El senador de Morena y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró este sábado que está dispuesto a comparecer ante las autoridades luego de la detención de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad Pública, acusado de ser uno de los líderes del grupo criminal La Barredora, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La captura de Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, tuvo lugar el viernes en Paraguay, en una operación conjunta entre ese país y el Gobierno mexicano, encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia, la FGR, la Guardia Nacional, SEDENA y SEMAR. La noticia fue confirmada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, quien destacó la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener una política de “cero tolerancia a la corrupción”.
“NUNCA TUVE SOSPECHAS”: EL DESLINDE DE ADÁN AUGUSTO
En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández afirmó tener “disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”, pero también aprovechó el espacio para aclarar que él mismo solicitó una investigación a fondo del caso.
El exgobernador defendió su nombramiento de Bermúdez Requena, argumentando que fue incorporado a su gabinete en diciembre de 2019, “en un momento de crisis de seguridad”, y reiteró que “nunca tuvo indicio o sospecha alguna” sobre sus vínculos con el crimen organizado durante su administración estatal.
Sin embargo, esta declaración contrasta con su actual solicitud de investigar a fondo, lo que genera interrogantes:
¿Por qué antes no lo sabía, y ahora pide investigar? ¿Se trata de un gesto de transparencia o de control de daños?
EL PERFIL DEL DETENIDO: DE FUNCIONARIO A PRESUNTO NARCO
Bermúdez Requena no es un personaje menor. Exfuncionario estatal, figura pública en Tabasco y con un historial de seguridad a cuestas, ahora enfrenta cargos por delincuencia organizada, extorsión y secuestro exprés.
Según datos de inteligencia, su involucramiento con grupos criminales data de 1999, y ya había sido arrestado brevemente en 2006 por su presunta participación en el asesinato de un ganadero. La ficha roja de Interpol fue activada desde julio de 2025, y la investigación en su contra formalmente comenzó en 2024.
La célula criminal que encabezaba, La Barredora, es una extensión del CJNG, grupo considerado organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Su actividad principal: narcomenudeo, extorsión y violencia armada en el sureste del país.
UN GIRO POLÍTICO: ACUSACIONES CONTRA EL PAN
Lejos de limitarse al caso Bermúdez, el senador morenista aprovechó su comunicado para lanzar una crítica al Partido Acción Nacional (PAN), acusando al senador Ricardo Anaya de “silencio cómplice” durante los gobiernos panistas en los que no se esclarecieron muertes como las de Juan Camilo Mouriño (2005) y Ramón Martín Huerta (2008).
“Quienes hoy piden investigaciones carecen de congruencia política y memoria histórica”, sentenció López Hernández, marcando así un giro discursivo que busca ubicar este escándalo como una diferencia de fondo entre Morena y el pasado político del país.
¿CERO TOLERANCIA O CERO RESPONSABILIDADES?
El caso de Bermúdez Requena no sólo pone en entredicho el discurso oficialista de “cero impunidad”, sino que también deja expuesto a un senador de peso dentro de Morena, figura cercana al expresidente López Obrador y actual líder de bancada en el Senado.
Aunque Adán Augusto ha mostrado apertura para comparecer, la narrativa de desconocimiento total sobre los antecedentes de su exfuncionario resulta, cuanto menos, poco convincente. Máxime cuando se trata de un perfil con presuntos vínculos criminales que se remontan a más de dos décadas.
La pregunta de fondo sigue abierta:
¿fue omisión, negligencia o complicidad? Y más aún: ¿cuántos otros funcionarios de seguridad estatales o federales tienen vínculos con el crimen organizado sin que nadie “tenga sospechas”?
UNA PRUEBA PARA EL DISCURSO OFICIAL
La detención de Bermúdez es, sin duda, un golpe relevante contra el CJNG. Pero también es una prueba para el discurso oficial de lucha contra la corrupción y el crimen desde dentro del aparato gubernamental. La responsabilidad política no se evade con comparecencias voluntarias ni con discursos partidistas, sino con resultados tangibles en transparencia, rendición de cuentas y justicia.
El caso apenas comienza. Y si la justicia no se limita a los enemigos políticos, habrá que mirar también hacia los aliados.
