Estamos ya en las postrimerías del 2020. Un año difícil, sin duda alguna. Doloroso y con el miedo a flor de piel. Nadie en el mundo ha escapado a los latigazos de la pandemia. Más de 2 mil oaxaqueños han fallecido y se registran arriba de 27 mil contagios. Lo más triste es que no se atisba ni en México ni en el mundo, una solución pronta y eficaz. Por el contrario, el descubrimiento de una nueva cepa, ha complicado el panorama. Desde hace al menos dos semanas, la capital de la República y el Valle de México retornaron al semáforo rojo. El sistema hospitalario está a punto de colapsar. El personal médico está exhausto. Ya no puede más. Médicos, enfermeras, trabajadores de diversas áreas, han hecho llamados a la conciencia ciudadana.
La cancelación de los festejos religiosos, con toda su carga negativa en la economía, ha sido un paliativo para contener contagios y muertes. Pero ha sido insuficiente. Nuestra tradicional “Noche de Rábanos”, sólo fue virtual. Las autoridades solicitaron que la Navidad y el Año Nuevo se pasaran en casa, con la menor presencia de amigos o familiares. Muchos lo han tomado con seriedad, pero hay otros más a los que simplemente les vale. Hay que recordar que, desde el mes de abril, el ejecutivo estatal emitió un decreto para hacer obligatorio en uso del cubre-bocas. Pero no tardaron los oficiosos grupos y organismos de derechos humanos que solicitaron el amparo de la Justicia Federal. Un juez de distrito lo otorgó. El decreto se declaró improcedente. Lo aberrante es que no se haya entendido que vivimos momentos de vida o muerte. Una situación de excepción.
Lejos de ello, un membrete denominado “Gobixha”, insiste en mantener a salvo los derechos humanos, incluso por encima de la vida de aquellos a los que, se presume, defiende. ¡Vaya contradicción! Por fortuna hay lugares en donde esa política no cuaja. Poblaciones que se rigen por sistemas normativos internos han acordado cerrar sus comunidades ante el aumento de contagios. La pregunta es: ¿cuántas vidas se hubieran salvado de haberse aplicado el decreto del uso obligatorio del cubre-bocas? Supongo que muchas. La situación que estamos viviendo obliga a medidas extremas. Ninguna que se asuma para salvar la vida del ciudadano y su entorno, puede considerarse violatoria a las garantías individuales. No vivimos tiempo de normalidad, sino una situación excepcionalmente mortal.
Sanciones más severas
La Secretaría de Movilidad (Semovi), debe endurecer las sanciones para concesionarios, organizaciones sociales y propietarios de líneas del transporte de pasajeros, cuyos operadores y unidades incurran en acciones fuera de la ley. Ya es común, por ejemplo, que los taxis llamados foráneos se ven involucrados en accidentes mortales, con saldos dolorosos, precisamente porque los operadores no respetan el número de pasajeros. Los contagios de Covid-19, no han detenido a dichas personas a rebasar el número de pasajeros autorizado, por el contrario, llevan unos sobre otros. Es decir, han hecho caso omiso de las recomendaciones sanitarias y cuidar la sana distancia. Hay operadores de taxis que circulan en la capital y el área conurbada, que no usan cubre-bocas ni limpian sus unidades con algún líquido que evite la propagación del virus.
Hace poco más de una semana, un autobús de pasajeros, de aquellos que dan servicio en la ruta Villa de Zaachila-Oaxaca, atropelló y mató a una mujer, que resultó ser una entrenadora de ciclismo. El operador huyó dejando a su víctima en plena carretera en jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán. Las protestas de ciclistas no se hicieron esperar, además de que, en el casco urbano, no se respeta el carril de la ciclo-vía. Por fortuna, hubo reacciones de la dependencia al cancelar la concesión. En otra acción criminal, gracias a un video proporcionado por particulares, el conductor de una camioneta de pasajeros, tipo Urvan, embistió de manera intencional a un pequeño automóvil compacto, provocando la muerte de dos personas, entre ellas, una menor de edad y heridas graves a una mujer embarazado, cuya situación se reportó crítica. Este tipo de acciones criminales, que se han dado por la imprudencia, exceso de velocidad o agresividad de quienes conducen, no deben quedar en la impunidad, sin ser castigadas conforme lo dispone la ley.
Al menos en el transporte urbano en la ciudad de Oaxaca, ya es común que los concesionarios liberen a sus operadores, cuando cometen algún delito, como atropellamiento, alcances, homicidios llamados imprudenciales, etc., para verlos al día siguiente, de nueva cuenta circulando en las calles. Las muertes provocadas por la chatarra que circula en nuestras calles son en su mayoría, producto de la falta de responsabilidad de quienes operan las unidades, que llevan el estéreo a todo volumen y hablando por teléfono celular. Es más, hasta mensajes leen o escriben mientras conducen las pesadas unidades.
