¿Arde el TSJ? Así vale preguntar a propósito de la pelotera derivada del cese y luego reinstalación de dos magistrados y ahora el alboroto que quieren armar sus burócratas. Tal interrogante es una evocación de cuando Hitler en 1944 preguntó “¿Arde París?” dispuesto a acabar con los hermosos monumentos de la capital francesa.
En el momento en que el jurista Román Lazcano secretario general de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, se insertó en la polémica por lo que él considera ilegal destitución de dos magistrados del Tribunal Superior de Oaxaca, hizo del asunto un tema de discusión nacional. Además, pone en duda la probidad de un juez federal.
Colgó, como se dice coloquialmente, el cascabel al gato cuando desde sus redes sociales lanzó la afirmación de que “sin duda la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una Norma suprema como es la Constitución de Oaxaca es propia de la sentencia de amparo y no de una suspensión o medida cautelar, máxime que existen causas de improcedencia sobre el juicio de amparo”.
Pero no solo eso, ubicó también al titular encargado del juzgado once de distrito Jesús Valdivieso López en la picota porque “no es sostenible la suspensión en la que el juez (Valdivieso) separa a dos magistrados en funciones en una resolución que indebidamente señala que no se afecta el orden público ni el interés social ¡Por favor!”.
DERIVACIONES
Cuando informaron a esta columna de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito en contra del amparo que concedió ilegalmente el encargado del juzgado once de distrito, este columnista consultó a diversos juristas sobre las derivaciones de un asunto tan peliagudo. Quitar a dos magistrados de un poder estatal y luego decirles que siempre no, es una trama de mucho fondo.
Aunque ya reinstalaron a los dos juriconsultos, los expertos me dicen que el litigio no concluye totalmente. Existe la posibilidad de que el mismo juez once de distrito, al sentirse exhibido pudiera, en una expresión de capricho, conceder la suspensión definitiva en contra de la resolución del Tribunal Colegiado a pesar de que le hicieron ver que su actuar fue en contra del interés público. Si el juez Valdivieso insiste podría significar algo así como ponerse la soga en el cuello. Sentaría, además, un precedente muy grave.
Algo muy evidente es que con las falacias que cometieron en ese juzgado de distrito queda claro que ni ellos mismos respetan la jurisprudencia emitida por la SCJN y que debería ser imperiosa para los juzgadores federales.
¿QUIÉN MUEVEN LA CUNA?
Abogados que impulsan la controversia por la parte ofendida me informan que el juez y sus secretarios podrían caer en responsabilidad administrativa que deberá tener seguimiento por el Consejo de la Judicatura Federal hasta con consecuencias penales. En el mismo juzgado comentan que la más preocupada es la secretaria de Acuerdos Ivonne Quiroz
Todo esto tendrá consecuencias porque el gazapo jurídico ya es revisado con lupa no solo por las instancias de la Corte sino entre los estudiosos de la jurisprudencia a nivel nacional.
Los que conocen el asunto comentan que el resbalón del juez once de distrito es resultado del litigio de los “espurios” del TSJ encabezados por los magistrados Alfredo Lagunas y José Luis Ríos. Por cierto, a éste último lo hizo magistrado el mismo Lagunas cuando el gobernador Gabino Cue lo puso como presidente del Poder Judicial del estado.
MÁS CONFLICTOS
Si no bastara el enredo por el cese y luego reinstalación de los magistrados, el Poder Judicial entra en un nuevo conflicto. Algún perverso está moviendo ahora a los burócratas del mismo Tribunal Superior. Parece que la intención es desestabilizarlo cuando su presidente Eduardo Pinacho intenta volver a mover la maquinaria de impartición de justicia atrofiada por la Pandemia.
Resulta que el audaz dirigente de los chupatintas de ese Poder, un tal Miguel Esteva, a punto de jubilarse, quiere llevarse algunos buenos millones de pesos.
A eso se debe que esté moviendo a un grupito de sus incondicionales que amenazan con tomar Ciudad Judicial. Aunque hay una propuesta patronal de regresar a labores se rehúsan. La carga de trabajo se la dejan al personal de confianza alegando medidas por la Pandemia. Eso dicen, pero ayer se juntaron medio centenar de burócratas sin cubre bocas para iniciar su alboroto.
No trabajan, pero el citado Esteva reclama salario y prestaciones de primer mundo. Su sindicato tiene solo 277 agremiados y exige 87 peticiones, muchas de ellas absurdas para no ir a la huelga. Pretende 3 años sabáticos (sin trabajar) para los ex directivos del sindicato; 30 plazas de nueva creación, igual número de ascensos. Sus propios agremiados se ríen. Dicen que quiere plazas y ascensos para venderlas y retirarse millonario. Cada puesto de trabajo en el TSJ se cotiza hasta en medio millón de pesos.
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