Ley contra la tortura funcionará solo si es cumplida por autoridades: ONG’s
PGR registra más de 2,000 averiguaciones y ahora carpetas de investigación por tortura al año.
Este 26 de junio, Día internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, agrupaciones humanitarias, expertos y activistas reconocieron la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Las agrupaciones reclamaron que “del 2007 a finales del 2016, se presentaron más de 7,695 quejas por tortura en las comisiones estatales de derechos humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de doce mil quejas anuales en años recientes”.
En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.
Las torturas documentadas van desde las amenazas y golpes, hasta choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, waterboarding y en muchas ocasiones violencia sexual.
Incluso, detallan, la Procuraduría General de la República (PGR) registra más de 2,000 averiguaciones y ahora carpetas de investigación por tortura al año.
Alertaron que la ley contribuirá a la erradicación de la tortura, sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes”.
Señalaron que es una práctica aberrante y constituye una violación grave a derechos humanos, un crimen de lesa humanidad.
El derecho internacional prohíbe la tortura de manera absoluta. No obstante, como lo han encontrado diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, actualmente la tortura es generalizada en México, alegan.
Los grupos instan al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva Ley General, y en particular a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura, incluyendo a aquellos que la ordenen o toleren.
Asimismo, llaman a garantizar la exclusión de cualquier prueba fabricada u obtenida bajo tortura; a reparar a las víctimas; y a tomar todas las acciones necesarias para poner fin a esta práctica.
“Urgimos a generar diagnósticos confiables de la situación de la tortura en el país a fin de construir herramientas de política pública certeras para erradicar la tortura en México y la impunidad en torno a ella.
El llamado lo hicieron las organizaciones: Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Litigio estratégico en Derechos Humanos (Idheas), entre otros.
