Previamente al inicio formal del tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del segundo informe que nos siguió pintando el México imaginario que contrasta con el real, se difundió la llamada “Guía Ética para la transformación de México”. Se trata de un cuadernillo sin más, que contiene 20 puntos sobre los que dicen los pregoneros de las fantasías gubernamentales, puede caminar el país y sus habitantes, para ser en realidad una nación de ciudadanos felices, que vivan en armonía. Todo ello con base en la libertad, el perdón, el sufrimiento y el placer, entre otras virtudes morales, lo que nos hizo recordar aquella isla imaginaria que inventó Tomás Moro, en 1516, conocida como “Utopía”, en donde el trabajo, el entorno social, la religión y la moral, parecían hacer de dicha isla un lugar perfecto de armonía y convivencia ciudadana.
Sin hacer juicios apresurados ni descalificar, la “Guía ética” requiere un análisis minucioso desde el punto de vista político, filosófico, religioso y hasta escatológico, esa parte de la teología que estudia el fin último de los humanos y del universo. Todo atiende a los principios morales, a la teoría del comportamiento y de la pulcritud. Y pretende un retorno a los valores perdidos como el respeto a la ley, a la autoridad y al orden. Se habla de la diversidad del país en religión, ideología, economía, sociedad, cultura y lingüística, pero sobre todo de las diferencias religiosas y la manera de interpretar nuestro propio entorno. Sus autores omitieron algo muy importante: la libertad de expresión y de disentir, que es un componente de toda sociedad democrática.
Sin embargo, en la práctica cotidiana, hay temas que contravienen el espíritu del documento, cuando el presidente, en el púlpito de Palacio Nacional cuestiona a diario lo que opinan o dicen expertos, periodistas, medios de comunicación y los tilda de neoliberales, corruptos y otros calificativos. El país vive los efectos de la pandemia, de políticas erráticas, caprichos populistas y, sobre todo, en medio del desencanto de las promesas fallidas. El mal manejo de la pandemia, el soslayo a los damnificados del Sureste de México, la crisis económica que se avecina, el nulo crecimiento, la falta de confianza para invertir, entre otros temas, requieren de políticas públicas eficaces, estrategias de Estado confiables y no clases de moral.
Arrancó proceso electoral
Desde el primero de diciembre dio inicio el proceso electoral de 2021. La contingencia por la pandemia obligó a los órganos respectivos a ajustar el calendario. El año que viene los oaxaqueños habremos de elegir: 10 diputados federales, 25 locales –más 17 plurinominales- y autoridades de 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos. En nuestra onerosa democracia, aparte de los 230 millones que se otorgarán a los partidos políticos para gasto ordinario y de campañas, también se destinarán 407 millones de pesos para el proceso electoral en sí. Según informes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana –el IEEPCO- se habrán de instalar 5 mil 800 casillas, con todas las medidas de prevención, para un universo cercano a los 3 millones de electores, que en 2018 fueron 2 millones 800 mil. En este proceso se incorporan tres partidos de reciente creación.
Empero, en ciertos partidos políticos, algunos de sus actores están desatados. Sin respetar los tiempos que marca la ley ya se publicitan. Lo peor de ello es que en algunos casos utilizan dinero público para estos temas personales. La contaminación visual con fotografías en espectaculares, partes traseras de autobuses, medallones de taxis, entre otros, hacen evidente que la locura electoral está a todo lo que da. Hay quienes han aprovechado la emergencia sanitaria para llevar agua a su molino. Un reparto de despensas o de material para evitar el Covid-19, que nada tiene de altruista, sino con un avieso propósito político-electoral. Buitres de la pandemia les hemos llamado en algunos medios. El proselitismo ha sido muchas veces abierto y en pleno desafío a la ley electoral.
Quienes se quieren reelegir luego de tener un cargo de elección popular, tanto en el Congreso federal como en el local, buscan por todas partes hacerse notar. Ahora son los informes legislativos con los que quieren llamar la atención, aunque los mismos no aporten nada. Así, mientras la ciudadanía busca sobrevivir en medio de esta crisis que nos ha traído la pandemia, se ha desatado una fiebre electorera que tardará, seguramente, varios meses. Esperamos que prevalezca la civilidad, la tolerancia y la vigencia de la ley, que son factores que atenúan el desencanto ciudadano, harto de partidos, precampañas, campañas, casillas, boletas y resultados. Además de promesas que nunca se cumplen, discursos fatuos y demagogia, que lejos de fortalecerla, han prostituido a nuestra incipiente democracia.
