Hace seis meses, los gobiernos federal y estatal convocaron a la ciudadanía a resguardarse en casa, cuidar la sana distancia y aplicarse las medidas de protección ante lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), había calificado como una pandemia mortal, con efectos demoledores. Desde esa segunda semana de marzo hasta el día de hoy, en el país han fallecido más de 75 mil mexicanos y en Oaxaca ya superamos los 1 mil 400. Jamás imaginamos como sociedad la mortalidad de dicho mal y la falta de medicinas o vacunas para preservar la vida. Las estadísticas vigentes muestran que nuestro país ha tenido una mayor letalidad que otros. Se atribuye a un manejo ineficiente de la pandemia, mal que en un principio fue minimizado por el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el responsable de su “estrategia”: el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, del gobierno federal, Hugo López-Gatell Ramírez.
Durante los últimos cuatro meses hemos escuchado discursos triunfalistas y verdades a medias. A igual que fechas imprecisas del “pico” de los contagios y la reducción de éstos. Las cifras mortales han tenido que ser corregidas, al igual que en la Ciudad de México. La realidad de las instituciones hospitalarias en el país, de falta de insumos, de negativa constante de las autoridades para atenderlas, ha forjado un hito en la historia de la salud: el personal sanitario, que ha estado en la primera línea en contra del mal, ha entregado centenas a la muerte. En Oaxaca se habla de al menos 35 médicos, enfermeras y personal de laboratorio, entre otros, que ha sucumbido por este terrible virus. Los llamados del gobernador Alejandro Murat, que cada domingo convoca a no bajar la guardia, han sido aplicados por muchos, pero desestimados por otros. El resultado es que aquí la pandemia no nos ha dado tregua.
El impacto económico ha sido brutal. Miles de trabajadores han perdido su empleo, otros más, en la búsqueda de llevar el pan a casa se han contagiado. El Covid-19 ha llegado incluso a municipios alejados y pobres de la entidad. Al menos ocho presidentes municipales han fallecido por el mal y hoy mismo, en diversas oficinas de gobierno, los titulares han reconocido haber dado positivos al mal. El comercio, el turismo y los sectores productivos han resentido afectaciones que aún no muestran su lado más pernicioso.
Reservas bajo asedio
Los magros logros de la administración municipal en la capital oaxaqueña están a punto de desdorarse con la infame idea de vender o enajenar propiedades municipales que han sido hasta hoy, reservas ecológicas protegidas, como son los terrenos de Lomas del Crestón. Desde hace algún tiempo, vecinos de dichos asentamientos han señalado la invasión de dichos predios por parte de personas, presumiblemente constructores dedicados a edificar viviendas. Se trata de uno de los escasos pulmones naturales que existen en los alrededores de la capital, que están a punto de convertirse en inertes planchas de asfalto o concreto, con el consecuente derribo o descuido de árboles que nos nutren de oxígeno. En una situación similar se encuentra el Cerro de “El Fortín”, que en sus extremos está siendo invadido por la mancha urbana. Es una lástima de que el maestro Francisco Toledo ya no esté entre nosotros, pues con certeza estaría encabezando una jornada de lucha en contra de este latrocinio.
Si bien es cierto que nada se ha concretado aún en torno al citado predio considerado reserva ecológica, no es nada descabellado que la actual Legislatura del Estado, que ha asumido en los dos años que lleva de gestión un papel que puede calificarse como defensora de la ecología y del medio ambiente, se pronuncie al respecto. El gobierno de la ciudad no puede deshacerse, así como así, de un patrimonio que, a futuro, puede llevar a nuestra población a una vida más saludable y en comunión con el entorno natural. Es importante una revisión exhaustiva del marco jurídico vigente, a fin de proteger con leyes y reglamentos nuestro entorno natural que, pese al crecimiento anárquico de la mancha urbana, se ha mantenido en pie.
Esperamos que el ayuntamiento de la capital siga conservando, por bien público, el terreno que pretende enajenar y que, según datos de la pasada reunión de Cabildo, despertó severas controversias entre los concejales. No es tarea sencilla deshacerse de los bienes que han sido históricamente bienes públicos para hacer frente al gasto corriente que enfrenta la autoridad municipal. Por otra parte, tampoco es tarea de un buen gobierno, despertar la inconformidad ciudadana que, desde hace mucho, ha advertido de esas pretensiones, anticipando que los vecinos no permitirán que se vulnere el derecho a una vida más saludable. Si aquello que se pretende es tener mayores problemas, adelante. Pero es poco ético enajenar un bien público para subvencionar gastos que deben estar considerados en el presupuesto anual.
