonomía del Poder Judicial, por parte de los Poderes Ejecutivo, de manera preponderante, y del Legislativo, engarzados por la Consejería Jurídica que es el laboratorio en donde se hacen las pruebas de idoneidad y capacidad para determinar y encausar a quienes se incorpora como magistradas y magistrados y se decide la presidencia del Poder Judicial.
Primero se provoca la existencia de vacantes de magistradas y magistrados mediante su separación, para abrir los espacios que permitan obtener mayoría en el pleno, atropellando, en algunos casos, los derechos de algunas de las mujeres magistradas; luego se impulsa una reforma con el objetivo dijeron, de propiciar la equidad de género, pero suprimieron, con ese motivo el requisito de que, para acceder al cargo de Presidente justificara, el aspirante, tener tres años actuando en una Sala, con ello se limpió la maraña de obstáculos que mantenía cierta autonomía e independencia formal del Poder Judicial del Estado.
Ahora, me indican que, en la comida que se llevó a cabo con el Gobernador, con motivo del último informe del Presidente del Tribunal, los símbolos del poder se hicieron presentes, el Gobernador Salomón Jara, enfrente el Consejero Jurídico y el Secretario de Gobierno junto a la Magistrada que se difunde es la designada anticipadamente para suceder al maestro Pinacho de quien se anuncia su jubilación, lo cual no le impide acceder nuevamente, en otro periodo al cargo, de acuerdo con el precedente que así lo permite.
La magistrada anunciada como ya designada, tiene actualmente el derecho constitucional a ser considerada candidata, aunque no tenga tres años como integrante de Sala o incluso, de no ser ella la elegida, pueda ser otra de reciente ingreso, retornando al pasado en que el que era el elegido se integrado como magistrado y al mismo tiempo era electo presidente del Tribunal.
Oscurece este proceso el que se difunde en varias redes sociales que la elegida por el consejero y el secretario de Gobierno, derive de compromisos externos con poderes fácticos de integrantes, no sé si Oaxaqueños, de la Suprema Corte, cercanos a la ministra Esquivel y con el despacho de un funcionario que maneja a través de sus abogados.
Un derecho que se afectó con la reforma, es el de no descremación e igualdad de trato, ya que si bien se propicia que quien presida el Tribunal, sea del sexo femenino, la supresión de los tres años en Sala, puso en desventaja a las mujeres Magistradas que antes de la reforma, integran Sala, lo cual crea una preeminencia superveniente para las que ingresan o no tienen tres años en Sala que obstaculiza para las que si cumplen ese requisito ahora suprimido, como mensaje de que no será ninguna de ellas, a pesar de haber construido su posibilidad bajo un esquema jurídico constitucional, ahora desaparecido de un plumazo.
No obstante, se espera que se aproveche esta coyuntura para incentivar que la designación de magistradas y magistrados y de presidente del pleno y del consejo, tenga un avance para el futuro vinculado a una iniciativa que le devuelva a ese poder su naturaleza Constitucional de Autónomo e independiente, para integrar a sus componentes y elegir a su titular.
Una muestra de ello sería que se eligiera a una magistrada que tuviere la cualidad de conjuntar el cambio generacional de integrantes, bajo una óptica de unidad y mejoramiento real del sistema de administración de justicia para el pueblo de Oaxaca.
