Insisten en afán privatizador por impuesto a tierra social

Autoridades indígenas y agrarias de la Sierra Norte exigen la abrogación inmediata del artículo 25 de la Ley de Ingresos del estado de Oaxaca 2024, al poner en riesgo la propiedad social de los pueblos.

En conferencia de prensa, representantes de las 36 comunidades indígenas y agrarias que conforman la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez lamentaron la traición de los legisladores locales a los pueblos que dicen representar.

Al hacer uso de la voz, el presidente de la organización, Artemio Aquino Vargas, refrendó el rechazo en contra de la pretensión de incorporar a la propiedad privada los predios de los ejidos y comunidades, beneficiando directamente a los propietarios.

Acompañado del abogado Ariel Morales, enfatizó que indirectamente se benefician a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales.

Lo anterior, a través del Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, previsto en el artículo 25 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2024, enfatizó.

Urgió al gobierno del estado evitar la tentación de desaparecer la propiedad colectiva de los sensibilidad y respeto a los pueblos originarios de Oaxaca y sus comunidades, territorios que pertenecen históricamente a los pueblos.

Con el respaldo de los comuneros y ejidatarios cuestionó la falta de responsabilidad de los diputados locales, al aprobar de manera precipitada y sin entendimiento la Ley de Ingresos del Estado.

La única respuesta que recibimos del gobierno fue un fuerte silencio que, además de la discriminación estructural, evidencia una intencionalidad de privatización de nuestros territorios a favor del capital internacional”, alertó.

Enfatizó que la primera prueba está en los diez municipios PODEBI (polos de desarrollo del bienestar) ubicados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Demandamos se aplique la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, dado que hay violaciones y a todas luces invalidan la norma por ser contrarias a la Constitución y al bloque de Constitucionalidad.

Expuso que al margen de las acciones jurídicas y sociales que van a emprender para defenderse de la intentona de privatización, solicitan al gobernador y al Congreso del estado, que restablezcan la regularidad constitucional.

Pedimos al mandatario envíe una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2024 y, el segundo, en virtud de la obvia y urgente resolución dispense los trámites legislativos y apruebe la iniciativa para derogar el artículo 25 de dicha Ley”, demandó.