Sin rodeos: México es el quinto país más corrupto, según un estudio de World Justice Project (https://worldjusticeproject.mx), en una muestra de 139 países. Sólo hay más corrupción que aquí, en Uganda, Camerún, Camboya y República del Congo. La corrupción en México abarca todos los niveles de la administración pública, desde las alturas del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales. No se excluye a los poderes Judicial y Legislativo, en uno de los registros más negativos que nuestro país haya presentado en cualquier rama de la vida nacional.
“Sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos”, se dice en el informe de WPJ. Agrega que, en 2019, al comenzar la administración federal actual, nuestro país estaba en el lugar 117 y ahora en el 135, es decir, subió 18 lugares en el índice de más corrupción.
La corrupción y la impunidad son signos del tiempo mexicano, que desde el poder pretende una transformación, siempre y cuando ésta se alcance evadiendo y violando la Constitución y las leyes. Las decisiones unipersonales que no conllevan un plan de gobierno y que no articulan proyectos de viabilidad sustentable, representan en sí mismas la expresión mejor destilada de una descomposición que va corroyendo las estructuras del Estado.
La construcción de obras gigantescas, carentes de proyecto social, son más ideas y ocurrencias de la improvisación, que resultado de planes bien estructurados, en los que se hayan tomado en cuenta las posibilidades de desarrollo y progreso para la sociedad. Cancelar obras basadas en estudios y soporte de agencias nacionales e internacionales, como el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional, en Texcoco, ha costado al país ingentes cantidades que rebasan centenares de miles de millones de pesos, tirados por la borda y que nunca se recuperarán. Ofrecer servicios de salud a la población mexicana, como en Dinamarca o Canadá, para diciembre de 2020, ha sido una de las más desafortunadas expresiones de una realidad adherida al régimen: la falsedad y mentira a un país que carece de medicamentos para niños con cáncer y que las instituciones oficiales de salud han sido degradas por la congestión presupuestal, aplicada desde la Secretaría de Hacienda y aprobada por un congreso de la Unión servil a intereses del poder faccioso.
En materia de justicia, harto es sabido que en este sexenio no se ha consignado a ningún miembro del crimen organizado o de los cárteles del narcotráfico. Hubo una detención (Ovidio Guzmán), pero a pocos minutos fue ordenada su liberación, desde el Ejecutivo. A un delincuente confeso y con suficientes probanzas, se le trae de España y se le destina ¡a su residencia! con libertad de movimiento para ir a cenar a restaurantes de lujo y disfrutar los productos del soborno. Pero si se trata de personas dedicadas a la investigación científica, entonces una Fiscalía obsecuente con el mando superior, se empeña en calificarlas como parte del crimen organizado y contra ellos se destina todo el peso de una falsa procuración de justicia, implacable, injusta y caprichosa, como el titular que exhibe la bajeza de su servilismo.
Se cae un puente de una línea del Metro capitalino, mueren 26 personas, pero no hay funcionarios culpables ni responsables: son ahora la élite que jugara en las elecciones de 2024. Los 26 muertos son hojas que se llevó el viento.
Nos preguntamos: ¿Por qué el presidente elige el Consejo de Seguridad de la ONU para ir a hablar de corrupción? Tenemos la viga en el ojo propio y acudimos a un foro cuyos fines son distintos y donde México, humilde miembro temporal, sin poder de veto, quiere dar lecciones de pureza ante un foro que administra guerras, no paz, en un mundo de fuerzas, polarizado y en guerra fría.
