Ocho elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, fueron vinculados a proceso anoche, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad cometido en agravio de tres personas que en su momento sirvieron como escoltas a Galdino Huerta, expresidente municipal de este municipio conurbado.
La resolución fue emitida durante la audiencia de ampliación del término constitucional celebrada en los Juzgados de Control de Valles Centrales con sede en Tanivet, luego de cuatro horas de alegato
Entre los policías procesados, se encuentran, Flor de María, José Manuel, David Felipe, Damián, Francisco, Juan Eduardo, Mariano y Diego Alberto.
Las ahora víctimas son Alán René, José Luis y Marino, quienes en diciembre de 2016 habían sido detenidos por los policías ahora vinculados a proceso.
El abuso
De acuerdo con la comunicación de la imputación, el 19 de diciembre de 2016, entre las 10:30 y 11:15 horas, Alán René, José Luis y Marino se encontraban frente al inmueble marcado con el número 102 de la calle Huertos los Laureles, en Trinidad de Las Huertas.
Dos de ellos estaban en el interior del vehículo, mientras que otro se encontraba al exterior; todos esperando una documentación frente a un despacho.
Las investigaciones establecen que de pronto, arribaron tres patrullas de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino con varios elementos a bordo, quienes se dirigieron a Alán René, José Luis y Marino y procedieron a detenerlos supuestamente por portación de armas de fuego sin licencia.
Los arrestados fueron llevados al palacio de Santa Lucia del Camino, donde supuestamente los arrodillaron.
Seis horas después, los detenidos fueron puestos a disposición del agente del ministerio público federal, donde posteriormente obtuvieron su libertad al exhibir sus permisos para la portación de armas.
Ese día, en Santa Lucía la autoridad policiaca convocó a los representantes de algunos medios de comunicación para una conferencia de prensa, en la cual fueron presentados los detenidos. En esa ocasión hablaron de cuatro arrestados.
“Policías municipales de Santa Lucía del Camino en paro de labores desde el pasado sábado en protesta porque no les han cubierto sus salarios y aguinaldos, detuvieron a cuatro escoltas del edil, Galdino Huerta, luego de que éstos amenazaron y encañonaron con armas calibre nueve milímetros a los uniformados”, se difundió en portales y redes sociales.
Supuestamente, esa mañana, en una oficina alterna del municipio a los uniformados les tendieron una trampa, debido a que fueron citados a esa oficina, para alcanzar un acuerdo sobre los pagos, pero lejos de ser atendidos, fueron recibidos en la calle por los escoltas quienes los encañonaron y los amenazaron de muerte.
“Los escoltas fueron perseguidos por los policías que por cierto estaban desarmados, y tras darle alcance los aseguraron y les quitaron las armas calibre nueve milímetros, además de cartuchos útiles. Los detenidos fueron presentados ante la prensa como José Luis, Alan René, Marino y Óscar.
A raíz de esto, al considerarlo como un abuso de autoridad, toda vez que fueron violentados sus derechos, prácticamente ‘levantados’ en un lugar fuera de su jurisdicción y exhibidos a la prensa como delincuentes, José Luis, Alan René y Marino, procedieron a denunciar a los policías por el delito de abuso de autoridad.
Tras la comunicación de la imputación, los policías se reservaron el derecho a declarar y solicitaron la ampliación del término constitucional, la cual feneció ayer.
La vinculación
Para la vinculación a proceso, el agente del ministerio público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ofreció diversos datos de pruebas dentro del expediente penal 675/2017 como las denuncias de las víctimas, un parte informativo de los policías municipales, el informe policial homologado, dos testimonios de personas que presenciaron el arresto, certificados médicos, videos, documentales de difusión en medios de comunicación y diversas entrevistas realizadas por personal de Procuraduría General de la República.
Las denuncias de abuso de autoridad fueron presentadas por los arrestados el 22 de diciembre del mismo año.
En sus declaraciones, los tres coincidieron en que fueron detenidos arbitrariamente, sin justificación alguna, “prácticamente fueron levantados, dijeron.
Un testigo declaró haber presenciado cuando a los arrestados los arrodillaron al llegar al palacio de Santa Lucía para presentárselos a su presidente municipal, quien los regañó porque no eran los que había pedido que detuvieran. “A Galdino, Óscar y a Fortunado, deberían tener en lugar de ellos”, dijo haber escuchado.
Otro testimonio revela que una mujer policía le apretó los genitales a Alán René para que sostuviera un arma de fuego.
En su oportunidad, la defensa pidió al juez que los datos de pruebas vertidos por el fiscal no deberían considerarse probatorios, toda vez que al ser arrestados nunca presentaron el permiso de portación de armas de fuego, y que por el contrario fueron ellos quienes intentaron agredir a los uniformados al sacar armas de fuego.
Argumentó sobre la demora para la puesta a disposición, que en el municipio no se contaba con patrulla para el traslado ya que la que tenían estaba con fallas y que tampoco tenían a la mano un médico para la certificación, aunado al intenso tránsito vehicular que había para llegar a las oficinas de la PGR, en San Bartolo Coyotepec.
Al resolver, el juez consideró con estimación probatoria casi todas las pruebas que aportó el fiscal, por lo cual determinó vincular a proceso a Flor de María, José Manuel, David Felipe, Damián, Francisco, Juan Eduardo, Mariano y Diego Alberto.
Sin medida cautelar
Como medida cautelar, el fiscal solicitó al juez se impusiera a los imputados presentación periódica de cada 15 días, así como inhabilitación temporal del cargo.
El defensor protestó y manifestó que no era necesario dichas medidas cautelares, toda vez que los imputados acudieron a la primera cita del juez y se encuentran en la mejor disposición de acudir a todas la audiencias necesarias.
Así también, pidió que con la inhabilitación temporal del cargo, se estaría violando el principal principio del sistema acusatorio adversarial como lo es la presunción de inocencia, además de que como padres de familia no tendrían otros ingresos económicos para la manutención de los suyos.
Al resolver, el juez precisó que al solicitar dichas medidas cautelares, la fiscal no lo sustentó, aunque advirtió que lo puede ser en cualquier momento.
“Se van a ir sin medida cautelar, sin restricción alguna, pero les voy a sugerir que en el desempeño de sus funciones sean prudentes, ya escucharon la sanción que ustedes pueden tener de llegar a la sentencia.
“Les sugiero que sean prudentes, que tengan criterio con lo que ordenan sus superiores”, sentenció el juez.
