Tan solo en los dos últimos años, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició 474 expedientes por abusos policiales, de los cuales, seis fueron por muertes en cárceles municipales o durante su retención.
Por esta situación, el organismo consideró que los centros de detención municipal son zonas de alto riesgo de violaciones a derechos humanos, ante la persistencia de casos de personas que mueren en estos lugares y que están bajo el resguardo de servidores públicos.
La DDHPO planteó que el Estado debe establecer mecanismos de colaboración que permitan a las autoridades municipales cumplir con el mandato de garantizar la seguridad y paz pública de sus comunidades, mientras que, cuando establezcan sanciones que impliquen la detención de una persona, ésta pueda tener asegurada su integridad física y psicológica.
Urgió la implementación de acciones que permitan atender esta problemática, entre las cuales destaca la capacitación al personal y que los centros de detención cuenten con médicos que certifiquen las condiciones físicas de las personas que son ingresadas.
La DDHPO emitió una recomendación que evidencia la urgencia de establecer mecanismos de protección para las personas que se encuentran detenidas en cárceles de ayuntamientos, dirigido al municipio de Santa María Alotepec, Mixe, donde se acreditaron violaciones al derecho a la integridad personal y a la vida de una persona que falleció en los separos municipales, después de haber sido detenido por una falta administrativa en 2017.
El organismo defensor explicó que la recomendación busca atender las causas estructurales del hecho, pues casos como el que se investigó son recurrentes en la entidad y se debe evitar que vuelva a ocurrir.
La DDHPO insistió en que se instruya a las personas que sirven como elementos de seguridad municipal para que, en el ejercicio de sus funciones, sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como que se abstengan de realizar detenciones sino existe causa legal que lo justifique, a fin de evitar incurrir en actos u omisiones que atenten contra de la integridad y seguridad de las personas.
