La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la Recomendación 12/2025, tras acreditar violaciones a los derechos humanos a una vida libre de violencia y al acceso a la justicia en su modalidad de indebida procuración, atribuibles a personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
De acuerdo a un comunicado de prensa, el 12 de octubre de 2022, este organismo autónomo inició una investigación de oficio derivada de una nota periodística publicada en el portal de El Universal, titulada: “Suplantan identidad de víctima para dar perdón a presunto violador, Fiscalía de Oaxaca no se dio cuenta”, donde se señaló que una persona del sexo femenino se hizo pasar por la víctima para otorgar el perdón al presunto agresor, lo que permitió que el Juez de Control revocara la orden de aprehensión por el delito de violación agravada.
Durante la investigación, la víctima declaró que en 2013 sufrió una agresión sexual y que, ante la falta de justicia, se vio obligada a salir de su comunidad. Años después, al revisar el expediente en la Fiscalía local de Matías Romero Avendaño, se percató de que otra mujer había usurpado su identidad, ocasionando el sobreseimiento de la causa penal.
LA HISTORIA
El activista Joaquín Galván identificó a través de sus redes sociales al acusado como Placido M.S. quien habría sido denunciado por Pijy por el delito de violación agravada cuando ella tenía 15 años, asunto abordado en la causa penal 210/2013.
Pijy acudió al juzgado para conocer el estado de su denuncia, en donde las autoridades le informaron que su caso se había sobreseído porque la denunciante le otorgó el perdón al acusado el pasado 20 de septiembre.
Sin embargo, ella no le había otorgado el perdón, y tampoco había acudido con el juez o con el Ministerio Público en esa fecha.
Pijy identificó que quien había acudido a declarar sobre el caso en realidad era Karla “N”, la novia actual de Placido, quien dijo que la violación había sido falsa y que incluso se había casado con él después de esta acusación.
Fue por ello que el juez Omar Morales Simón revocó la orden de aprehensión contra Placido.
Por su parte, el activista Joaquín Galván reclamó que las autoridades no verificaran la identidad de la denunciante.
LA RECOMENDACIÓN DE LA DDHPO
Con base en los hechos y las evidencias reunidas, la DDHPO concluyó que existieron graves omisiones en la actuación del personal ministerial, lo que vulneró los derechos fundamentales de la víctima y facilitó la impunidad.
En octubre de 2022, el activista Joaquín Galván presentó el caso. “Tras investigar la situación nos dimos cuenta que la identidad de Pijy había sido suplantada por la actual pareja del agresor y que hubo una audiencia que no corroboró los criterios más elementales y básicos para la acreditación de identidad de la víctima por parte del juzgado y del ministerio público dejando en impunidad al imputado”, relató.
Además agregó, que acompañaron a Pijy a abrir su denuncia por suplantación así como las quejas ante las instancias de derechos humanos como la DDHPO.
El 31 de Octubre del año 2024, el imputado Plácido, fue detenido junto a su esposa por el delito de suplantación de identidad y se continúa trabajando para que afronte también su proceso por violación contra la víctima.
Ante ello, esta Defensoría a través de la recomendación solicitó a la Fiscalía General del Estado coordinar con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas la inscripción de la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas, y garantizar su acceso a medidas de ayuda, atención, y reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica y una compensación justa, colaborar plenamente en la denuncia administrativa que esta Defensoría presentará ante su Visitaduría General.
En este orden, pide que se lleve a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en favor de la víctima, así como la implementación de un curso integral sobre derechos humanos, acceso a la justicia y perspectiva de género para su personal. Así también, recomienda emitir una circular dirigida a las y los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General del Estado, para fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en las carpetas de investigación.
