Las cláusulas de intangibilidad de la Constitución Federal –división de poderes, reconocimiento de los derechos humanos y el principio democrático–, además de cumplir con la tarea de erigirse como límites al Poder de Reforma o Constituyente Permanente, se han convertido en grandes obstáculos para el afán de López Obrador y Morena de establecer un régimen autoritario. De ahí su desdén por nuestra Constitución.
El desprecio del actual régimen hacia las instituciones democráticas, el orden constitucional y el sistema de pesos y contrapesos es notorio. El oficialismo está empecinado en hacerse del control de los órganos que representan un contrapeso para el actual Ejecutivo Federal o desaparecer aquellos que no puedan controlar, aun y cuando ello implique pasar por alto la Constitución Federal y sus principios y valores fundamentales.
Ejemplos hay muchos: la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la iniciativa del senador Ricardo Monreal de extinguir a la Cofece, el IFT y la CRE y más recientemente la intentona de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para invalidar las quintetas de selección de Consejeros del INE al no haber sido seleccionada la propuesta de John Ackerman.
Así, el régimen ataca nuestra democracia y orden constitucional, por lo menos, desde dos frentes distintos.
Por un lado, el presidente de la República utiliza su posición en la silla presidencial para denostar a cualquier persona o institución que se erija como contrapeso al ejercicio arbitrario del poder. Por el otro, la mayoría parlamentaria de la coalición “Juntos Haremos Historia” en el Congreso de la Unión intenta “legitimar” con su argumento de los más de 30 millones de votos, decisiones e iniciativas que a todas luces resultan inconstitucionales, situación que se replica en los congresos locales.
Además, el presidente ha decidido “gobernar” –si así se le puede llamar a su actuar– a través de decretos y acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación que carecen de toda técnica jurídica y piden a gritos revisar su constitucionalidad. Es increíble que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal e incluso la ministra en retiro y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, permitan y refrenden la publicación de dichos acuerdos que son simple y sencillamente pequeños monstruos jurídicos. Un ejemplo fue el decreto de austeridad.
El México que aspira construir López Obrador, cuyas características principales son el autoritarismo y la concentración de poder, no tiene cabida en el actual orden constitucional mexicano ni en un Estado democrático de derecho; es por ello que el presidente y los legisladores afines a él lo atacan desde dos frentes.
Hoy por hoy, quienes más dañan nuestra Constitución son aquellos que juraron guardarla y hacerla guardar.
En consecuencia, la responsabilidad de defender al Estado mexicano y de que nuestra democracia perdure recae en las y los ciudadanos.
*Licenciado en Derecho por la IBEROCDMX
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