La emergencia sanitaria entrará aún en su fase de mayor riesgo. Estimaciones preocupantes de las autoridades sanitarias advierten un crecimiento potencial de los contagios y, por tanto, de las personas que eventualmente deban ser internadas en el sistema hospitalario, no sólo oficial sino privado. Es evidente que aquello que se ha querido evitar con medidas como “Quédate en casa” o “La sana distancia” es, justamente, la saturación de dichas instituciones, porque como se ven las cosas, ello rebasaría la capacidad de las mismas que, sobre todo en Oaxaca, carecen de lo elemental, no se diga de equipo más sofisticado, como respiradores y salas de terapia intensiva. El antídoto, que no la panacea para curar este mal letal y en extremo peligroso, es quedarse en casa, como hemos sugerido en espacios anteriores.
Es asimismo evidente que si bien el Covid-19 no respeta edades y clases sociales, también es una realidad que ataca con mayor fuerza a las personas de la tercera edad, sobre todo a aquellas que padecen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, cáncer u otras como VIH. Los jóvenes tampoco son inmunes, pero por su misma condición pueden resistir mucho más que los ancianos. He ahí el por qué se ha puesto en tela de juicio o ha generado controversia, la llamada Guía Bioética de Asignación de Recursos Médicos, que ha estado en los medios desde hace unos días, justamente porque según sus criterios, serán los protocolos marcados por ésta la que determine quién deberá tener los cuidados y quién no, respecto a aquellas personas que sean ingresadas a las unidades de cuidados intensivos.
Resulta paradójico que, mientras en el gobierno de la Cuarta Transformación se estén concediendo ciertos privilegios, como el pago de pensiones y otros apoyos sociales a personas de 68 años o más, por otro lado, se les esté condenando a muerte, en caso de contraer el mal y sean internados. Doblemente paradójico, si se parte de la premisa que el gabinete actual, en su mayoría, empezando por el presidente de México, esté compuesto por ancianos, es decir, por una verdadera gerontocracia. Más allá de todo lo que a favor o en contra pueda decirse al respecto, se trata de una medida discriminatoria y violatoria, en todos los sentidos, de las garantías individuales. El gobierno está obligado a aportar todos los insumos médicos, para evitar esta especie de eutanasia “no asistida”.
Postergado regreso a clases
Ni gobierno ni sociedad en México imaginamos siquiera la gravedad de la pandemia de Covid-19, que hoy tiene materialmente paralizado a México y a varios países del mundo. Mucho menos teníamos hace un mes, cuando se suspendieron las actividades escolares, la menor idea de la carga letal de dicho mal que hoy tiene a más de dos millones de infectados en más de 180 países, con una octava parte de fallecidos. En nuestro país sigue en ascenso el número de casos probados y, obviamente, de decesos. En Oaxaca, en menor escala, no nos hemos quedado atrás. La persistencia de la ciudadanía en no acatar el “quedarse en casa” y seguir participando en actos masivos, ya prohibidos por las autoridades, es un riesgo inminente de contagio. Hace poco más de dos semanas, las autoridades educativas acordaron prolongar el asueto –que no vacaciones- hasta el 30 de abril. La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular, ha prometido que no se perderá el ciclo escolar y que se seguirán utilizando los instrumentos tecnológicos para continuar.
Confiemos pues en que la normalidad vuelva pronto, aunque, sin ánimo fatalista, creemos que esto se prolongará todavía algunos meses. Sin embargo, las autoridades educativas actúan conforme a los cánones éticos de no arriesgar la salud ni de alumnos ni maestros. La normalidad de las clases presenciales, está derivando hacia escenarios nunca vistos. Recordamos que, durante los sismos de septiembre de 2017, se dio una suspensión de labores por al menos diez días, en las escuelas de la capital oaxaqueña, en tanto se revisaban las condiciones físicas de los edificios, en prevención de derrumbes y mayores daños. No obstante, hasta los últimos días previos a la suspensión por la pandemia, hay escuelas diseminadas en algunas regiones del estado, en las que la normalidad no ha vuelto.
Las medidas pues que asuman las autoridades educativas, en torno al regreso a clases, siempre será –creemos- bajo la premisa de que no se pierda el ciclo escolar y salvaguardar la vida de los alumnos y maestros. Por fortuna, hoy tenemos instrumentos que no existieron en el pasado, para poner en marcha las clases virtuales y en línea, que será el mejor aliciente para que padres e hijos –salvo aquellos que por necesidad tengan que ganarse la vida trabajando fuera de casa- nos mantengamos en el hogar. La unidad y el apoyo a las autoridades contribuirán a superar esta emergencia sanitaria.
