A unos días de que exhibió la omisión legislativa y gubernamental de las autoridades de Oaxaca para armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Coalición Movilidad Segura Oaxaca denunció que un conductor del transporte urbano y su ayudante agredieron este martes a un ciclista en la carretera federal 190, a la altura de la agencia Santa Rosa Panzacola, en el municipio de Oaxaca de Juárez.
El hecho fue condenado por la Coalición, que también exigió a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y portación de arma peligrosa.
Chofer de transporte urbano agrede a ciclista en la capital oaxaqueña; exigen justicia.https://t.co/At6IMJ1PyW pic.twitter.com/39Xms4wGJr
— El Imparcial de Oaxaca (@ImparcialOaxaca) December 9, 2025
A la Secretaría de Movilidad le exigió garantizar la justicia a la víctima y aplicar las sanciones administrativas correspondientes a los agresores, presuntamente de la línea Transportes Urbanos y Suburbanos de Oaxaca (Tusug). Entre las sanciones que exige están la inhabilitación del conductor y el retiro de la concesión a la empresa.
“De acuerdo con evidencia difundida en redes sociales y medios de comunicación, el conductor y su ayudante de un camión de transporte urbano (presuntamente de la empresa TUSUG) acercaron deliberadamente la unidad contra el ciclista, descendieron del vehículo y lo atacaron con palos y un arma blanca punzocortante”, señaló la coalición.
Por su parte, el Colectivo Gabi Bici Blanca señaló que aunque “esto no es un siniestro vial, sí es violencia vial, es violencia contra una persona que se desplaza de manera más vulnerable”.
Ser peatón o ciclista en Oaxaca, dijo, ya es moverse en riesgo, pues no solamente se enfrentan a calles en mal estado, ausencia de infraestructura segura y falta de normas estatales claras para proteger a quienes caminan o pedalean sino también a la violencia ejercida por operadores del transporte público.
El hecho ocurrió días después de que la Coalición demandó al congreso y gobierno de armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues a más de tres años de omisión Oaxaca es uno de los 11 estados que ha incumplido su responsabilidad y en ese tiempo los siniestros viales han cobrado la vida de al menos 1,300 vidas humanas.
“Este acto no es un hecho fortuito; es un acto de violencia criminal que pone en riesgo la vida, y un reflejo alarmante de la impunidad con la que opera parte del transporte público en Oaxaca”, añadió la Coalición Movilidad Segura, al exigir que también se implemente de manera obligatoria un programa de capacitación y control de operadores, con estricto enfoque en la protección de usuarios vulnerables, tal como lo establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Al señalar que lo ocurrido “es una consecuencia directa de la falta de regulación, capacitación y supervisión”, la coalición exigió “una supervisión estricta del transporte público, incluyendo evaluación psicológica, revisión de antecedentes y el desarrollo de protocolos de actuación claros y obligatorios ante usuarios y otros actores de la vía”.
