México se acerca a una revisión profunda de la norma que sirve de base a la regulación de los juegos con apuestas y sorteos. La Ley Federal de Juegos y Sorteos fue publicada el 31 de diciembre de 1947 y conserva una estructura de apenas 17 artículos. En septiembre de 2026, el Gobierno federal informó que trabaja en una propuesta para modernizarla y que la revisión entre dependencias se encuentra avanzada. Sin embargo, todavía no existe una iniciativa ejecutiva publicada ni un texto aprobado por el Congreso.
La distinción es importante. México no parte de un vacío regulatorio absoluto, y tampoco ha aprobado todavía una nueva ley. La norma de 1947 convive con un reglamento mucho más detallado, permisos administrativos, obligaciones fiscales y controles contra el lavado de dinero. Lo que está en discusión es si ese conjunto disperso puede sustituirse o complementarse con reglas más claras para un mercado que ahora opera también mediante páginas web, aplicaciones y sistemas de pago digitales.
Una ley antigua y un reglamento más reciente
La ley vigente atribuye a la Secretaría de Gobernación la autorización, el control y la vigilancia de los juegos con apuestas y los sorteos. Su redacción, propia de mediados del siglo XX, no describe plataformas digitales, identificación remota ni sistemas electrónicos de monitoreo. Eso no significa que internet esté completamente al margen de las reglas. El Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en 2004 y reformado por última vez en 2023, sí regula los centros de apuestas remotas.
El artículo 85 del reglamento permite captar apuestas por internet, teléfono o medios electrónicos, siempre que el establecimiento cuente con autorización y que Gobernación apruebe previamente la mecánica de operación. También exige registrar la identidad y el número de cuenta de la persona usuaria, la fecha y hora de la transacción, el importe apostado y la selección realizada. Por tanto, el problema actual no es la inexistencia total de regulación digital, sino la dependencia de una ley muy breve y de disposiciones reglamentarias que fueron añadidas décadas después.
Qué ha anunciado el Gobierno federal
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó el 3 de septiembre que la revisión interna del proyecto estaba casi terminada y que el siguiente paso sería presentarlo ante el Gabinete de Seguridad. Después tendría que definirse su envío al Congreso de la Unión. La Presidencia informó sobre esa comparecencia, pero no publicó el articulado de la futura iniciativa.
Esa ausencia obliga a ser prudentes. Por ahora no puede afirmarse cuáles serán los requisitos definitivos para operadores, proveedores tecnológicos o usuarios. Las declaraciones públicas apuntan a mayor certeza jurídica, supervisión y coordinación contra operaciones clandestinas y posibles delitos financieros. Hasta que el Ejecutivo presente el documento, no es posible saber si propondrá una ley completamente nueva o una reforma extensa del texto actual.
La propuesta separada del Congreso capitalino
Existe además una iniciativa diferente, presentada el 5 de agosto por el diputado local Alberto Martínez Urincho. El Congreso de la Ciudad de México la describe como una propuesta en materia de ludopatía y regulación de las casas de apuestas. No debe confundirse con el proyecto que prepara la Secretaría de Gobernación: tiene otro autor, otro alcance y una ruta legislativa propia.
El texto de la iniciativa propone reconocer la ludopatía como una adicción, exigir advertencias sobre el juego compulsivo, reforzar la verificación de edad mediante controles biométricos en plataformas en línea y crear un registro voluntario de autoexclusión. También plantea prohibir bonos de bienvenida dirigidos a captar nuevos usuarios, restringir la publicidad vinculada con eventos deportivos y cerrar mercados sobre acontecimientos políticos, conflictos, desastres o crisis humanitarias.
La propuesta todavía no es derecho vigente. Al tratarse de una ley federal, debe ser analizada primero por las instancias correspondientes del Congreso capitalino y, si obtiene respaldo, remitirse al Congreso de la Unión. Incluso entonces podría modificarse, desecharse o integrarse en otra reforma. Presentar sus disposiciones como obligaciones ya aplicables daría una imagen incorrecta del estado del proceso.
Qué significa para las plataformas digitales
Mientras no cambie la legislación, la actividad digital continúa sujeta a la ley, al reglamento y a los términos concretos de los permisos expedidos por Gobernación. La existencia de un sitio web o de una marca conocida no demuestra por sí sola que toda su oferta esté autorizada en México. Para evaluar a un operador importan la identidad del permisionario, el número del permiso, las actividades cubiertas y la aprobación de sus mecanismos de captación en línea.
En ese contexto, una plataforma comercial como Winpot casino forma parte del entorno digital que una futura reforma tendría que contemplar con mayor precisión. La cuestión regulatoria no depende únicamente del nombre de la plataforma, sino de la entidad que presta el servicio, el permiso que invoca y el alcance territorial y técnico de esa autorización.
Una nueva ley podría hacer más visible esa información, unificar criterios de identificación, definir responsabilidades de proveedores tecnológicos y establecer mecanismos nacionales de protección al usuario. También podría aclarar cómo se coordinan Gobernación, las autoridades fiscales, las instituciones de salud y las unidades encargadas de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo ello dependerá del texto que finalmente llegue al Congreso.
Protección de usuarios y salud pública
La reforma también abre una discusión que va más allá de los permisos. El reglamento vigente ya obliga a que la publicidad autorizada sea clara, incluya el número del permiso, advierta que las apuestas están prohibidas para menores e incorpore mensajes de juego responsable. La iniciativa capitalina busca elevar varias de esas obligaciones al nivel de la ley y añadir medidas específicas frente al juego compulsivo.
Ese cambio de enfoque puede ser relevante si evita que la protección dependa únicamente de condiciones administrativas dispersas. Sin embargo, las cifras sobre prevalencia de ludopatía deben tratarse con cautela: varias estimaciones citadas en el debate provienen de fuentes y metodologías distintas. Una política pública sólida requerirá datos comparables, capacidad de supervisión y acceso real a prevención y tratamiento, no solo nuevas advertencias en pantalla.
Lo que todavía falta
A fecha de septiembre de 2026, México tiene una ley de 1947, un reglamento que sí contempla apuestas por internet y al menos dos procesos políticos relacionados, pero no una reforma aprobada. El proyecto del Ejecutivo permanece en revisión interna. La iniciativa del Congreso capitalino apenas inicia su recorrido y no representa todavía la posición final del Congreso de la Unión.
La modernización puede convertirse en la transformación más importante del sector en décadas, pero su alcance dependerá de decisiones que aún no se han tomado. Hasta que se publique un proyecto completo, lo responsable es distinguir entre reglas vigentes, propuestas concretas y objetivos anunciados. Esa separación permite entender la magnitud del cambio sin presentar como hecho una legislación que todavía está en construcción.
