Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, es la única responsable de incluir o no en su declaración patrimonial el penthouse que tiene con su marido en Houston; los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) no tienen acceso a la declaración, no pueden decidir qué se hace público y ni siquiera pueden saber si el departamento se incluyó, confirmó esta dependencia.
Fernando Martínez García, director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP y a quien Sánchez Cordero responsabilizó por la omisión del departamento, dijo en entrevista que él no tiene acceso a la versión íntegra de la declaración patrimonial, es decir, a la que incluye sus propiedades -que se hacen públicas-, las que tiene en copropiedad con su marido -que se hacen públicas, pero se omite su valor por ley- y las propiedades de su marido -que no se hacen públicas-, y añadió que no tiene ni siquiera herramientas técnicas para modificarla. Es un proceso automático, según explicó.
Por tanto, la declaración que se conoció públicamente es solo lo que ella declaró como suyo o como copropiedad con su esposo.
Este miércoles, el diario Reforma publicó que la secretaria y su esposo compraron en 2009 un departamento de 11 millones de pesos en Estados Unidos que no aparece en su declaración patrimonial. Ella reconoció que posee la propiedad, pero dijo que sí lo declaró y que se trató de una omisión de la SFP que no estuviera público. A su vez, la SFP explicó que el sistema Declaranet protege en automático los datos de las parejas u otras personas, salvo si el funcionario es copropietario del bien, pero que no estaba en sus manos la decisión.
Ninguna de las versiones es exacta.
Un ejemplo de que los bienes en copropiedad se difunden automáticamente y solo se oculta su valor es la declaración de la propia titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sadoval, pues ella reportó cinco bienes, pero no publicó su precio, porque son copropiedad de ella y su esposo. Solo se difundió su valor cuando ella lo transparentó en una nota aclaratoria. En el caso de Sánchez Cordero, el departamento simplemente no aparece en la declaración patrimonial pública, es decir, no está registrado ni como propiedad ni como copropiedad.
“Esto tiene que ver en la forma en la que se haya declarado el bien”, explicó Martínez García. “Si el bien se declaró en copropiedad, sí va a aparecer, pero no va a aparecer el monto, como en el caso de la doctora Sandoval. Tiene que ver con la forma en que cada servidor público registra su bien; puede ser que se haya declarado a nombre de otra persona, y en ese caso ya no aparece”.
—¿Entonces puede ser que Sánchez Cordero haya declarado el departamento a nombre de su marido únicamente?—, se le preguntó.
—Es una posibilidad—, respondió el funcionario de la SFP en entrevista con Animal Político.
—¿Ustedes no lo saben?
—No, nosotros no tenemos acceso a la versión íntegra—.
—Pero entonces ¿no lo declaró en copropiedad, por eso no aparece?—, se le insistió.
—Podría ser. No podemos saber—, dijo Fernando Martínez García.
—Pero si lo hubiera declarado en copropiedad sí aparecería, ¿porque parte es suya, como pasó con Sandoval?—
—Lo refleja así (el sistema), sin monto del valor—, concluyó.
¿Qué declaran los funcionarios y hasta dónde se hace público?
Los servidores públicos tienen que presentar declaraciones patrimoniales y de intereses de ellos, sus parejas y sus dependientes económicos. Son los únicos que pueden ver esa información completa en el sistema Declaranet, que SFP pone a su disposición.
“Las versiones públicas (de la declaración) son un resumen de la versión íntegra. Lo que nosotros podemos ver a través de la página servidorespublicos.gob.mx son resúmenes de la versión íntegra”, explicó Martínez García.
Cada servidor público decide si su declaración pública es abierta para la ciudadanía o no. Cuando carga su información directamente en la plataforma digital, tiene unas casillas para decidir si publica sus bienes o una parte de ellos. Lo relativo a los cónyuges, se queda oculto, y si hay algo en copropiedad, aparece porque corresponde al funcionario, y solo se protege el valor.
Sánchez Cordero presentó su declaración el 27 de diciembre pero seleccionó que no se hiciera pública. Tras el ultimátum del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el gabinete transparentara sus bienes, envió el 30 de enero un oficio para que sí se abriera.
Fernández García, como director del área de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en el sistema solo tiene acceso a las casillas en las que se autoriza la publicidad de los datos, no a los datos en sí.
En su oficina en la sede central de SFP mostró un ejemplo de cómo luce el sistema cuando da las opciones “sí hacer públicos”, “no hacer públicos” o “dejar como capturó el funcionario”. No hay manera de que él o un funcionario de la SFP pueda alterar lo que es público o no, porque corresponde exclusivamente al servidor público que realiza y autoriza la declaración patrimonial. Tampoco tiene acceso a la información que corresponde a los familiares.
Animal Público buscó al vocero de Segob, Héctor Gandini, para preguntar estos detalles, pero insistió en que Sánchez Cordero sí había declarado el departamento como una copropiedad, culpó a la Función Pública de no querer hacerlo público, y dijo que ya daba vuelta a la página con el tema.
Sin embargo, el penthouse sigue sin aparecer en la declaración patrimonial de Sánchez Cordero que es pública.
