Ojalá y nosotros querida lectora-lector, pudiéramos hacer efectivo a las diputadas y diputados ese despropósito de que hacemos como que les pagamos y ellos hacen como que trabajan. De su lado, los legisladores, locales y federales, hacen como que trabajan y, en contrapartida cobran, y bien.
Pifias legislativas llevaron a que la Suprema Corte de Justicia anulara aquel decreto que prohibía la venta de plásticos y PET en nuestro estado.
La ley fue aprobada el 10 de abril de 2019 y entró en vigor el 28 de junio de ese mismo año. Sin embargo, luego de cabildeos e infinidad de negociacione$, a petición de los empresarios se dieron dos prórrogas de seis meses: la primera fue concedida por 42 diputados de la legislatura local y la segunda por el Congreso local. La medida entró en vigor el 25 de octubre, pero con un pecado original que el impulsor, Horacio Sosa Villavicencio, los diputados y el ejército de “asesores” que cobran en el Congreso no solventaron: las legislaturas locales no pueden tener injerencia en decisiones del ámbito federal y, claro, el máximo tribunal les dio palo.
Y ese despropósitos es uno de tantos que las legislaturas, actual y anteriores, han cometido. El último día de septiembre de 2021, a instancias de las diputadas morenistas, Elisa Zepeda Lagunas e Inés Leal Peláez se aprobó que fueran gratuitos los estacionamientos de plazas comerciales, autoservicios, supermercados dado que, argumentaron, el servicio está pagado cuando una persona compra el alguno de estos centros.
Dictaminada por la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, y avalada por el Congreso local esta medida nunca fue aplicada. Como siempre, la sociedad y, en este caso, los empresarios van un paso delante de los ilustres o ingenuos legisladores y, de inmediato, las grandes firmas comerciales crearon figuras “independientes” a esos centros y les entregaron la facultad de cobrar por el estacionamiento, asegurando que “nada tienen que ver” con el servicio.
Según ellos, una empresa “ajena” al establecimiento hace el cobro. Ninguno de los municipios donde se asientan algunos de estos comercios hicieron el mínimo mutis. Oaxaca de Juárez, acostumbrado a negociar en lo oscurito durante Osvaldo García Jarquín no dijo “esta boca es mía”.
Menos aún Dante Montaño, de Santa Lucía y donde se asienta la Macroplaza. Santa Cruz Xoxocotlán, con Alejandro Jarquín, fue ignorado por Wal-mart o Bodega Aurrerá. Lo mismo sucedió con Plaza Oaxaca, Plaza del Valle o Sam’s. La “ley” nació muerta o, peor aún, era un adefesio u aborto legislativo.
En el caso de la ley antipet la pelotita ahora está en el ámbito federal; se verá de nueva cuenta de qué lado está Morena e impulsa desde alguna instancia federal esta norma antipet, para que no sea bateada de nueva cuenta por la Corte. Se quejan, arguyen el poderío de las transnacionales, en este caso de Coca-Cola-FEMSA, pues ahí está el camino a seguir.
Legislar sobre ámbitos federales está fuera del alcance de los estados; ninguno podrá impulsar una ley anti Pet, esto deberá impulsarse desde el ámbito federal; ahí veremos el verdadero peso de las trasnacionales y la verdadera decisión de los legisladores, más allá del discurso populista.
La ley antipet es de urgente necesidad, de eso no hay discusión. Pero que se haga bien, planeada, proyectada, “amarrada”, pero todo ello está muy alejado de este gobierno acostumbrado a las ocurrencias, y la falta de planificación.
MÁS LLAMADOS A MISA
Pues legislaturas van y vienen y presentan, impulsan y aprueban múltiples reformas, puntos de acuerdo, pero sin ataduras para que medianamente se cumplan.
Hace algunos días, la diputada Mariana Benítez Treviño presentó una iniciativa para garantizar la gratuidad en los servicios de salud. Loable propuesta. Sólo que olvidó, como la mayoría de los legisladores, determinar el cómo se lograría esto. Si hubiera voluntad política, la respuesta es sencilla, apoyar a la red hospitalaria del estado con suficientes recursos para, por ejemplo, se cuente con abasto de medicamentos, garantizar quimioterapias para niños con cáncer, la creación de plazas para especialistas y no esperar a que la federación tenga a bien a resolver el embrollo.
Pero más fácil, señores diputados. Echar mano de lo que les sale muy bien, la ampliación de recursos. ¿Un ejemplo? Para este año el Poder Legislativo (los diputados) se aprobaron un presupuesto por 542 millones 153 mil pesos. ¡Un promedio de un millón y medio de pesos diarios!
Aún así, se recetaron una ampliación de 16 millones de pesos en el primer trimestre de 2022, de acuerdo al Análisis de los Informes de Avances de Gestión Financiera de la OSFE al primer trimestre de este año. Y no hablemos de cómo se ha despachado con la cuchara grande en otros años.
¿Qué tal si un “piquito” de esa ampliación se hubiera destinado, de manera altruista, a algún hospital dependiente del gobierno estatal o, simplemente, programado para adquisición de medicamentos?
Decretos, buenos deseos, no. ¡Acciones!
