Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía de Oaxaca detuvieron al presidente municipal de Constancia del Rosario, Ignacio Martínez Salas, cuando acudía a realizar el trámite de acreditación oficial ante dependencias estatales.
El edil electo acudía con integrantes de su cabildo al Centro Cultural y de Convenciones de Santa Lucía del Camino, en el Valle Central.
En una decisión de alcance nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el 4 de enero que los padres que incumplan sin justificación el pago de la pensión alimenticia pueden enfrentar sanciones penales y civiles, como embargos, retención de salarios e incluso cárcel, según la gravedad del caso.
El criterio deriva del Amparo Directo en Revisión 3097/2025, que analizó la condena a un padre por omitir la pensión de sus hijas en Tamaulipas.
Martínez Salas había iniciado recientemente su gestión al frente del ayuntamiento para el periodo 2026-2028. De acuerdo con testigos, el alcalde fue interceptado en el acceso al inmueble gubernamental por al menos seis agentes de la AEI, quienes lo retiraron del lugar y lo subieron a una camioneta blanca marca Nissan.
En un video que circula en redes sociales, se observa que el edil fue subido a una camioneta blanca marca Nissan y sería trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Oaxaca para presentarlo ante Juez de Control para realizar las diligencias de ley.
La detención desató confusión entre funcionarios y asistentes al evento. Personas cercanas al edil, así como su defensa legal, señalaron que durante el operativo los agentes no mostraron la orden de aprehensión ni se identificaron formalmente.
La Ley Sabina o Ley de deudores alimentarios en México busca garantizar el pago de pensiones alimenticias creando un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (RNDAM), imponiendo restricciones severas a quienes incumplan, como impedir tramitar pasaportes, licencias de conducir, salir del país, o postularse a cargos públicos.
En este caso, se estaría impedido con detentar un cargo público y podría revertirse en cuanto el deudor se ponga al corriente con los cargos.
La Fiscalía de Oaxaca no ha informado de manera oficial el delito o los motivos que originaron la detención, ni la situación jurídica del presidente municipal. Ignacio Martínez Salas fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para ser presentado ante un Juez de Control, donde se definirá su situación.
