SE IMAGINA USTED que un día un grupo de vecinos lo quiera obligar a ceder una superficie de un inmueble suyo para volverlo espacio público, en este caso (una banqueta) y que el mismo gobierno esté apoyando este exceso vecinal.
ES JUSTO lo que está pasando en la colonia Volcanes. Un grupo de vecinos ya hasta se han movilizado (bloqueando calles) para OBLIGAR a una escuela privada para que ésta ceda parte de su propiedad y dicha “cesión”, la conviertan en banqueta. Según trascendidos, los vecinos andan muy envalentonados en virtud de que ya existe un “oficio de alineamiento emitido” por la autoridad.
UN ESPONTÁNEO corresponsal ha escrito a ESCAPARATE POLÍTICO: “Sería una muy mala señal que el gobierno municipal de Raymundo Chagoya, deje pasar el tiempo sin arreglar esta situación. Mal pensados dirían que la inacción de la Dirección de Desarrollo Urbano, tiene como objeto una práctica común de esa área: el chantaje”.
CLARO que los dueños del inmueble a quienes les están exigiendo ceder parte de su propiedad van a dar la batalla legal, pero ¿Qué necesidad?
No cabe duda; si el chantaje es práctica común, es porque nace desde el seno de las instituciones mismas.
EL SALTO DEL CHAPULÍN
FINALMENTE, no se aprobó la reforma electoral clave para consolidar la dictadura guinda. Fueron “259 a favor, 234 en contra y 1 abstención”, los que consumaron el RECHAZO.
Y CLARO, como ya estaba previsto, los “aliados” de morena (PT y el Partido Verde), no acompañaron la propuesta de Reforma. No obstante, los aviesos guindas ya han estado trabajado en un Plan B, que implica hacer cambios en leyes electorales secundarias, cuya aprobación no requerirían una mayoría calificada, sino una mayoría simple (solo la mitad de los votos más uno del universo de los legisladores), número que, en ambas cámaras, sí les da para lograrlo.
CLARO que hay una fecha límite para que se hagan los cambios secundarios a las leyes en materia electoral (en caso de ser aprobados por los legisladores); el 31 de mayo. De lo contario, el proceso electoral 2027 se jugará bajo las reglas actuales.
EL PLAN B en materia electoral implica, según trascendidos; “austeridad en el INE (recortes presupuestales, incluidos ajustes salariales a los consejeros del Instituto electoral); Estructura operativa: Fusiones de direcciones dentro del INE y reducción de personal en el Servicio Profesional Electoral; Los partidos tendrán que presentar reportes financieros diariamente (para detectar financiamiento ilícito)”.
EN POCAS PALABRAS, el gobierno claudista quiere, con su plan B, debilitar la capacidad operativa que tiene el INE de cara al proceso electoral 2027.
CLARO que la hipotética aprobación exprés del PLAN B, podría llevar a los opositores y a los aliados (PT y a los seudo ecologistas) a una batalla legal para echarla abajo, aunque aquí el tema es, si al llegar esto a la Suprema Corte, hoy en poder del guinda, ésta actuará –ante posible inconstitucionalidad del caso– con apego a lo que dicta la ley, o si lo hará apegado a lo que le dicten en Palacio Nacional.
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