La violencia volvió a cimbrar al país este fin de semana con el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, y la muerte del juez federal Everardo Maya Arias, en el Estado de México. Ambos hechos fueron abordados este lunes durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
“Se dieron estos hechos lamentables, sí se trataron en el gabinete de seguridad que acabamos de concluir”, declaró la funcionaria, reconociendo la gravedad del contexto.
La secretaria informó que los casos están en manos de las fiscalías correspondientes. Y que, desde el Gobierno de México, se dará seguimiento puntual para dar con los responsables.
Asesinan a presidenta municipal en Oaxaca
El sábado 15 de junio, Érika García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, fue asesinada a balazos dentro del edificio del ayuntamiento, en la región Costa de Oaxaca. El ataque fue perpetrado por dos sujetos armados. Quienes también mataron al síndico municipal y dejaron a dos policías heridos.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca investiga el caso y se desplegó un operativo conjunto con elementos de la SEDENA, SEMAR y SSPC en la zona.
García Soto había sido señalada en meses recientes por presuntos actos de corrupción. Como son la venta irregular de bienes municipales y la falta de transparencia en el destino de 50 millones de pesos asignados tras el paso del huracán Agatha. En 2021, ella misma denunció la desaparición de esos fondos.
El crimen ha provocado indignación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre la seguridad de las autoridades locales,. Especialmente en zonas rurales con presencia del crimen organizado.
Encuentran muerto al juez Everardo Maya Arias
Ese mismo sábado, fue hallado sin vida el juez federal Everardo Maya Arias, en el municipio de Zinacantepec, Estado de México. Su cuerpo estaba dentro de una camioneta, junto al panteón de Santa Cruz Cuauhtenco. Con una herida de bala en la cabeza y un arma de fuego a un costado.
Las autoridades mantienen todas las líneas de investigación abiertas, sin descartar un posible suicidio. Aunque el contexto ha levantado sospechas por su perfil y los casos que llevaba.
Maya Arias era juez del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Toluca y estaba en proceso de retiro. Durante su carrera, participó en casos emblemáticos como el de Ovidio Guzmán López y el de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También fue criticado por resoluciones polémicas, como el amparo otorgado al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y una suspensión provisional a Guzmán López. Incluso fue señalado por el gobierno federal como presunto integrante de una red judicial que favorecía a acusados de delitos graves, algo que él siempre negó.
Un país donde la justicia también es víctima
Estos hechos ocurren en un contexto nacional marcado por la violencia política, el desgaste institucional y la creciente presión sobre jueces y autoridades locales. El asesinato de una alcaldesa y la muerte de un juez en menos de 24 horas no pueden considerarse hechos aislados, sino síntomas de una crisis de seguridad y gobernabilidad.
“Continuarán las fiscalías de los estados o de la Fiscalía General de la República, según sea el caso, en las investigaciones respectivas para dar con los responsables”, subrayó Rodríguez.
Sin embargo, la ciudadanía exige no solo investigaciones, sino resultados, protección efectiva. Así como un freno a la impunidad que ha cobrado la vida de decenas de funcionarios públicos en los últimos años.
En resumen, el asesinato de Érika García y la muerte de Everardo Maya reflejan el riesgo al que están expuestos quienes ejercen funciones públicas en México, tanto en la política como en el sistema judicial. Mientras las autoridades aseguran que darán seguimiento a los casos, la pregunta sigue latente:
¿quién protege a quienes deben protegernos?
