La Fiscalía General de Estados Unidos solicitó no aplicar la pena de muerte contra los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales —conocidos como “El Z-40” y “El Z-42”—, acusados de encabezar una de las estructuras criminales más violentas y complejas de la última década: el cártel de Los Zetas.
Ambos enfrentan cargos federales en la Corte del Distrito de Columbia por delitos como narcotráfico, crimen organizado, tráfico de drogas a gran escala y asesinatos múltiples, entre ellos, la brutal masacre de Allende, Coahuila, ocurrida en 2011.
LA PETICIÓN DE WASHINGTON: NO A LA PENA CAPITAL, PERO SIN CONCESIONES
El documento, firmado por representantes del Departamento de Justicia como Sophia Juárez, jefa interina de la sección de Narcóticos, fue enviado recientemente a la jueza del caso, Trevor McFadden. En él, se formaliza la decisión de no buscar la pena capital para los hermanos, detenidos en México y extraditados a EE.UU. en marzo de 2025.
“La Fiscalía General ha autorizado y enviado a esta corte que no buscará la pena de muerte en contra del acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales”, se lee en el oficio.
La solicitud, aunque evita el castigo máximo, no exime a los acusados de enfrentar cadena perpetua ni elimina los cargos más graves.
CASO CONTRA LOS ZETAS: EVIDENCIA MASIVA Y RED TRANSNACIONAL
Durante la primera audiencia celebrada el 12 de junio de 2025, la Fiscalía presentó un arsenal probatorio contra los exlíderes zetas:
490 mil llamadas interceptadas,
Transcripciones de conversaciones,
Informes de inteligencia, y
Documentación de operativos binacionales.
Las autoridades estadounidenses aseguraron que poseen casi cinco millones de archivos como evidencia, lo cual da cuenta de una operación criminal de gran escala y duración. El expediente también indica que los Treviño continuaron coordinando operaciones desde prisión en México antes de su extradición.
LA MASACRE DE ALLENDE Y EL TERROR BAJO LOS ZETAS
Uno de los hechos más atroces que se les atribuye es la masacre de Allende, Coahuila, perpetrada en marzo de 2011 y conocida internamente por el cártel como “la purga de marzo”. Decenas de personas fueron asesinadas, desaparecidas o quemadas vivas como parte de una represalia del grupo criminal.
Este episodio sigue siendo un emblema del terror impuesto por Los Zetas en el norte del país, y forma parte central del caso judicial actual.
¿HAY NEGOCIACIÓN? LO QUE SE SABE DEL PROCESO
Hasta ahora, no se ha formalizado un acuerdo de culpabilidad ni reducción de pena entre la defensa y la Fiscalía estadounidense. Sin embargo, el volumen de evidencia y la negativa a aplicar la pena de muerte podrían allanar el camino para una futura negociación judicial.
La próxima audiencia fue agendada para el 14 de octubre de 2025, en la que se evaluará el avance del caso y la posibilidad de juicio o acuerdo.
TERRORISMO, CÁRTELES Y NUEVAS ESTRATEGIAS EN WASHINGTON
La decisión judicial ocurre en paralelo con una reciente clasificación de cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” por parte del Departamento de Estado. Entre estos grupos están Los Zetas, el CJNG, el Cártel de Sinaloa y Cárteles Unidos, lo que abre la puerta a nuevas estrategias legales, financieras y diplomáticas por parte de EE.UU.
Este nuevo enfoque refleja un cambio de paradigma en la forma en que Washington aborda la amenaza del crimen organizado trasnacional.
UNA DECISIÓN POLÍTICA, NO SOLO JURÍDICA
El retiro de la pena de muerte parece responder a consideraciones jurídicas, diplomáticas y políticas. La extradición de los hermanos Treviño Morales fue posible gracias a un acuerdo bilateral, y la aplicación de la pena capital podría haber tensado la cooperación entre ambos países, ya que México no la contempla desde hace décadas.
No obstante, esta decisión no debe interpretarse como indulgencia. El gobierno estadounidense mantiene una acusación robusta y parece decidido a desmantelar por completo las redes operativas e históricas de Los Zetas.
Aunque la pena de muerte queda descartada, el juicio contra “El Z-40” y “El Z-42” se perfila como uno de los más significativos en la historia reciente del combate al narcotráfico, con implicaciones legales que trascienden fronteras.
Finalmente, una pregunta queda en el aire:
¿hasta dónde llegará la justicia estadounidense para esclarecer los crímenes que marcaron a México durante una de sus etapas más sangrientas?
