No fue una sorpresa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), que encabeza Santiago Nieto Castillo, haya procedido a congelar las cuentas oficiales y particulares de al menos tres ediles de Jalisco y Oaxaca. En el caso del presidente municipal de San Blas Atempa –y no se trata de acusaciones o señalamientos, que no somos fiscales ni jueces- Antonino Morales, que ganó con los colores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sido un secreto a voces, no de ahora, sino desde hace al menos un lustro, que dicho personaje se dedicaba presuntamente, a temas no precisamente lícitos. Es más, se le vinculaba con el robo de gasolina a gran escala. Cuando cuajó la presidencia municipal de su comunidad, en el Istmo de Tehuantepec era ya conocido como el “Rey del Huahicol”.
Desde el inicio del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y leal al proyecto político del senador Salomón Jara, creó a instancias de éste, el Frente Unido de Comunidades de Oaxaca (FUCO), como un ariete político para allanar la posible candidatura del aludido, a la gubernatura del estado. Los rumores en la región istmeña, respecto a que los recursos para financiar las campañas de algunos alcaldes istmeños pudieron haber sido aportados por el edil de San Blas Atempa, ya señalado, podría constatarse en el ascendiente que tiene al menos sobre tres de ellos (as): de Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza. Todos ellos leales al proyecto del senador Jara Cruz, cuestionando por la opinión pública por las ligas que ha establecido con ediles y grupos políticos, algunos de ellos con nexos poco claros, como es el caso del malogrado presidente municipal de Jalapa de Díaz, Arturo Velásquez, ejecutado en 23 de diciembre de 2019.
Insistimos, no es labor de los medios de comunicación demeritar, difamar o hacer señalamientos, sobre todo en temas delicados, como el que tratamos. Sin embargo, estamos ciertos que, de abundar las pesquisas con algunos presidentes municipales, las autoridades hacendarias podrían encontrar muchas sorpresas. Empero, que el caso del edil istmeño –aunque diga en redes sociales que se one a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR)- sea una dura lección para aquellos que, desde el mando en sus respectivos municipios, han tejido redes peligrosas con la delincuencia organizada, poniendo a sus pueblos en manos de criminales. Y en Oaxaca los hay, diseminados en las ocho regiones.
Policías municipales: Bajo la lupa
Los últimos hechos de violencia y abuso policial perpetrado por elementos de policías municipales, ha puesto en tela de juicio su existencia de dichas corporaciones como tales. Hay que recordar que, en cualquier parte del país, la persona que ingrese a una corporación policial debe ser sujeto de exámenes de control y confianza, adicionalmente, recibir capacitación, instrucciones de mando, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos, además de recibir un estipendio. Es nuestras comunidades, sobre todo las que se rigen por sistemas normativos internos o indígenas, quienes asumen dicha responsabilidad, son casi obligados a cumplir, como una responsabilidad con la comunidad. No son capacitados y son en su mayoría, personas que tienen una formación educativa elemental.
Los topiles usan la fuerza sin miramiento alguno, a veces ocasionando heridas, al golpear con garrotes o varas a aquellos que infringen la ley. Es obvio que sólo obedecen a ediles y síndicos. Además, no están regulados por las dependencias estatales. Bajo ese prisma tendríamos que ver los abusos y extremada violencia con la que policías municipales de San Pablo Huitzo, que causaron la muerte de un joven y lesiones graves al otro, o las de Acatlán de Pérez Figueroa, presuntamente responsables del homicidio del joven Alexander Gómez Martínez. Pero no son los únicos casos que han puesto bajo la lupa a las citadas corporaciones. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), tiene un abultado expediente de quejas y denuncias.
Por ejemplo, poco se ha comentado sobre la muerte de personas en el interior de las cárceles municipales de El Espinal y Matías Romero, así como 120 quejas por actuaciones violatorias de derechos humanos cometidas por corporaciones policíacas municipales. Entre los principales motivos de queja se encuentran, reconoció la DDHPO: “falta o deficiencia en la motivación de los actos de autoridad”; “detención arbitraria”, “uso indebido o desproporcionado de la fuerza”, “tratos crueles o inhumanos”, “suspensión arbitraria de los derechos de una persona”, “imposición de penas o sanciones crueles e inhumanas”, “detención ilegal”, “agresiones” y “amenazas”. Es importante subrayar que a veces los ediles, hombres o mujeres, solapan este tipo de violaciones, en virtud de que, los jefes policiales y comandantes son amigos o parientes.
