Hoy se cumple un mes que, 17 personas –la Fiscalía General del Estado sólo reconoce 15- fueron masacradas en la comunidad de Huazantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar. Hasta este momento las autoridades no han informado sobre la investigación, las pesquisas o la identificación de los presuntos responsables materiales e intelectuales. Desde el día en que se levantaron los cuerpos de las víctimas, algunas con disparos de armas de fuego, otras lapidadas con tabiques de cemento e incluso, incineradas con una saña inaudita, las autoridades ministeriales han guardado un total hermetismo al respecto. Mucho de aquello que los medios de comunicación y periodistas han indagado al respecto no han dejado de ser meras especulaciones. Ahora sí, la “verdad histórica” de estos hechos criminales se desconoce. Es obvio, asimismo, que se pretende proteger a algunos actores políticos y de manera más que evidente, se trata de que dicho asunto vaya pasando al olvido.
El asunto de San Mateo del Mar fue un caso inédito. Empero, la tragedia que se sobrevino a los dos días en Oaxaca, el sismo de 7.4 grados del 23 de junio, opacó el impacto mediático. De no haber sido eso, sería la hora en que los medios nacionales estarían repitiendo y exigiendo la acción de las autoridades para castigar a los responsables. Para algunos se trata de remanentes de un proceso electoral viciado que hizo a un lado la elección de agentes municipales; para otros, la hipótesis de la existencia de un grupo armado, promotor del tráfico de indocumentados e involucrado en el robo de gasolina, habría sido el motor, para mantener a ciertas autoridades locales sin ruido opositor. Otra versión apunta hacia la disputa entre dos personajes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que buscan ubicarse a sangre y fuego, en esa conflictiva zona huave del estado.
Sean cuales fueren los móviles, se trata de un brutal crimen colectivo que debe ser esclarecido. Hay que tomar en cuenta que hay decenas de familias y muchos huérfanos que no estarán de acuerdo en que quienes segaron las vidas de sus padres, madres o demás familiares, queden en la impunidad. Las autoridades estatales del ámbito de la justicia deben proceder de inmediato y no dar más largas al asunto. Dan pie a protestas, movilizaciones u otros factores de inconformidad. La justicia debe ser, como reza el eslogan oficial, pronta y expedita. Lo contrario al viejo adagio de: “justicia retardada, es justicia denegada”.
Urge plan de rescate
Desde la semana pasada las protestas de algunos sectores se exacerbaron. Uno de ellos fue el de los operadores del transporte turístico que, ante la situación que ha traído consigo la contingencia sanitaria, de plano están en un paro técnico, con una salvedad: no han tenido ingresos. Vale la pena recordar que el último período breve en que tuvieron trabajo fue en el llamado “puente largo” de principios de febrero. Ya en la Semana Santa, con hoteles, playas, restaurantes y demás cerrados, los transportistas empezaron su Calvario. Y han pasado ya cuatro meses. Hace un par de meses tomaron la caseta de cobro de Huitzo, después realizaron una marcha y terminaron frente a Santo Domingo. Hace unos días repitieron el número y obtuvieron de parte de la Secretaría de Turismo, el ofrecimiento –simbólico, suponemos- de un fondo de cerca de 400 mil pesos para apoyarlos. Obvio, se trata de algo insuficiente para tantos desempleados y tantas necesidades.
Otro de los segmentos que no han visto la luz en estos meses es el de los animadores y promotores de ferias. Personas de escasos recursos que van de fiesta en fiesta, ora patronales ora comunitarias, montando juegos mecánicos, chachacuales, estands de sorteos y venta de todo tipo de antojitos o juguetes. Desde que empezó la contingencia por Covid-19 se suspendieron por fuerza mayor y prevención sanitaria, las concentraciones masivas de personas. Así, al menos en la ciudad, pasaron los festejos de San Agustín, de San Juan de Dios o El Carmen Alto, apena el pasado jueves 16 de julio, sin que dichos trabajadores, promotores o propietarios se hayan podido instalar. En un entorno parecido están los tianguistas que, semana a semana se instalan en diversos rumbos y colonias de la capital. Es más, en la pasada reunión del Cabildo Municipal y ante el incremento de contagios y decesos por la pandemia, se dispuso cancelar ferias y festejos.
Insistimos, el panorama es grave para estos y otros sectores. He ahí el por qué, más allá de lograr ventaja política, como ocurre entre algunos legisladores acreditados en la LXIV Legislatura del Estado, que proponen medidas económicas, el gobierno de Alejandro Murat debe integrar a la brevedad, un paquete de contingencia económica, para paliar la tragedia que están viviendo ya, miles y miles de oaxaqueños. Es decir, un plan de rescate para quienes padecen hoy los estragos del desempleo o la inactividad.
