Mucha alharaca se hizo en el Congreso del Estado, cuando se trató el tema de prohibir el uso del unicel y el plástico, para combatir la contaminación ambiental. Se trató, sin duda, de un esfuerzo corto y desafortunado, como muchos temas que nuestra flamante legislatura ha dejado a medias. En las tiendas de autoservicio dejaron de dar bolsas de plástico y cada usuario debería llevar la propia. Pero eso dejó de operar. Hoy de una cuenta dan bolsas de plástico en unas, mientras que en otros negocios se mantiene la prohibición. Las grandes tiendas departamentales siguen vendiendo platos y vasos de unicel, sin que hayan tenido hasta el momento alguna sanción o al menos, una llamada de atención para no hacerlo. Es decir, las sobadas leyes en favor del medio ambiente no han terminado de concretarse e incluirse en nuestra legislación.
El lunes pasado, en nuestra nota principal de portada, dimos a conocer que en algunas comunidades del interior del estado se ha ido más a fondo en dichos temas. En la capital oaxaqueña y los municipios conurbados, que tienen un sistema de recolección de basura coordinado, no se ha creado consciencia en la ciudadanía respecto a la separación de los desechos orgánicos e inorgánicos. En efecto, los botes de pet de un solo uso, siguen vendiéndose como si nada. Y es evidente que así seguirá, en tanto las autoridades no propongan alternativas viables para sustituirlos. Porque no se trata sólo de prohibir y, eventualmente, sancionar, sino de ofrecer medidas para desincentivar el uso de dichos elementos, perniciosos para el medio ambiente. El problema pues, es que no se ha terminado de dar cuerpo a una política en favor del medio ambiente, pese a los amagos para establecerla.
Por ejemplo, desde hace al menos dos semanas se observó que la poda de árboles en ciertos rumbos de la ciudad podría amenazar su propia vida, dado que se están dejando prácticamente sólo los troncos. Se señaló de dicho desacierto a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, estas acciones han seguido sin que haya autoridad alguna que sancione o conmine a proteger las especies afectadas con los cortes. Un grupo reducido de ambientalistas protestó el pasado lunes en la Fuente de las Ocho Regiones, sin que prácticamente se le haga caso a dicha demanda. En pocas palabras, no existe un marco jurídico que obligue a quienes afectan al medio ambiente a corregir sus actos o a sancionarlos con medidas de carácter pecuniario o corporal.
Corrupción vs discursos
No obstante, la sobada consigna presidencial del combate a la corrupción, tal parece que sus mismos seguidores, convertidos en funcionarios federales, no han entendido dicha filosofía. Hace unos meses se descubrieron las maniobras de algunos de los llamados “servidores de la Nación”, en una comunidad de la Sierra Norte, con una caja en donde recogían los billetes que pagaban los adultos mayores, para ser inscritos en un padrón de beneficiarios. Justo en el mes de diciembre se hicieron públicos los gastos millonarios de la Súper delegación que opera los programas sociales de la Presidencia de la República, que dista mucho de la también sobada austeridad republicana. Y qué decir de la forma en la que operan algunos presidentes municipales, que ya hemos mencionado en este espacio editorial, gastando a manos llenas los recursos del erario, sin responder a las expectativas de sus ciudadanos.
La semana anterior, la diputada federal Margarita García, del Partido del Trabajo (PT), hizo una denuncia grave: operadores del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que dirige a nivel nacional el indígena de la etnia mixe oaxaqueña, Adelfo Regino Montes, habrían estado exigiendo dinero en algunas comunidades beneficiadas con el programa federal de pavimentación en zonas rurales. El argumento que se manejó es que dichos “operadores”, afirman que dicho programa de beneficio a decenas de comunidades indígenas fue posible por la gestión de ellos y no por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es evidente que estas maniobras podrían estarse llevando a cabo sin el conocimiento del titular. Más aún, en redes sociales apareció información de un arquitecto quien afirma haber entregado medio millón de pesos a dichas personas.
Aquí sale a colación el dicho aquel de que: “en casa de herrero, azadón de palo”, que es lo mismo a decir que tanto se habla de la política anticorrupción, siendo sus promotores los principales sospechosos de dicha práctica ilícita. Y es que ya se ha convertido en algo cotidiano que se grite a los cuatro vientos de que en materia de corrupción se han ido desmantelando las redes que había construido “la mafia del poder”, pero poco o nada se dice respecto a ese ominoso doble discurso y doble moral. No sería descabellado que la Secretaría de la Función Pública pudiera ir documentando dichas denuncias y más que cobrar venganza con el pasado, fuera midiendo con el mismo rasero a los funcionarios que están poniendo en evidencia al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
