En lo que representa uno de los movimientos judiciales de mayor impacto en la historia reciente del país, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero. Al exmandatario se le imputa una presunta participación directa en el entorpecimiento de las investigaciones y el ocultamiento de pruebas cruciales sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó a las 09:46 horas del jueves en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. La FGR detalló que este mandamiento judicial derivó de un “nuevo modelo de investigación” sustentado en el análisis profundo de las actuaciones ministeriales previas y el desahogo de recientes diligencias de inteligencia.
EL MISTERIO DE LOS VIDEOS DE IGUALA
La imputación central de la Fiscalía sostiene que Aguirre Rivero, aprovechando su alta investidura, intervino de forma deliberada en acciones que impidieron conocer el paradero de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Entre las líneas de investigación más sólidas que pesan en su contra se encuentra la destrucción de videos clave grabados por las cámaras de seguridad de la Ciudad Judicial de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Dichas grabaciones, de acuerdo con testimonios integrados al expediente, captaban el momento exacto en que patrullas y elementos policiales interceptaban y se llevaban por la fuerza a un grupo de normalistas. Pese a que en declaraciones previas el político se deslindó de este acto alegando que fue una decisión autónoma del Poder Judicial del Estado, la FGR acumuló indicios científicos y técnicos que apuntan a que él habría ordenado o coordinado el borrado sistemático del material probatorio para proteger la narrativa oficial y dilatar la acción de la justicia.
HASTA DÓNDE LLEGA SU INVOLUCRAMIENTO
El nivel de implicación de Ángel Aguirre trasciende el encubrimiento procedimental. El Ministerio Público Federal busca determinar hasta qué grado el exgobernador tuvo conocimiento, en tiempo real, del ataque perpetrado por policías municipales coludidos con el cártel de los Guerreros Unidos. Reportes de comunicaciones del Centro de Control y Comando (C-4) demuestran que su administración recibió alertas detalladas de las balaceras desde las 22:00 horas de aquella trágica noche.
Asimismo, la investigación indaga la actuación de su asesor y sobrino, Ernesto Aguirre, enviado personalmente por el mandatario a Iguala mientras se ejecutaba la agresión. El exgobernador es señalado por haber emitido declaraciones confusas y contradictorias ante las autoridades de la entonces PGR con el fin de asentar las bases de lo que posteriormente fue bautizado de manera desacreditada como la “verdad histórica”.
RED DE COMPLICIDADES Y TRASLADO AL ALTIPLANO
Tras su detención, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad perimetral coordinado por fuerzas federales, Aguirre Rivero fue trasladado vía terrestre e ingresado de forma inmediata al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como el penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Esta captura reactiva los reflectores sobre sus principales excolaboradores en el gabinete estatal, quienes son identificados por la Fiscalía como presuntos cómplices en la cadena de mando que operó la ocultación de evidencias. Entre los nombres bajo la lupa judicial destacan Iñaki Blanco, exprocurador de Justicia de Guerrero; Leonardo Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública, y Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, esta última detenida meses antes por los mismos cargos.
