Tras una incidencial que promovieron víctimas de los delitos de fraude y amenazas contra las actuaciones de un fiscal, un juez de control revocó un acuerdo dictado por el ministerio público en el cual supuestamente no había delito que perseguir y por ello se archivaría la investigación temporalmente.
Todo inició cuando en agosto de 2017, Yani Michel y Lizmar comparecieron ante el ministerio público, Ádalberto Genaro López, para denunciar actos que podrían considerarse fraude y amenazas.
De acuerdo con la denuncia de Yani Michel, al morir su padre, quien era profesor, su mamá Isabel contactó al abogado Ignacio López Castro para obtener una carta poder y así cobrar los seguros de vida, al parecer tres.
Hizo constar Yani que su papá y su mamá nunca se casaron, por eso al cobrar esos seguros asegura que cometió un fraude.
A raíz de esta denuncia, comenzó una especie de roces entre la mamá de Yani y su familia, tan es así que cuando Lizmar quiso intervenir en defensa de su esposa Yani, empezó a ser amenazado en su vivienda y en su trabajo.
Por esta razón, Lizmar procedió también a la denuncia por el delito de amenazas.
De acuerdo con Yani, en una ocasión el ministerio público le sugirió que este caso debería platicarlo con su mamá, lo cual ella hizo, pero no tuvieron resultados positivos; por el contrario, las amenazas continuaron contra su esposo Lizmar.
Posteriormente, el 27 de noviembre de 2017, el ministerio público dictó un acuerdo, en el cual se precisa que no había delito que perseguir y que el caso debería ser archivado temporalmente.
Al ser notificadas las víctimas y tras su inconformidad, promovieron este incidente para que el juez resuelva la posible falta de profesionalidad e imparcialidad del fiscal.
Durante la audiencia, el abogado particular de los ofendidos agregó que está sucediendo lo mismo con una casa que tenía el padre de Yani en Atlixco, Puebla, para la cual su representada ha invertido más de 60 mil pesos en mantenimiento, sin embargo, la mamá ahora la ha saqueado y rentado.
Lizmar también supone que derivado de este lío, le fueron a apedrear su vehículo frente a su vivienda, causándole cuantiosos daños.
Para resolver, el juez preguntó al fiscal si las víctimas habían asentado todo esto en su declaración, aclarando la autoridad ministerial que sí se denunció a la señora Isabel, pero que no habían manifestado lo de la casa en Atlixco, Puebla y daños al vehículo.
“Usted, ministerio público, ¿giró oficio de investigación a la Agencia Estatal de Investigaciones?, ¿Cuál fue el resultado de esa investigación”, preguntó el juez.
El fiscal acompañado de sus homólogos, Luis Fernando Cotero Canseco y Jesús Alberto Lozano, todos adscritos al Centro de Atención Temprana (CAT) dependiente de la Fiscalía General del Estado, ubicada en Arista, Centro, Oaxaca, contestó que sí giró el oficio de investigación, pero que hasta la fecha no tenían el resultado.
“Es clara la situación del ministerio público, quien indebidamente notificó este acuerdo, sin resultados de la investigación. El actuar del ministerio público resulta deficiente, no tenemos el resultado”, añadió.
Con esto, el juez resolvió revocar ese acuerdo del 27 de noviembre de 2017 y dio un plazo de 30 días naturales para que recabe la información de la policía investigadora contra quien podría tomar medidas de apremiación si fuese necesario.
El juez exhortó al fiscal y auxiliares que deben desempeñarse con profesionalismo, eficiencia, imparcialidad.
