La muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, marcó un nuevo episodio en la confrontación del Estado mexicano con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El líder criminal fue localizado en una cabaña del municipio de Tapalpa. Donde finalmente resultó herido en un enfrentamiento y murió durante su traslado médico, junto con tres de sus escoltas.
De acuerdo con el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el operativo fue resultado de labores de inteligencia previas. La pista clave surgió al seguir a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales del capo, Guadalupe Moreno Carrilla. Quien se trasladó a Tapalpa y se reunió con él.
Una vez que la mujer abandonó el inmueble, las fuerzas armadas confirmaron que Oseguera Cervantes permanecía resguardado por un grupo armado en una cabaña del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club. Con esa información, el Gabinete de Seguridad autorizó el despliegue de fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.
El enfrentamiento fue descrito como particularmente violento. Los escoltas abrieron fuego contra los militares y, ante el avance de las fuerzas federales, el líder criminal intentó huir hacia una zona boscosa. Ahí se estableció un cerco adicional que derivó en la refriega final. Gravemente herido, fue evacuado, pero falleció en el trayecto.
UNA PROPIEDAD BAJO SANCIÓN DESDE 2020
Más allá del operativo, el inmueble donde se escondía el capo ya figuraba en investigaciones internacionales. Desde marzo de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista de sanciones a complejos turísticos en Tapalpa: “Las Flores Cabañas”, “Cabañas La Loma” y “Cabañas La Loma Tapalpa”.
Según reportes oficiales estadounidenses, estos negocios operaban como presuntas fachadas para el lavado de dinero del CJNG y de su organización aliada, Los Cuinis.
La designación original contra “Las Flores Cabañas” data de septiembre de 2015. Pero, en 2020 la OFAC amplió la sanción al identificar nuevas razones sociales vinculadas a la misma estructura financiera.
LA ACUSACIÓN CONTRA SU HIJA
La misma red empresarial aparece en la acusación penal contra Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”. En febrero de 2020, la Corte del Distrito de Columbia formalizó cargos en su contra por realizar transacciones con bienes o intereses pertenecientes a entidades designadas por el gobierno estadounidense.
El caso, inscrito bajo la legislación federal de Estados Unidos, sostiene que la acusada participó en operaciones financieras relacionadas con negocios señalados como parte del entramado del CJNG. La imputación ilustra un patrón atribuido al grupo criminal: diversificación de inversiones a través de familiares, uso de empresas turísticas y restauranteras como fachada y mezcla de capital ilícito con actividades legales.
Para analistas en seguridad, la implicación de familiares directos revela la dimensión empresarial del cártel. Más allá de su capacidad armada.
LUJO, RELIGIOSIDAD Y CONTRASTE
El inmueble donde fue localizado el líder criminal era una residencia de dos niveles, con acabados de madera fina, ventanales amplios y vista al entorno boscoso. En su interior, habitaciones con baño independiente, muebles de alta calidad y detalles decorativos contrastaban con el desenlace violento.
En una recámara principal se encontró una cama King Size y un clóset con ropa deportiva ordenada. Sobre una mesa, un altar con imágenes de San Charbel, San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. Además de una carta con el Salmo 91, texto bíblico asociado a la protección divina.
El jardín posterior conectaba con el cerro hacia el que intentó escapar durante el operativo.
UNA CAPTURA QUE EXPONE REDES FINANCIERAS
La muerte de “El Mencho” no solo representa un golpe operativo contra el CJNG, sino que vuelve a colocar bajo escrutinio la red financiera que sostuvo su estructura durante años. La presencia en una propiedad previamente sancionada por autoridades estadounidenses subraya la persistencia de mecanismos de lavado pese a las designaciones internacionales.
El caso también exhibe los límites de las listas negras como herramienta disuasiva cuando no van acompañadas de acciones coordinadas y sostenidas en territorio nacional.
