La separación de familias migrantes en Estados Unidos ha adquirido una nueva dimensión durante el segundo mandato de Donald Trump. Ya no necesariamente ocurre mediante operativos diseñados explícitamente para separar a padres e hijos, sino como consecuencia de una política migratoria más amplia que permite detener y deportar a progenitores en distintos puntos del país.
Así lo advierte un informe del Migration Policy Institute (MPI), que documenta un incremento en el número de padres detenidos por autoridades migratorias, incluidos miles que tienen hijos con ciudadanía estadounidense.
El fenómeno recuerda a la política de “tolerancia cero” aplicada durante el primer mandato de Trump. Aunque con una diferencia sustancial: las separaciones actuales se producen de manera más dispersa y pueden ocurrir en comunidades, centros de trabajo, domicilios u otros espacios donde las familias desarrollan su vida cotidiana.
CASI 18 MIL PADRES CIUDADANOS, ENTRE LOS DETENIDOS
Las cifras oficiales citadas por el MPI muestran la dimensión del problema.
De los 320 mil ingresos a centros de detención migratoria registrados durante el año fiscal 2026, alrededor de 17 mil 900 personas —6 por ciento— se identificaron como padres de niños ciudadanos estadounidenses.
La cifra representa aproximadamente el doble de la registrada en 2024.
El cambio estaría relacionado, según el estudio, con la flexibilización de las directrices del ICE en julio de 2025, que amplió el margen de decisión de los agentes para detener y deportar a padres sin la obligación de mantenerlos cerca de sus hijos.
MÁS DE 200 MIL NIÑOS TIENEN A UN PADRE DETENIDO
El impacto no se limita a las personas que son arrestadas. El MPI estima que hasta mayo de 2026 unos 205 mil niños tenían al menos un progenitor detenido por autoridades migratorias.
De ellos, aproximadamente 71 por ciento son ciudadanos estadounidenses.
El panorama es todavía más amplio: unos 6.3 millones de menores viven en Estados Unidos con al menos un progenitor indocumentado y, de acuerdo con el estudio, alrededor del 84 por ciento de esos niños son ciudadanos estadounidenses.
En otras palabras, la política migratoria no afecta únicamente a quienes carecen de estatus migratorio regular. También alcanza directamente a familias cuyos hijos nacieron en Estados Unidos y tienen ciudadanía.
NIÑOS ENTREGADOS A FAMILIARES O AL SISTEMA FEDERAL
Cuando un padre o una madre es detenido, los menores pueden quedar al cuidado de familiares, pero también existe el riesgo de que sean entregados a la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y clasificados como menores no acompañados.
El informe advierte que estas experiencias pueden provocar consecuencias profundas.
La separación abrupta de los padres puede afectar la salud mental, el bienestar físico y el desarrollo de los menores, con posibles repercusiones que se extiendan durante años.
El problema, por tanto, no termina con una detención o una deportación. Para miles de niños, significa enfrentar la ausencia repentina de uno de sus principales cuidadores.
LA AMENAZA DE SEPARAR A LAS FAMILIAS
El MPI también documenta casos en los que la posibilidad de perder el contacto con los hijos se convierte en un elemento de presión.
Según la investigación, algunos padres detenidos por autoridades migratorias han recibido la opción de abandonar Estados Unidos junto con sus hijos o continuar con un proceso legal en el que los menores podrían terminar bajo custodia federal.
El Departamento de Seguridad Nacional rechaza que exista una política formal de separación familiar y sostiene que los padres pueden decidir si salen del país con sus hijos o enfrentan las consecuencias legales de permanecer en Estados Unidos.
La diferencia entre ambas posiciones refleja uno de los principales puntos de controversia: mientras el gobierno estadounidense niega que la separación sea una política migratoria específica, el estudio sostiene que las decisiones de detención y deportación están produciendo ese efecto en miles de hogares.
TRUMP AMPLÍA LA CAPACIDAD DE DETENCIÓN
La estrategia migratoria también contempla una mayor capacidad para mantener detenidas a personas en proceso de deportación.
Después del cierre de los centros federales de detención familiar durante la administración de Joe Biden, el gobierno de Trump reabrió en 2025 una instalación en Texas y busca ampliar la infraestructura disponible.
Entre los proyectos se encuentra un centro en Alexandria, Luisiana, con capacidad prevista para 528 camas, ubicado cerca de un aeropuerto utilizado para vuelos de deportación.
La expansión de estos espacios ocurre mientras crece el número de familias que enfrentan la posibilidad de que una detención migratoria termine separando a padres e hijos.
El debate ya no se limita a cuántas personas son deportadas. También alcanza una pregunta mucho más difícil: ¿qué ocurre con los niños que permanecen en Estados Unidos cuando sus padres son detenidos o expulsados?
