La temporada de huracanes se estrenó en Oaxaca desde el lunes 30 de mayo, con la entrada de “Agatha” en la franja costera oaxaqueña. Como ya hemos comentado, se espera que toquen territorio nacional al menos una veintena, de los cuales, habrá otros más que impacten territorio estatal. Nuestro estado ha demostrado a lo largo de la historia su vulnerabilidad ante los efectos de la naturaleza, pues lo mismo hemos padecido los efectos brutales de la actividad sísmica que de huracanes y tormentas tropicales. Justamente nuestra conformación geográfica nos ha hecho susceptibles a daños severos en la infraestructura carretera o en las zonas rurales, alejadas de los centros urbanos. En años anteriores, algunas comunidades indígenas han padecido los efectos de los desplazamientos de tierras, deslaves o derrumbes. A la pobreza de la gente, se vuelcan los efectos nocivos de los fenómenos naturales.
Hasta fines de 2018, el país contaba con un fondo de contingencias para hacer frente a las tragedias físicas y humanas. El gobierno federal manejaba, a través de la Secretaría de Gobernación, el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden). Sin embargo, por una política errática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votada por algunos de nuestros flamantes legisladores federales, dicho fondo desapareció, dejando en total indefensión a aquellas comunidades o ciudadanos que llegan a padecer los efectos de huracanes o sismos, y que muchas veces no sólo pierden sus cosechas, sino hasta sus mismas viviendas o animales de corral, si no es que su propia vida. Como parte de la política de combate a la corrupción, el Fonden pasó a mejor vida, dejando que todos aquellos ciudadanos, pobres o clase media que llegaran a resultar afectados, tengan que buscar recursos, incluso endeudarse para poder salir adelante.
Con el pueril argumento de que gobiernos estatales y locales les metían mano a los recursos y con el apoyo de un Congreso de la Unión sometido a los caprichos presidenciales, el ejecutivo federal simplemente desapareció de un plumazo el referido fideicomiso. Hoy que los siniestros naturales nos muestran sus coletazos, vale la pena preguntarse si sigue vigente el discurso de “primero los pobres” y si valió la pena que los más humildes del país, que son a veces las víctimas favoritas de los fenómenos naturales, sigan padeciendo los efectos de una política de Estado errática, fantasiosa y torpe.
Ediles impunes
Durante todo su período de gobierno, el presidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, Macario Eleuterio Jiménez, no sólo ha desafiado a los vecinos de agencias municipales y de policía que pertenecen a su jurisdicción, sino incluso se ha desentendido de los insistentes llamados de la Secretaría General de Gobierno (Segego) para acudir a las mesas de diálogo con los vecinos y habitantes de su jurisdicción, además de ignorar los exhortos del propio Congreso del Estado. Es decir, el aludido se asume ser un presidente municipal autónomo, que no necesita de nadie ni tiene que rendir cuentas ante ninguna autoridad superior. Obviamente, alguien lo protege y solapa para asumir dichas actitudes de prepotencia y cerrazón. Lo grave es que dichas actitudes han generado una serie de problemas en la zona de Matías Romero, con efectos colaterales a ciudadanos que nada tienen que ver con los mismos y con la actitud terca del referido edil.
La demanda permanente ante el citado ha sido la entrega oportuna de los recursos que le corresponden por ley a las agencias. Ello ha motivado bloqueos carreteros que se han prolongado incluso durante semanas. Macario Eleuterio asume de manera equivocada que él debe manejar el presupuesto municipal a su arbitrio, sin cumplir con la norma de distribución presupuestal. Esa cerrazón ha generado una intensa movilización que, como ya dijimos, se ha traducido en bloqueos que han dañado no sólo la economía de la región istmeña y limítrofe con Veracruz, sino la paz social, la tranquilidad y la gobernabilidad. Hace poco menos de un mes, vecinos de la agencia municipal “La Mixtequita”, incluso secuestraron a 37 docentes del Conalep de Tuxtepec, además de trabajadores de los Servicios de Salud en el Estado (SSO), asumiendo una actitud beligerante y propia de grupos delictivos.
Sólo bajo presión el edil citado se sentó a la mesa de diálogo con autoridades federales, estatales, así como legisladores, en la sede de la Zona Militar de Matías Romero. Sin embargo, más tardó en resolverse ese complicado asunto en que Macario volviera a las andadas y, durante toda la semana anterior, vecinos de otras agencias del municipio de San Juan Mazatlán, Mixe, volvieran a bloquear la carretera 185, con la misma demanda. La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué tanta impunidad con este sujeto? ¿Por qué no actuar conforme lo dispone la ley y el Congreso declare desaparición de poderes o revocación de mandato?
