• Obra Pública
• Hay Rapiña
Desde 2015 se dio a conocer que no había ningún pendiente con un grupo de triquis desplazados de San Juan Copala que se instalaron en el corredor de Palacio de Gobierno. Y desde esa fecha hasta ahora se convirtieron en una expresión de querer otros asuntos que no estaban en la posibilidad de ser atendidos por la administración estatal.
Ese grupo de triquis tenían una atención perfecta y permanente por parte del Gobierno del Estado como beneficiarios de medidas cautelares. Lo que no se podía hacer era otorgar pretensiones indebidas o ajenas a la legalidad, al cumplimiento del respeto a los derechos humanos no solamente de los cautelados, sino de todos los ciudadanos y habitantes de Oaxaca.
La atención fue precisa, con respeto a sus derechos, se alentó la posibilidad que mediante el uso de programas federales y estatales pudieran decidir cambiar su residencia, donde habitar y realizar sus actividades cotidianas, su actividad económica. También se optó por reubicarlos en otras poblaciones distintas a San Juan Copala, conscientes que las condiciones de tejido social no posibilitan garantizar cabalmente la integridad de sus personas.
Jesús Romero López, secretario General de Gobierno, confirmó lo que desde hace mucho tiempo se sabía, muchos de los actores triquis han recibido inmensos recursos por medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 70 millones de pesos en acciones de viviendas, apoyos alimentarios, vehículos.
Una vez concluidas las medidas cautelares y ante la negativa a desalojar ese espacio, donde por más de 12 años lo convirtieron en la que quisieron, el gobierno de Salomón Jara Cruz despejó la zona. Los triquis amenazan con regresar y la sociedad confía que las autoridades no cedan a presiones y chantajes.
… A VUELO DE PÁJARO
Ya responsable de los destinos de Oaxaca, Jara Cruz dio a conocer que la deuda pública que heredó es superior a 20 mil 600 millones de pesos y para atender tal situación se ha diseñado una propuesta de reestructuración administrativa que permitirá ahorrar más de 100 millones de pesos anuales, eliminar duplicidad de funciones y áreas innecesarias o “espacios creados exclusivamente para pago de favores políticos”. Presumió una política de austeridad tal y como pregona el Gobierno Federal.
Obra pública
Todo hace indicar que especial atención tendrá la obra pública realizada, pues argumenta que se ocultaron construcciones deficientes, inconclusas o que constituyen grandes elefantes blancos. Anunció auditorias al Centro de Convenciones de Huatulco, cuya primera etapa costó más de 32 millones de pesos; la Casa de Alas con un costo mayor a 160 millones de pesos y el Centro Cultural Álvaro Carrillo, con un costo superior a 527 millones de pesos. En serios predicamentos Javier Lazcano y compañía.
Derechos
A pocos días de concluir un año más de trabajo, el Poder Judicial del Estado mantiene diversas actividades encaminadas a la promoción y difusión de los derechos humanos, además de realizar acciones de manera conjunta con la sociedad civil. En esta labor y luego de tres meses de trabajo concluyó el diplomado en “Trata de personas: política pública, género y derechos humanos”, generado en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos y el Instituto del Derecho y Justicia Alternativa, A.C. En el marco de la clausura se realizó la conferencia “Trata de personas y derechos humanos”, impartida por el maestro Héctor A. Pérez Rivera, quien abordó elementos fundamentales para entender el delito de trata de personas y su impacto en el desarrollo personal y social. Concluyeron el diplomado 95 personas, 75 de ellas mujeres y 20 hombres, quienes laboran en distintas instituciones del sector público.
Rapiña
Un nuevo conflicto encara el presidente municipal Francisco Martínez tras la irrupción de inspectores municipales de Oaxaca de Juárez en el desalojo de triquis en el corredor de Palacio de Gobierno, pues Valerio López Aguilar, jefe de Inspectores, se dedicó a presumir el botín decomisado a los indígenas en las redes sociales, junto con su secretaria Magaly, su sobrino Jesús Torres y la jefa de Inspectores del sector periferia Rosa Isela. Al munícipe citadino sus propios compañeros de movimiento lo cuestionan por reprimir a sectores de la población como sucedió en el pasado.
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Volveremos.
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