El gobierno del presidente López Obrador empieza a permear en los sectores de la sociedad mexicana cimentado en la política anticorrupción, cero impunidad y austeridad del gasto público que se presenta de manera objetiva en el procesamiento de personajes relevantes de la administración pública del pasado tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial que, coordinados en ese objetivo, dan los pasos necesarios para consolidar el andamiaje jurídico que abra el espacio de la acción del estado, sin obstáculos, para proceder a la investigación de ese fenómeno que se extendió a lo diversos niveles de gobierno de la República.
Las cotidianas entrevistas del presidente López Obrador combinadas con una estrategia mediática que paulatinamente ha controlado los medios de comunicación que más penetran en la conciencia colectiva aminorando los aspectos negativos de un inicio de gobierno que ha modificado las practicas formalistas del trato oficial y reitera día a día lo que lo que la población desea escuchar, incrementando o manteniendo una imagen positiva, frente a los que denomina conservadores, fifis, partidos o neoliberales y señala como instrumentos de la corrupción, impunidad y dilapidación del erario público; estrategia con la que da respuesta a la irritación publica con la difusión de los montos financieros que han llenado bolsillos de servidores públicos de una manera insultante.
La política pública transformada en acciones como las que se han dado a conocer en actos específicos como los de Rosario Robles, Lozoya, García Luna aun transitan en la ruta de la investigación y judicialización bajo las reglas del sistema de la justicia restaurativa en el orden penal, administrativo, civil en los que prevalece el derecho a ser presumido inocente mientras no sea declarado culpable; en ese laberinto jurídico, es posible que las heridas sean curadas por el tiempo, o los errores o aciertos técnicos que son comunes en las actuaciones de los operadores públicos, es decir las fiscalías, aunque la discreta y profesional actuación del Fiscal General Alejandro Gertz Manero, parece que ha disminuido los efectos negativos en las investigaciones relevantes.
Las actuales acciones relacionadas con la combate a la corrupción, la impunidad la austeridad y respuesta inmediata del Presidente a los cuestionamientos que se le hacen, tienen un doble efecto, como se aprecia en el caso de paro nacional de mujeres convocado para el día nueve de marzo próximo, mismo que reconocido por el Presidente como un derecho, lo capitaliza a su favor y, al mismo tiempo, lo utiliza para contrarrestar a su críticos, resaltando en su mensaje que se están aprovechando políticamente de esa convocatoria, los partidos, los neoliberales y conservadores; de esta manera revierte los efectos de tales movimientos e inclina la balanza a su favor, pues en los medios de comunicación se enfatiza lo negativo de la explotación de ese movimiento para fines políticos.
En este contexto, el Presidente López Obrador parece tener claro su ruta de ejercicio del poder derivado de una larga experiencia de tropiezos en sus intentos por sentarse en la silla presidencial que, finalmente logró, proponiendo en su campaña, dar solución a los excesos de gobiernos anteriores, como lo que hoy se investigan respecto de altos servidores públicos de las pasadas administraciones. Hoy en ejercicio del cargo utiliza esas experiencias para fortalecer su etapa de gobierno y factibilizar programas, removiendo obstáculos no solo jurídicamente, sino con mensajes que aparentemente encierran una contradicción, pero que en el fondo son advertencias dirigidas a los expresidentes.
El Presidente López Obrador sabe que los expresidentes son irresponsables por lo actos que realicen durante su mandato en ejercicio de sus facultades, lo cual se advierte de lo que recientemente dijo en el sentido de que no hay ninguna investigación en curso, que lo que pasa es que hay procesos judiciales que se estaban tramitando y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren ex presidentes, pero eso lo define, en este caso, la Fiscalía. Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación contra ex presidentes; afirmó que “su postura fue desde el principio el que se actúe pensando hacia adelante, que pongamos un punto final a la noche oscura del neoliberalismo…». Agregó “que la venganza no es su fuerte, por lo que su intención es que sólo se castiguen los actos de corrupción e ilegalidades cometidos a partir de que inició su mandato, pero no en el pasado, salvo que el pueblo lo decida en una consulta y pida se les investigue.”
La consulta que propone para reformar el artículo 35 de la Constitución y determinar que mediante ella si se procede o no a investigar a los ex presidentes, la cual regiría para el futuro es decir, de aprobarse, el Constituyente Permanente tendría que señalar a partir de cuándo se aplicaría hacía adelante no para atrás, pues esto último afectaría la situación actual prevista en el artículo 108 de la Constitución y la legislación que no contemplaba a la corrupción e impunidad como delitos graves y por lo tanto imputarlos a un ejecutivo presente o del pasado es más que complicado jurídicamente.
La constitución Política señala en el artículo 108 que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, lo cual constituyen hipótesis que vigentes formalmente, no cuentan con un cauce jurídico adecuado para implementarlas, si se toma en consideración que la fiscalía general, órganos de fiscalización, de inteligencia financiera, contraloría, dependen del propio ejecutivo; el poder legislativo controlado en esos mismos términos y la Suprema Corte sin facultades para investigar a un presidente en funciones o expresidentes como lo prueban los recientes hechos sujetos a investigación y desde luego será partir de la Constitución y la ley que se puedan cristalizar imputaciones factibles de corrupción, impunida, abuso del poder y dispendio de los dineros del pueblo y se haga realidad lo ocurrido en otros estados de centro y Sudamérica que procesan y sujetan a prisión preventiva a sus presidentes y expresidentes.
El proceso de transformación en los aspectos citados enfrentara las naturales resistencias de los diversos componentes que intervienen en el ejercicio de la actividad pública financiera del Estado que incluye al sector oficial como cabeza, al privado y social. Cuando este gobierno llegue a su tercer y cuarto año de gobierno podremos valorar sí se avanzó o simuló una transformación en estos rubros. Siguen pendientes los temas de salud e inseguridad.
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