En la última década se esfumó más de la mitad de la población mexicana que gana más de cinco salarios mínimos –equivalente a más de 23 dólares por día–, y en el mismo periodo se disparó en un 44% la parte de los trabajadores que obtiene menos de dos salarios mínimos, es decir, nueve dólares por día.
En su Sexto Informe de Gobierno, del que el presidente Enrique Peña Nieto dio su mensaje hoy en Palacio Nacional, la administración federal presumió que sus acciones fomentaron la “recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo”, al que incrementó de 80 a 88 pesos diario en el último año.
Sin embargo, el anexo estadístico del mismo informe muestra que, en 2008, cinco millones 251 mil trabajadores mexicanos –el 12% de la población ocupada– ingresaban más de cinco salarios mínimos, mientras que en 2018 apenas dos millones 777 mil trabajadores –el 5.21% de la población ocupada– integran la parte más alta de la pirámide de los ingresos.
Si bien el monto del salario mínimo creció en la última década, su valor en dólares no se movió: los 52.59 pesos diarios del salario mínimo de 2008 equivalían a 4.68 dólares, mientras que los 88 pesos de 2018 representan 4.63 dólares.
De acuerdo con el mismo anexo, alrededor de 12 millones de trabajadores mexicanos perciben un ingreso inferior a un salario mínimo en 2018, y 15 millones más sobreviven con un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos.
En otras palabras: seis de cada diez trabajadores ingresan actualmente menos de 166 pesos por día –es decir, poco menos de nueve dólares–, mientras que en 2008 el 44% de la población ocupada se encontraba en esta situación.
A lo largo del sexenio, el gobierno de Peña Nieto señaló las mejoras en algunos indicadores de pobreza y carencias sociales, pero desatendió el tema del ingreso: en junio pasado, un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) deploró que más de 62 millones de mexicanos tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar.
El mismo documento analizó las debilidades de la política mexicana de protección social, que además de no recibir los fondos suficientes está desorganizada, no está asociada a derechos ni beneficia a toda la población, por lo que deja a una importante parte de los mexicanos sin acceso a la salud, a pensiones, al seguro de desempleo y con ingresos de miseria.
El Coneval subrayó que la mitad de la población sigue sin acceder a la seguridad social, otros 19 millones de personas no tienen acceso a la salud, no existe seguro de desempleo y seis de cada 10 mexicanos trabajan sin prestaciones laborales.
Sin embargo, de acuerdo con el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno, entre 2016 y 2017 el gobierno federal recortó 37 mil millones de pesos su gasto destinado a la “Superación de la pobreza” –de 377 mil millones de pesos en 2016, descendió a 340 mil millones de pesos–, mediante la reducción de los fondos a programas de desarrollo social, vivienda, salud y educación, entre otros.
Durante ese periodo, Prospera, el programa de cuyos apoyos dependen alrededor de 6.5 millones de familias mexicanas, sufrió un recorte de cuatro mil millones de pesos. El monto promedio de los apoyos otorgados a las familias disminuyó de 906 pesos a 883 pesos mensuales.
La parte del gasto destinado al “desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”, por su parte, fue reducida en un 12%, al pasar de 85 mil 185 millones de pesos en 2016 a 75 mil millones el año siguiente.
