Durante al menos dos semanas, la llamada Asamblea de los Pueblos Indígenas (API), que lidera Uriel Díaz Caballero con sus seguidores, montaron una serie de bloqueos en la carretera entre Huajuapan de León y Oaxaca, justamente en la desviación a la comunidad de Tezoatlán de Segura y Luna. Dicha acción provocó serios dolores de cabeza, pérdidas millonarias a transportistas y graves contratiempos a automovilistas y pasajeros que transitan por esa vía federal. No es la primera vez que se dan estas abominables acciones. Hace al menos un mes, taxistas y camioneros que pertenecen a dicho organismo bloquearon la misma vía para exigir se les otorgara la exclusividad del acarreo del material pétreo para una obra carretera en la región, en franca competencia con sindicatos que, desde hace tiempo, tienen prácticamente la exclusividad de dicha labor.
El móvil de los bloqueos era exigir, por parte de las autoridades, la devolución de un taxi que fue asegurado en la capital del estado y puesto en el corralón. Es decir, un tema particular se convierte en agravio colectivo. La API se niega a pagar los derechos, multas y demás de la unidad detenida, haciendo del chantaje una manera de torcer la ley y de insultante impunidad. Esta situación pone en entredicho la complacencia de gobiernos anteriores en paliar la protesta y el chantaje de las organizaciones sociales, otorgándole a los dirigentes concesiones del servicio público a granel. Además, con la anuencia de que cientos y cientos de unidades irregulares, sin documentos y sin la licencia respectiva puedan circular sin restricción alguna, pues cada una que se asegure, soltará a los demonios de la protesta.
En las ocho regiones del estado circulan, aún en tramos federales, taxis y moto-taxis pertenecientes a sindicatos, confederaciones, organizaciones y grupos. Y tienen un factor común: son intocables. Dada la cantidad de unidades que circulan y muchas de las cuales llegan a la capital oaxaqueña, los conflictos entre operadores es una cuestión cotidiana. Las disputas por las rutas o por el pasaje es la nota diaria, mientras en la oscuridad, los dirigentes de dichos grupos u organizaciones mueven los hilos. El transporte público en Oaxaca está fuera de control. El ejemplo más emblemático lo tenemos en la API. Bloquear carreteras federales durante dos semanas para que la autoridad les devuelva una unidad detenida por irregularidades, es el ejemplo más burdo de impunidad.
Ley y orden, una prioridad
El gobierno de Alejandro Murat ha tenido en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), una de las prioridades que su administración debe aprovechar, dado que se trata de un proyecto irrenunciable del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno. Hace unos días, tomó la protesta al Comité Interinstitucional que tendrá la responsabilidad de participar en todas las tareas que traiga consigo el citado proyecto. Y no le hace falta razón. Puede ser el detonador del desarrollo no sólo de la región istmeña sino pivote para el despegue de todo el estado y el Sureste del país. Lo poco que se ha avanzado –según fuentes oficiales- representa una pequeña esperanza para el corredor de comunidades que se ubican en esa zona, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos.
Sin embargo, hay un factor que a menudo se soslaya y es que nada podrá caminar sobre pasos seguros, hasta en tanto no se tomen las medidas necesarias para poner orden. La protesta social y los bloqueos carreteros son una especie común en dicha región. Nadie ignora que cualquier hijo de vecino se junta con otros cuantos y bloquean la Carretera Transístimica, el Canal 33, el Puente de Fierro o el llamado “Caracol”, generando serios dolores de cabeza a transportistas, automovilistas y pasajeros. En un día pueden contabilizarse hasta cinco bloqueos o más, si se incluyen los que a menudo ponen los pueblos huaves o productores de sorgo en Zanatepec o Río Ostuta. ¿Cómo poder emprender un gran proyecto como es el CIIT, sin haber paliado o resuelto la presión de grupos que manejan indígenas zapotecos, zoques o mixes y que insisten en la defensa de la cultura, la tierra y el territorio, aunque sólo sea un eslogan publicitario?
No están errados aquellos que piensan que Oaxaca está a la zaga del desarrollo y progreso nacional, gracias a los mismos oaxaqueños que se empecinan en boicotear o torpedear cualquier intento para salir del atraso. Cualquier activista que se asume defensor de los “pueblos originarios”, de la cultura o la preservación de la tierra, como ha ocurrido con las empresas que generan energía eólica, pueden hacer abortar cualquier gran proyecto, sin importar si éste será importante generador de riqueza o fuentes de trabajo. Para emprender una empresa tan grande como el CIIT, se requiere poner en marcha mecanismos de ley y orden. Sin ellos, no hay duda que dicho gran proyecto sólo será un espejismo. Al tiempo.
