¿Regreso al Obregonismo con cañonazos de cincuenta mil pesos?
-El Mapache guasón
Dos nuevos puntos en la agenda nacional, se presentaron durante la semana que termina, y que causaron gran alboroto en los corrillos políticos federales.
El primero la renuncia del Secretario de Hacienda Carlos Urzúa, y el segundo el decreto de la Cámara de Diputados al Congreso local de Baja California.
El primero quedó rápidamente resuelto con el nombramiento casi inmediato a la renuncia, a favor del señor Arturo Herrera, economista bien aceptado y que francamente selló el hoyo negro que amenazaba abrirse en los mercados; si sumamos las declaraciones de Herrera en el sentido de no variar las políticas hacendarias impulsadas por Urzúa, fundamentalmente respetar la autonomía del Banco de México, continuaremos igua y se tranquilizaron a los mercados.
A pesar de todo, el contenido de la carta de renuncia, deja muchas dudas entre el accionar del señor presidente López Obrador en relación con su gabinete.
Es necesaria una completa coordinación entre el gabinete y el señor presidente, para evitar que aquellos digan una cosa y López Obrador los desmienta.
Por otro lado, todavía sin solucionar, tenemos el decreto de la Legislatura de Baja California, en el cual se extiende el período de Gobierno de dos a cinco años.
Nada tendría de criticable este decreto, si no existiera ya un gobernador electo por dos años; luego, el decreto de marras lleva dedicatoria a favor del señor gobernador electo Jesús Bonilla, lo que claramente significa una violación a la Constitución, ya que el decreto tiene dedicatoria; o en otras palabras, si Bonilla no fuera ya gobernador electo, no habría problema, pero en el caso se pretende, incluso estúpidamente, determinar el alargue de un periodo de gobierno tres años más, no obstante el mandato de las urnas en sentido de otorgar solo dos años al ya gobernador Bonilla.
Aunado a lo anterior, surge la sospecha en el sentido que los diputados que terminan su gestión en Julio, fueron comprados y que el Gobierno del Centro está probando el agua a los camotes para un futuro reeleccionista federal.
Entonces la pregunta obvia es: Qué necesidad de recurrir a esos extremos.
Además se debe sumar el hecho de que el caso fue votado por diputados del PAN, del Pri y de Morena, lo cual es sorprendente.
Seguramente el caso va a ser impugnado como inconstitucional y será la Suprema Corte de Justicia quien resuelva el caso.
Por cierto, la crisis de la Policía Federal se extingue por inanición.
Yo también soy pueblo.
Por allí nos encontraremos.
